La amenaza del uso de drones por parte de organizaciones armadas exige cambios doctrinales, ajustes en inteligencia y mayores capacidades de guerra electrónica, afirmó el columnista y experto en temas de seguridad, Jaime Eduardo Arango, en entrevista con La FM Fin de Semana, al referirse a los riesgos de este tipo de ataques y a las respuestas que debería adoptar el Estado.
Esta conversación se da en medio de un reciente ataque con drones registrado en contra de la base militar del municipio de Aguachica, departamento del Cesar, en el que se emplearon dispositivos no tripulados con carga explosiva contra una instalación de la fuerza pública. El hecho, ocurrido en una zona rural del país, evidenció el uso coordinado de drones dentro de una operación armada planificada y volvió a poner en evidencia las limitaciones para anticipar este tipo de acciones.
Arango explicó que enfrentar la amenaza terrorista con drones no se limita a la compra de inhibidores.
"Es necesario reescribir la doctrina militar e incorporar de manera estructural la dimensión de la guerra electrónica, la cual incluye la inhibición de estos dispositivos", señaló. Indicó que el problema central está en los “fallos graves en las capacidades de inteligencia táctica” y declaró, además, que impiden anticipar operaciones que requieren largos periodos de planeación.
Según dijo, ataques recientes evidencian operaciones complejas de armas combinadas que toman semanas o meses de preparación y que, aun así, no lograron ser prevenidas. En ese contexto, sostuvo que las fuerzas militares están “retrasadas años” en la actualización de sus capacidades de inhibición, mientras los drones están transformando el campo de batalla a nivel mundial.
¿Qué debe hacer el Estado frente a la amenaza terrorista con drones?
El experto señaló que parte del problema no es la inexistencia de una doctrina, sino la falta de recursos para aplicarla. Indicó que es posible que la doctrina esté planteada en documentos, pero que “lo que se requiere es presupuesto”. Como ejemplo, mencionó que en Antioquia la gobernación tuvo que asignar recursos propios para iniciar programas de detección y prevención.
Arango explicó que esta situación refleja limitaciones presupuestales de las fuerzas militares para adquirir el equipo necesario.
"La carencia de recursos afecta la capacidad de respuesta frente a una amenaza que evoluciona con rapidez y la adaptación tecnológica de los grupos armados avanza a un ritmo mayor que las actualizaciones institucionales", afirmó.
En relación con el entrenamiento de las guerrillas, Arango consideró que “es lo más probable” que estén recibiendo apoyo extranjero. Explicó que este entrenamiento pudo darse mediante el envío de combatientes fuera del país o por medio de instructores que llegaron a Colombia. Según dijo, la evidencia está en la eficiencia de los ataques.
¿Cómo se entrenan y financian los ataques con drones?
El columnista indicó que los grupos armados no solo aprenden a operar drones, sino también a fabricarlos y adaptarlos de manera casera. "Se trata de drones comerciales modificados para lanzar granadas", señaló. Agregó que, una vez entrenan a sus primeras unidades, ellos mismos difunden el conocimiento al interior de sus estructuras.
Sobre los costos, Arango afirmó que un dron comercial con capacidad para lanzar una granada tiene un precio aproximado de 1.000 dólares. Señaló que esta cifra evidencia una asimetría significativa, ya que “con un aparato de ese precio pueden llegar a destruir un tanque” cuyo valor asciende a varios millones de dólares.
El entrevistado también se refirió al papel de las empresas de vigilancia que operan como fachadas criminales.
"Debe fortalecerse la inteligencia en el área de prevención más que ampliar regulaciones generales, ya que estas suelen afectar principalmente a las empresas legales", sostuvo.
En ese sentido, afirmó que la forma más rápida de evitar que este tipo de ataques se prolongue es “degradar las capacidades de las organizaciones terroristas” para comprar, producir y ejecutar estas acciones. Según indicó, esto implica perseguir a las empresas fachada mediante investigación criminal enfocada en sus vínculos y operaciones.
Finalmente, Arango reiteró que la respuesta del Estado debe centrarse en inteligencia, presupuesto y doctrina, e insistió en que la guerra electrónica y la prevención son elementos clave frente a una amenaza que evoluciona de manera constante.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM