Entre enero y junio, el conflicto armado en Colombia provocó el desplazamiento forzado de 15.960 personas y el confinamiento de otras 64.787. Así lo registró la Defensoría del Pueblo, que en su Boletín de Movilidad Humana documentó 83 eventos de desplazamiento y 44 que restringieron la movilidad de las víctimas.
Solo en junio, doce enfrentamientos entre grupos armados o confrontaciones con la fuerza pública afectaron a 2.742 personas, un 17,18% del total, casi una quinta parte de las víctimas de lo corrido del año. Norte de Santander es el departamento más golpeado, con 3.854 personas que dejaron sus hogares la primera mitad de 2026.
Todos los actores armados provocan desplazamiento. “Las conductas y afectaciones a los derechos humanos más recurrentes de los actores armados y causantes de los desplazamientos masivos en el país son las amenazas, los combates, los ataques con drones, los actos terroristas y los contactos armados”, reseña la Defensoría.
Las disidencias de las Farc, entre las que el Ministerio Público no distingue propiamente a las comandadas por ‘Calarcá’ o las que dirige ‘Iván Mordisco’, son responsables del 42% de los desplazamientos; el ELN, del 31%; el Clan del Golfo, del 23%, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, del 4%.
El confinamiento agrava la crisis humanitaria
El confinamiento es un fenómeno más doloroso o, al menos, con más víctimas. Putumayo es el departamento más afectado, con 12.646 personas obligadas a no salir de sus viviendas, principalmente en Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo. Caquetá, por su parte, ha sumado 11.651 confinados en los primeros seis meses de 2026.
Varias relegaciones se presentaron en territorios de veintisiete comunidades étnicas: seis afrodescendientes y veintiún indígenas. Es decir, el 48% de los eventos de confinamiento —amenazas, combates, contacto armado, hostigamientos y ataques con drones— aqueja a las poblaciones aborígenes.
La Defensoría advirtió sobre la “persistencia” de los daños derivados del conflicto armado, las restricciones a la movilidad, la presencia de artefactos explosivos, el riesgo de reclutamiento de la niñez y las “dificultades institucionales evidenciadas para garantizar una respuesta oportuna”, y emitió doce recomendaciones.
El organismo humanitario les pidió al Ministerio del Interior, las gobernaciones y las alcaldías “fortalecer la articulación” para activar de forma “oportuna” las rutas de prevención, protección y atención. Además, le sugirió al Alto Comisionado para la Paz y al Ministerio de Educación educar en riesgos por artefactos explosivos.
Por su parte, el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) debería “fortalecer las acciones de protección integral de niños niñas y adolescentes, implementando medidas para prevenir el reclutamiento, la utilización y otras formas de violencia, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes”.
La Defensoría también alerta sobre los colombianos deportados
Y el Ministerio de Defensa, de acuerdo con los consejos, habría de adoptar “las medidas necesarias” para fortalecer la protección de la población civil en los territorios más impactados por los desplazamientos y los confinamientos, como El Tarra, Ocaña, Sardinata y Tibú, en la convulsa región del Catatumbo.
El Boletín incorporó, por primera vez, un análisis sobre los colombianos deportados. El Ministerio Público acompañó diecisiete vuelos provenientes de Estados Unidos, Chile y España, en los que retornaron 1.663 personas. El 66% de ellas había migrado buscando mejores ingresos, y el 22%, por el conflicto, inseguridad o amenazas.
Los regresos forzosos, según entrevistas voluntarias concedidas a la Defensoría, estuvieron permeados por condiciones inadecuadas de salud, alimentación y hacinamiento. Poco más del 11% de las personas permaneció entre seis meses y un año en centros de detención mientras se concretaba su deportación.
“Casi un 75% manifiesta haber recibido maltrato verbal y/o psicológico, y más de la mitad (58,25%) fue maltratada físicamente y/o coercionada”, sostiene la entidad, que añade que “persisten necesidades humanitarias inmediatas, especialmente relacionadas con alimentación, alojamiento temporal”, transporte e higiene.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Cuántas personas han sido desplazadas y confinadas por el conflicto armado en 2026?
Entre enero y junio de 2026, el conflicto armado provocó el desplazamiento forzado de 15.960 personas y el confinamiento de otras 64.787, según la Defensoría del Pueblo. El organismo documentó 83 eventos de desplazamiento y 44 de confinamiento, con junio como uno de los meses más críticos del año.
¿Qué regiones y grupos armados concentran las mayores afectaciones?
Norte de Santander registra el mayor número de desplazados, mientras que Putumayo y Caquetá encabezan los casos de confinamiento. La Defensoría atribuye el 42% de los desplazamientos a las disidencias de las Farc, el 31% al ELN, el 23% al Clan del Golfo y el 4% a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
¿Qué riesgos humanitarios advirtió la Defensoría del Pueblo?
El organismo alertó por la persistencia de combates, amenazas, ataques con drones, restricciones a la movilidad, presencia de artefactos explosivos y riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Además, pidió fortalecer la respuesta institucional, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes, que concentran casi la mitad de los eventos de confinamiento.
¿Qué reveló el informe sobre los colombianos deportados?
Por primera vez, el Boletín de Movilidad Humana incluyó un análisis de las deportaciones. La Defensoría acompañó diecisiete vuelos con 1.663 colombianos retornados desde Estados Unidos, Chile y España, y encontró denuncias de maltrato, hacinamiento y carencias humanitarias, además de necesidades urgentes de alimentación, alojamiento, transporte e higiene tras su regreso al país.