Los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, avalaron la solicitud presentada por la Contraloría de Bogotá para revocar su propio fallo de responsabilidad fiscal emitido en contra el presidente Gustavo Petro Urrego, cuando este se desempeñó como alcalde de Bogotá.
La decisión fue adoptada dentro del proceso judicial que el hoy presidente Petro había promovido para anular las sanciones de la Contraloría Distrital, a través de las cuales lo habían declarado responsable por un presunto daño al patrimonio del Distrito durante su gestión como alcalde de Bogotá.
En este caso la decisión se da tras la petición de anular el fallo de responsabilidad fiscal No. 02 de 2017, por medio del cual la Contraloría Distrital lo había declarado responsable solidario a Gustavo Petro por un presunto daño al erario de más de 40.000 millones de pesos, relacionado con la compra de equipos para la prestación del servicio de aseo en Bogotá.
En su momento se planteó por parte de la Contraloría que se habían encontrado supuestas fallas fallas en el proceso de implementación del esquema de basuras, el cual se instauró en 2012, durante la alcaldía de Gustavo Petro.
De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, previa aprobación de su Comité de Conciliación Ad Hoc (Acta No. 23 de 2024), presentó oferta de revocatoria directa parcial de dichos actos administrativos, limitada exclusivamente a la responsabilidad de Gustavo Francisco Petro Urrego.
La Contraloría Distrital precisó que con esta decisión no habría lugar a ningún tipo de reconocimiento económico, indemnización ni condena en costas y ante ello, el presidente Petro manifestó su conformidad con la oferta, al considerar que cumplía los requisitos legales y se ajustaba al ordenamiento jurídico.
A su turno, el Ministerio Público emitió concepto favorable frente a la oferta de revocatoria directa al indicar que se dio cumplimiento a los requisitos de forma y sustanciales establecidos en la ley para su aprobación.
En consecuencia, el Tribunal dio por terminado el proceso judicial y ordenó a la Contraloría de Bogotá que, en un plazo de 30 días contados a partir de que la decisión quede en firme, expida un nuevo acto administrativo mediante el cual deje sin efectos la decisión que en 2017 declaró responsable fiscal a Gustavo Petro Urrego y los actos posteriores que la confirmaron.