Condenan a más de 20 años de cárcel a Juan Carlos Abadía por corrupción

Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a Abadía en horas de la noche del martes en la ciudad de Cali.
Juan Carlos Abadía Crédito: Colprensa

La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador Juan Carlos Abadía a más de 21 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

El tribunal además de decidir la pena de prisión, también impuso una multa económica que deberá pagar el exmandatario departamental para reparar a la Nación.

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"(Condenar) a la pena de 259.5 meses (259 meses y 15 días) de prisión, multa de $817.482.400.00 más 187.94 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos para un total de $914.271.500.00, que deberá cancelar a favor a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho", afirma la sentencia.

Más temprano, se confirmó que por orden de la corte, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a Abadía en horas de la noche de este martes en la ciudad de Cali.

El exgobernador fue condenado debido a que la Sala Especial de Primera Instancia consideró que el exmandatario departamental incurrió en estos delitos, luegode firmar un millonario contrato que tenía por objeto el suministro de recursos bibliográficos a más de 40 bibliotecas en diez municipios del Valle del Cauca.

El millonario contrato tenía un valor de 1.072 millones de pesos; sin embargo, se habría presentado un sobrecosto y, según los testimonios recolectados por la corte, esos recursos fueron obtenidos por un valor cercano a los 200 millones de pesos.

"Expuso que conforme a las evidencias recolectadas, elaboró un informe en el que estableció que los textos escolares fueron adquiridos por el valor real de $182.517.600.00, existiendo una diferencia entre el monto de los recursos aportados por el departamento del Valle del Cauca $1'000.000.000.00 y el valor facturado a José Antonio Rodríguez, de $814.482.400.00", dice la providencia.

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El documento resalta que el exgobernador tenía pleno conocimiento de que el contrato tenía vicios de procedimiento e, igualmente, decidió firmar el acuerdo interadministrativo pese a las consecuencias que eso podría acarrear.