La Corte Suprema de Justicia condenó al general en retiro del Ejército, Jorge Arturo Salgado Restrepo, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que avaló un preacuerdo entre el oficial retirado y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó su responsabilidad en 14 delitos relacionados con irregularidades en contratación y en dos casos de peculado agravado por la cuantía.
Los hechos se remontan a su paso como comandante de la Séptima División del Ejército, con sede en Medellín. Según estableció la Corte, Salgado intervino de manera irregular en varios procesos de contratación adelantados en la Cuarta Brigada, específicamente en el Batallón de Servicios número 4 Yariguíes.
De acuerdo con la investigación, los procesos contractuales que hoy tienen en problemas al general, fueron direccionados para favorecer a dos empresas: Distrilogística S.A.S. e Ingecodi S.A.S.
Con ese objetivo en mente, se habría entregado información anticipada y se ajustaron requisitos de experiencia y capacidad técnica con el fin de asegurar la adjudicación de los contratos.
Tiquetes aéreos y otras formas de pago
A cambio de esos beneficios, los contratistas habrían asumido gastos personales del entonces comandante y de su familia. Entre los pagos, se incluyeron tiquetes aéreos, cuentas en restaurantes y clubes sociales, alquiler de inmuebles, combustible y boletas para eventos culturales.
Según explicó la misma Corte, estos desembolsos alcanzaron un valor cercano a los 151 millones de pesos.
Además, se conoció que para el órgano de justicia, el oficial también emitió órdenes de compra de tiquetes aéreos para personal del Ejército con una empresa de turismo, de la cual recibió 36 pasajes privados para él y su familia, por un valor superior a los 18 millones de pesos.
La condena final y el dinero devuelto
Hay que recordar que antes de la audiencia de imputación, el general en retiro devolvió la totalidad del dinero apropiado, que ascendía a más de 170 millones de pesos, lo que fue tenido en cuenta dentro del preacuerdo judicial.
Finalmente, la Corte Suprema le impuso una condena de 39 meses y 15 días de prisión, además de inhabilitación para ejercer funciones públicas por más de cuatro años y una multa económica.
Sin embargo, el alto tribunal declaró cumplida la pena privativa de la libertad, debido a que el oficial ya había estado detenido durante el proceso y se le reconocieron redenciones por trabajo durante ese tiempo.