Entre enero y mayo de 2026, los cielos de Colombia presenciaron una alarmante transformación de la hostilidad: 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados, drones, que dejaron un saldo de veintiún personas fallecidas y 145 heridas. El dato encabeza la Radiografía de los derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo.
No es un dato aislado. Refleja cómo la criminalidad organizada y el conflicto armado persisten en el territorio nacional, al tiempo que “se transforman y se fragmentan”. “La consolidación de la paz debe ser una prioridad inaplazable para la garantía de los derechos humanos”, advirtió el Ministerio Público en su informe.
La manipulación de explosivos ha permeado las ofensivas de las estructuras ilegales y de las fuerzas del orden. En Cajibío, en Cauca, entre seiscientas y mil personas permanecen confinadas por los ataques con drones, principalmente de parte de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.
Unas 550 personas, por lo menos, huyeron de veredas como Ortega, La Diana, La Isla y El Edén. El general Royer Gómez, excomandante del Ejército, afirmó en su momento que la Jaime Martínez —cuyo principal cabecilla era Iván Jacobo Idrobo, alias ‘Marlon’, de quien hay versiones cruzadas sobre su muerte— se ensañó con la población civil.
El 14 de agosto, cuando aeronaves de la Fuerza Aérea y la División de Asalto Aéreo del Ejército llegaron a reforzar la seguridad en la zona, el Ejército evacuó a Popayán seis civiles heridos y llevó a doce soldados heridos con esquirlas a recibir atención médica. El general Gómez advirtió sobre el peligro de los drones.
Las tropas deben hacerle frente a “enjambres” de aeronaves no tripuladas, señaló Gómez. “Tenemos sistemas de detención y de inhibición, pero un ataque masivo resta capacidad de reacción”, apuntó el general. Las estructuras ilegales reaccionan a las operaciones militares, mas la promesa del Ejecutivo es seguir adelante.
Desplazamientos, reclutamiento y asesinatos muestran el costo humano del conflicto
Precisamente, los ataques con drones aumentaron un 146 % entre enero y mayo de 2026. La defensora Iris Marín le entregó al gobierno de Abelardo de la Espriella y al Congreso de la República el balance, que dibuja un país donde el dolor de la confrontación se mezcla con el silencio del temor y las desigualdades de siempre.
Actualmente, la Defensoría mantiene vigentes 120 alertas tempranas territoriales, que abarcan 396 municipios y quince territorios indígenas en cada uno de los 32 departamentos colombianos. Desde 2019 y hasta el 18 de julio de 2026, el país registró 651 masacres que segaron la vida de 2.380 personas.
El desarraigo sigue siendo una realidad cotidiana: desde 2017 hasta lo corrido de 2026, poco más de mil eventos de desplazamiento forzado masivo afectaron a 394.839 personas. En promedio, un 35,73 % de las víctimas pertenece a pueblos étnicos que sufren un impacto desproporcionado en sus territorios.
Y las nuevas generaciones no son ajenas a la persistencia armada. El informe reporta 682 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026. Sin embargo, la Defensoría advierte con serenidad, sin abandonar la alarma, sobre la trampa de los números:
“La reducción de los casos no necesariamente significa una disminución del fenómeno, debido a los riesgos, temores y dificultades para denunciar”. El conflicto cobra vidas jóvenes, aun de forma silenciosa, como lo demuestran las 71 muertes de menores en operativos militares entre agosto de 2022 y junio de 2026.
Las estructuras armadas amplían su presencia mientras el Estado pierde terreno
Quienes apostaron por la paz y quienes dedican sus vidas a defender a las comunidades caminan bajo una constante amenaza. Aunque más de once mil firmantes del Acuerdo de Paz continúan en un proceso de reincorporación, unos 521 han sido asesinados entre 2017 y lo que va de 2026.
La labor de liderazgo comunitario ha cobrado la vida de 1.743 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos entre 2016, el año de la firma del Acuerdo entre el Estado colombiano y las extintas Farc, y junio de 2026. Las disidencias de la guerrilla hacen presencia en 372 municipios del sur, suroriente y suroccidente.
El Estado Mayor Central, que agrupa a las estructuras al mando de Néstor Gregorio Vera, ‘Iván Mordisco’, delinque en 239 municipios. El Estado Mayor de los Bloques y el Frente que obedecen a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, opera en 140; la Segunda Marquetalia, de ‘Iván Márquez’, en 46, y el Ejército Bolivariano, en 68.
