La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional no expedir, en su versión actual, el proyecto de decreto que busca crear un Sistema de Información sobre Guardias Indígenas, hasta que se realice un proceso de consulta previa y concertación con los pueblos indígenas.
La entidad considera que la iniciativa no puede ser vista simplemente como un mecanismo administrativo para organizar información, porque podría tener efectos directos sobre la autonomía, el gobierno propio, la representación y la seguridad de las comunidades indígenas.
Según la información oficial, la solicitud fue dirigida al Ministerio del Interior y plantea que cualquier decisión sobre este sistema debe discutirse con los pueblos indígenas en la Mesa Permanente de Concertación.
¿Qué quiere hacer el Gobierno?
El proyecto de decreto busca adicionar un capítulo al Decreto 1066 de 2015 y crear un sistema a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior.
Según se conoció, la intención oficial es que el Estado pueda conocer, a partir de los reportes de las propias autoridades indígenas, qué guardias existen, en qué territorios actúan, qué autoridad las orienta y cuál es aproximadamente el número de sus integrantes.
También se plantea contar con información que permita facilitar la coordinación entre las comunidades y diferentes entidades públicas en asuntos de protección, prevención, reparación, fortalecimiento y cooperación.
El Gobierno sostiene que actualmente existe una falta de información consolidada que dificulta esa coordinación institucional.
Aquí aparece el principal punto de controversia.
El problema para la autonomía según la Defensoría
Aquí en este punto es donde aparece el principal punto de controversia. La Defensoría advierte que las guardias indígenas son instituciones propias de los pueblos y que su existencia y características no dependen de que el Estado las registre o las reconozca.
Por eso cuestiona que el proyecto pueda terminar estableciendo, aunque sea indirectamente, una especie de filtro estatal para determinar cómo se reconoce a una guardia, quién puede representarla o cuál autoridad puede actuar como interlocutora ante el Gobierno.
La entidad también señala que una definición de las guardias indígenas construida unilateralmente por el Estado podría desconocer las distintas formas de organización existentes entre los pueblos.
Sumado a eso, otro punto especialmente delicado es el tema de la consulta previa. La Defensoría recuerda que publicar un proyecto y permitir que cualquier ciudadano presente comentarios no reemplaza la consulta previa cuando una medida administrativa puede afectar directamente a comunidades étnicas.
Advierten por el riesgo de seguridad
De acuerdo con la Defensoría, también se expresa preocupación por la información territorial, organizativa y de contacto que podría quedar concentrada en este sistema.
La advertencia cobra especial importancia por el contexto de conflicto armado, presencia de grupos ilegales y amenazas contra guardias y líderes indígenas.
Según la entidad, incluso datos que individualmente podrían parecer públicos pueden convertirse en información sensible cuando se combinan. Eso podría facilitar la identificación de autoridades, liderazgos o estructuras comunitarias y aumentar los riesgos de seguimiento, estigmatización, individualización o judicialización.
Por eso, la propuesta de la Defensoría no es simplemente eliminar cualquier mecanismo de información. Lo que plantea es que, si se crea, debe hacerse respetando la autonomía indígena, mediante consulta y concertación, y como una herramienta al servicio de los sistemas propios de protección de las comunidades.
En otras palabras, el debate ahora no es solamente sobre una base de datos. Es sobre hasta dónde puede llegar el Estado en la organización y recopilación de información de una institución propia de los pueblos indígenas, sin afectar su autonomía ni poner en riesgo a sus integrantes.
Claves de la noticia en cuatro preguntas:
¿Qué pidió la Defensoría del Pueblo?
Pidió al Gobierno no expedir el decreto en su versión actual y realizar antes consulta previa y concertación con los pueblos indígenas.
¿Qué busca el proyecto de decreto?
Crear un sistema de información para que el Estado conozca las guardias indígenas existentes, sus territorios, autoridades, ámbito de actuación y número aproximado de integrantes.
¿Cuál es la principal preocupación de la Defensoría?
Que el sistema termine afectando la autonomía, el gobierno propio y la forma en que las comunidades indígenas deciden quién las representa y cómo se relacionan con el Estado.
¿Por qué preocupa la información recopilada?
Porque, en contextos de conflicto y amenazas, la combinación de datos territoriales, organizativos y de contacto podría facilitar la identificación de autoridades y estructuras comunitarias y aumentar riesgos de seguridad.