El Consejo de Estado confirmó la sentencia que ordena adoptar medidas frente a las deficiencias estructurales de la Política Farmacéutica Nacional, particularmente en asuntos como el precio de los medicamentos, el desabastecimiento y el funcionamiento de las entidades encargadas de regular y vigilar este sector.
La decisión se produjo dentro de una acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación, que buscaba la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el acceso efectivo, oportuno y adecuado de la población a los medicamentos.
De acuerdo con la información, el alto tribunal confirmó la sentencia que había sido proferida en diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se estableció que estaba acreditada la amenaza y vulneración de los derechos e intereses colectivos que fueron objeto de protección en esta acción judicial.
Una nueva política farmacéutica
A partir de esta decisión, el Consejo de Estado dispuso la conformación de una mesa de trabajo para consolidar la Política Farmacéutica Nacional.
Esta mesa estará liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y el INVIMA.
En este espacio deberán participar además las entidades y actores relevantes del sector, incluido el Ministerio Público. El propósito es avanzar en las medidas necesarias para superar las deficiencias identificadas en la política farmacéutica y garantizar que la población pueda acceder a los medicamentos de manera efectiva, oportuna y adecuada.
Control a los precios y al mercado
Uno de los asuntos que vuelve a quedar sobre la mesa es el fortalecimiento del control de precios de los medicamentos y una mayor regulación del mercado.
El Consejo de Estado también reiteró la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de información del sector, como una herramienta para enfrentar las dificultades que se presentan alrededor del acceso a los medicamentos.
De acuerdo con la decisión, también se incluye la necesidad de adoptar soluciones frente al desabastecimiento, uno de los problemas señalados dentro de la acción popular.
Es decir, el fallo no se concentra únicamente en cuánto cuestan los medicamentos, sino en diferentes componentes de la política que inciden en que estos productos estén disponibles y puedan llegar oportunamente a quienes los necesitan.
Investigación, innovación y propiedad industrial
Otro de los aspectos señalados por el Consejo de Estado está relacionado con el impulso a la investigación y la innovación en materia farmacéutica.
Sumado a eso, aparecen dentro de las áreas que requieren atención los asuntos relacionados con la propiedad industrial. A esto se suma el fortalecimiento institucional y operativo del INVIMA, entidad que hace parte de la mesa de trabajo encargada de avanzar en la consolidación de la política.
Por eso, la decisión plantea una mirada integral sobre el funcionamiento del sector farmacéutico y no solamente sobre un problema puntual.
Seguimiento de la Procuraduría
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social informó que ha realizado seguimiento permanente a las medidas adoptadas dentro de este proceso.
El Ministerio Público también ha promovido la articulación entre las diferentes entidades involucradas.
Para ello, ha requerido al Ministerio de Salud y Protección Social, al INVIMA, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la ADRES y a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales.
La Procuraduría viene haciendo seguimiento tanto a las medidas adoptadas desde la medida cautelar decretada en octubre de 2024, como a las órdenes establecidas posteriormente en la sentencia de primera instancia.
Vigilar que las órdenes se cumplan
Ahora, con la confirmación de la sentencia por parte del Consejo de Estado, la Procuraduría mantiene su labor de vigilancia sobre el cumplimiento de los fallos.
El objetivo es que las órdenes judiciales no se queden solamente en el papel y que efectivamente se avance en las medidas destinadas a superar las deficiencias identificadas en la Política Farmacéutica Nacional.
En síntesis, el Consejo de Estado ratificó la necesidad de fortalecer la regulación del mercado de medicamentos, mejorar el control de precios, enfrentar el desabastecimiento y fortalecer las instituciones encargadas de este sector, dentro de una política que permita garantizar el acceso oportuno y adecuado a los medicamentos.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué confirmó el Consejo de Estado?
La sentencia que determinó la amenaza y vulneración de derechos e intereses colectivos relacionados con las deficiencias de la Política Farmacéutica Nacional.
¿Qué ordenó el alto tribunal?
La conformación de una mesa de trabajo para consolidar la Política Farmacéutica Nacional, liderada por el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y el INVIMA.
¿Qué temas deberán ser atendidos?
El control de precios, la regulación del mercado, los sistemas de información, el desabastecimiento, la investigación y la innovación, la propiedad industrial y el fortalecimiento del INVIMA.
¿Qué papel tendrá la Procuraduría?
Continuará haciendo seguimiento al cumplimiento de las órdenes judiciales y promoviendo la articulación entre las entidades involucradas para garantizar su ejecución efectiva.