Tras destacarse como uno de los municipios más tranquilos del país por completar diez años sin muertes violentas en el área urbana, en Filandia, Quindío, activaron las alertas por serias amenazas de muerte contra el concejal Yeison Agudelo.
La situación ha generado zozobra entre la población y mantiene a la expectativa a las autoridades en medio del clima nacional de intimidaciones a servidores públicos y el resurgimiento de violencias políticas en diferentes regiones de Colombia.
Agudelo narró que el hecho de intimidación ocurrió mientras se encontraba en su vivienda y recibió audios enviados desde un número desconocido a su cuenta de WhatsApp. En los mensajes, cargados de palabras soeces, le decían: “vamos por usted”, “sigue usted”.
Según relató el concejal, al escuchar los audios identificó estos mensajes agresivos que atentaban contra su vida y que, según su análisis, podrían estar relacionados con su labor pública.
Ante el impacto inicial, de inmediato dio aviso a la Policía Nacional a través del plan padrino, informó a su partido político que es el Partido Conservador y activó las rutas institucionales destinadas a su protección.
“Yo además de ser concejal, soy un líder deportivo y líder comunitario. Recibí unos audios amenazantes que lo ponen a pensar a uno sobre la labor que ejercemos de control político, tener posturas diferentes es algo normal y no debería llevar a esto”, dijo Yeison Agudelo.
Asimismo, reiteró que no detendrá sus funciones pese a la amenaza y que esta intimidación no modificará su labor de control político. Por ello, ya radicó la denuncia ante la SIJIN y está a la espera de la respuesta de la Fiscalía, mientras continúan activadas las rutas institucionales.
“Ya se iniciaron las denuncias formales. No me voy a dejar intimidar ni voy a parar mis actividades”.
Agudelo añadió que, aunque ha recibido respaldo de varios colegas concejales, de la Gobernación, de la fuerza pública y de los entes de control, permanece en alerta porque el municipio de Filandia no suele enfrentar hechos de esta naturaleza.
Subrayó que una amenaza contra un concejal trasciende lo personal y afecta directamente la estabilidad democrática y concluyó que el país no puede normalizar riesgos contra quienes ejercen control político o expresan posturas distintas.