El Consejo de Estado negó por segunda ocasión una acción de tutela presentada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), mediante la cual el Gobierno buscaba levantar la suspensión del cobro de la contribución nacional de valorización en el corredor vial Cartagena–Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad.
Con dicha decisión, el alto tribunal ratificó que la acción de tutela no es el mecanismo judicial procedente para controvertir la medida cautelar que mantiene frenado el recaudo del tributo, al tratarse de un asunto que debe resolverse a través de los procesos ordinarios previstos en la ley.
Es de recordar que la suspensión del cobro se mantiene vigente por orden del Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro de una acción popular que actualmente se encuentra en trámite.
Dicha acción cuestiona la legalidad del cobro, así como su impacto socioeconómico sobre los propietarios de predios ubicados en los departamentos de Atlántico y Bolívar, quienes serían los directamente afectados por el recaudo.
Así las cosas, el Consejo de Estado consideró que Invías no logró demostrar la vulneración de derechos fundamentales que justificara el uso excepcional de la tutela, ni la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria su intervención inmediata.
En consecuencia, el Consejo de Estado dejó en firme la medida cautelar que ordena suspender el cobro mientras se adopta una decisión de fondo dentro del proceso popular.
Este pronunciamiento se suma a un importante antecedente constitucional. En julio de 2025, la Corte Constitucional anuló la facultad del Gobierno nacional para cobrar contribuciones de valorización por obras ya finalizadas, al considerar que dicha práctica vulnera principios constitucionales como la equidad tributaria y la seguridad jurídica.
Este fallo impacta de manera directa la viabilidad del cobro en proyectos que ya fueron ejecutados y entregados.
De acuerdo con cifras oficiales, el Gobierno Nacional pretendía recaudar cerca de 2,3 billones de pesos mediante esta contribución, recursos que serían asumidos por más de 1.700 predios localizados a lo largo del corredor vial y en la zona de influencia de la Circunvalar de la Prosperidad.
Con la negativa del Consejo de Estado, el Ejecutivo sufre un nuevo revés jurídico, mientras continúa la incertidumbre sobre el futuro de este recaudo y el desenlace de la acción popular que definirá si el cobro de la valorización se ajusta o no a la Constitución y la ley.