Los grupos sucesores del paramilitarismo son los de mayor presencia y, por ende, mayor peligro para la población civil. Solo el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista, causa zozobra en 383 municipios permanentemente y en 85 de forma intermitente. Mientras, el ELN está en 260 municipios.
El primer apartado de la Radiografía se enfoca en las desigualdades. Reducirlas es “uno de los principales desafíos para la consolidación de un Estado social de derecho”. Si bien la pobreza monetaria disminuyó hasta un 28 % en 2025 frente al 43,1 % de 2020, las diferencias entre la vida urbana y la rural siguen siendo abismales.
Las desigualdades y la violencia también amenazan los derechos fuera del conflicto armado
Mientras en las cabeceras municipales la prevalencia de la inseguridad alimentaria se redujo del 26,8 % al 18,1 % entre 2022 y 2025, en las zonas rurales dispersas y centros poblados apenas varió, pasando de un 32,5 % a 31,4 %. En el campo, el 1 % de los mayores propietarios concentra el 45 % de la tierra rural colombiana.
Las desigualdades estructurales tienen un marcado acento de género y desatención a las minorías. En 2025 se registraron 37.755 delitos sexuales contra mujeres, de los que el 78,9 % tuvo como víctimas a menores de dieciocho años. Entre 2024 y lo corrido de 2026, la Fiscalía ha documentado 68 transfeminicidios.
Incluso el bienestar emocional de los jóvenes muestra signos de alerta: en 2025 se presentaron 1.080 suicidios de personas de cinco a veintiocho años, de los que 326 correspondían a menores de edad, lo que según la Defensoría “refuerza la necesidad de incorporar la salud mental como una prioridad de las políticas públicas”.
Finalmente, el espacio cívico se debate entre la movilización y el riesgo. Los conflictos sociales se triplicaron, de 1.426 en 2022 a 4.039 en 2025, lo que el Ministerio Público califica como “expresiones legítimas del ejercicio de los derechos de reunión, expresión y manifestación” que exigen del Estado una respuesta basada en el diálogo.
Al mismo tiempo, el periodismo enfrenta condiciones adversas para informar: la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) registró 711 agresiones contra periodistas, incluyendo 275 amenazas, entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026, así como doce homicidios de comunicadores desde el 2020.
Para la Defensoría del Pueblo, el extenso compendio de cifras e historias de dolor constituye un recordatorio de los compromisos estatales para mejorar la vida y “una invitación a preservar lo alcanzado como sociedad y a afrontar los desafíos persistentes para seguir fortaleciendo la garantía efectiva de los derechos humanos”.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Cuántos ataques con drones se registraron en Colombia durante 2026?
Entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados que dejaron 21 personas muertas y 145 heridas, según la Radiografía de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. El informe advierte que las ofensivas aumentaron 146 %, lo que evidencia cómo las estructuras armadas incorporan nuevas tecnologías a sus acciones violentas.
¿Cuál es el impacto del conflicto armado sobre la población civil?
La violencia armada continúa provocando desplazamientos, confinamientos, masacres y reclutamiento de menores. Entre 2019 y julio de 2026, la Defensoría registró 651 masacres con 2.380 víctimas, mientras que desde 2017 más de 394.000 personas han sido afectadas por desplazamientos forzados masivos. Además, 1.743 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016.
¿Qué grupos armados tienen mayor presencia en Colombia?
El Clan del Golfo es la estructura armada con mayor presencia territorial, al operar de manera permanente en 383 municipios y de forma intermitente en otros 85, según la Defensoría. Le siguen el ELN, con presencia en 260 municipios, y las diferentes estructuras de las disidencias de las Farc, entre ellas el Estado Mayor Central, el Estado Mayor de los Bloques y el Frente, la Segunda Marquetalia y el Ejército Bolivariano.
¿Qué otras amenazas a los derechos humanos identifica la Defensoría del Pueblo?
La Radiografía de los derechos humanos también advierte sobre las brechas sociales y económicas que persisten entre las zonas urbanas y rurales, así como sobre violencias contra mujeres, menores y personas trans. El informe registra 37.755 delitos sexuales contra mujeres en 2025, 1.080 suicidios de personas entre cinco y 28 años y 711 agresiones contra periodistas entre enero de 2025 y julio de 2026.