Antioquia y Chocó fueron escenario de un operativo militar de gran escala contra la minería ilegal. El Ejército Nacional, a través del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), destruyó 88 unidades de producción minera (UPM) utilizadas para la extracción ilícita de oro.
La acción afectó 26.847 millones de pesos a las finanzas de grupos armados organizados, entre ellos el Clan del Golfo, y se ejecutó en menos de una semana y media.
El operativo inició en el corregimiento de Chintadó, municipio de Yuto, Chocó, donde las tropas de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros (BRCMI), con apoyo del Batallón de Infantería N.º 12, ubicaron y destruyeron 69 UPM, 22 dragas tipo buzo y 10 unidades de maquinaria amarilla, como excavadoras, con un valor estimado en 4.974 millones de pesos.
Según las autoridades, estas unidades mineras eran utilizadas por grupos criminales para extraer oro de manera ilegal y financiar actividades delictivas en la región. La intervención permitió desarticular de manera directa la infraestructura que apoyaba estas operaciones ilícitas.
Operaciones en Antioquia
En Antioquia, los operativos se desarrollaron en los sectores Aguacates de El Bagre y la vereda Caño la Tres, en Zaragoza, donde el Ejército destruyó 11 UPM y 11 dragas tipo buzo, utilizadas por la Subestructura Uldar Cardona del Clan del Golfo. Esta acción generó una pérdida económica para la organización de 2.988 millones de pesos.
Adicionalmente, en el sector Mandinga, vereda río Man de Cáceres, fueron inutilizadas 8 unidades de producción minera tipo cielo abierto, pertenecientes a la Subestructura Yeison Leudo Chaverra, con un valor aproximado de 69 millones de pesos.
Se calcula que estas UPM ilegales podrían producir hasta 52.550 gramos de oro al mes, equivalentes a 26.847 millones de pesos, cifra que muestra la magnitud del negocio ilícito y su impacto económico en las finanzas de estas estructuras criminales.
Consecuencias ambientales de la minería ilegal
Las operaciones también buscan reducir los daños ambientales ocasionados por la extracción ilegal de oro. La minería sin control contamina los ríos con mercurio y metales pesados, provoca sedimentación de los cauces, deforestación masiva y pérdida de biodiversidad. Los suelos degradados podrían tardar entre 40 y 50 años en recuperarse, según las autoridades ambientales.
Además, la explotación de minerales sin contar con título minero legal, como establece la Ley 685 de 2001, afecta no solo los recursos naturales, sino también el bienestar y la seguridad de las comunidades que dependen de estas fuentes hídricas.
Coordinación entre entidades estatales
El Ejército Nacional, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional, continúa desarrollando operaciones para frenar la extracción ilegal de minerales y proteger los ecosistemas de Antioquia y Chocó. Estas acciones forman parte de un plan sostenido para mitigar el daño ambiental y las economías ilícitas vinculadas a la minería ilegal, mientras se fortalece la vigilancia en las regiones afectadas.