El 18 de septiembre, el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo (que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia) comenzaron en Catar los diálogos para su desmovilización, con un acuerdo ambiguo que establece algunas bases hacia el futuro.
Uno de los puntos más relevantes, que aparece en el tercer párrafo del acta que firmaron los negociadores y que La FM conoció, tiene que ver con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. El EGC se comprometió a "respetar sus derechos", reconociendo que "son el primer piso para la construcción de paz".
La declaración es clave. En enero de 2025, la Defensoría del Pueblo público las cifras de reclutamiento forzado del año pasado. Los grupos armados que más tomaron a menores a la fuerza fueron las disidencias de las Farc, aunque la entidad no especificó cuáles, y el Clan del Golfo fue el sexto.
El reporte listó 409 menores reclutados en todo el país en 2024, de los que siete estuvieron en manos del Ejército Gaitanista, una agrupación con unos 1.900 alzados en armas en 107 municipios, principalmente en el norte y el noroccidente del país. El Clan acordó evaluar quiénes de ellos son menores.
"El grupo hará un nuevo censo al interior de sus integrantes para verificar la situación y, en el evento de identificarse casos, se pondrán a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos", señaló el acuerdo, firmado por representantes del Gobierno y del EGC.
Álvaro Jiménez Millán firmó el documento como jefe negociador de la administración de Petro. Luis Armando Pérez, alias 'Bruno', jefe político del Clan y líder negociador en la mesa en Catar, firmó en representación de los Gaitanistas. Marlon Cabrera fue observador militar y Camilo Medina, policial.
Pacto
El Gobierno, a través del ICBF, pactó liderar "un plan de articulación para la superación del déficit de derechos y el desarrollo de entornos seguros". El Instituto lanzó el 10 de noviembre una estrategia que tituló con una expresión usada en el acuerdo: "Primer Piso de la Paz".
La entidad remarcó que entre 2024 y lo corrido hasta entonces de 2025 había atendido 210 niñas, niños y adolescentes amenazados por reclutamiento y a otros 332 por amenazas contra su vida por parte de grupos armados. El 63% de las víctimas eran adolescentes de entre doce y diecisiete años.
En 2025, según el ICBF, 328 menores han sido "desvinculados del conflicto armado". El 82% de ellos pertenecía a las disidencias de las Farc —como los siete menores que murieron en el bombardeo en Guaviare—, el 10% era parte del ELN y el 7% estaba con el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista.
Dos meses después del consenso en Catar, el Clan del Golfo aún no termina su censo. "Están haciéndolo", le contó a La FM una fuente en el proceso de desmovilización. El acuerdo subraya que "se crearán grupos de trabajo" con las comunidades, el EGC y autoridades locales y étnicas.
"La seguridad, no estigmatización y la protección de quienes participen en estas instancias será una responsabilidad del Estado, que ha de ser verificada" por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, el Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Episcopal de Colombia.
Para Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el punto de los menores en el acuerdo es crítico. "Sin un compromiso verificable y con plazos claros, los menores pueden quedar atrapados en un limbo entre la retórica del proceso y la realidad del control armado", expresó.