Una juez especializada de Bogotá se vio obligada a suspender la audiencia preparatoria del juicio programada para este miércoles contra la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz considerada pieza clave en el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo y ante ello, se abre la puerta para que pueda solicitar la libertad por vencimiento de términos.
Aunque todo estaba listo para iniciar hoy la audiencia preparatoria del juicio contra la exconsejera presidencial para las regiones su defensa solicitó la suspensión de esta diligencia, al asegurar que no ha podido acceder a varias de las pruebas descubiertas por parte de la Fiscalía General de la Nación.
El abogado Mauricio Camacho, defensor de Sandra Ortiz, también aseguró que está pendiente de que los jueces de control de garantías le resuelvan peticiones que ha formulado para acceder a la búsqueda selectiva en base de datos de información que considera relevante para su estrategia de defensa.
Aunque la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes civiles de las víctimas, no se opusieron a la suspensión de la diligencia si advirtieron que está a punto de cumplirse un año desde el momento en que se le imputaron cargos a Sandra Ortiz sin que se haya instalado la audiencia de juicio oral y ello podría llevar a que a futuro solicite su libertad por vencimiento de términos.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, dejó en claro que Sandra Ortiz Nova fue imputada hacia el mes de diciembre de 2024 y muy pronto se cumplirá un año desde la fecha de formulación de cargos en su contra.
Así mismo, sostuvo que “por otro lado, la Fiscalía advierte que es perjudicial para la estrategia defensiva de la señora Sandra Ortiz, que llegue a juicio en estado de indefensión, porque eso nos arrojaría al escenario de una nulidad por violación al derecho a la defensa y la Fiscalía no quiere eso”.
A su turno, Iván Mattar, abogado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pidió a la juez del caso que se deje constancia que este nuevo aplazamiento se da por solicitud de la defensa de Sandra Ortiz y por un hecho atribuible a la Fiscalía.
“Esto creo que es trascendente de cara a una eventual posibilidad de libertad por vencimiento de términos. En primera medida, el señor defensor hacía alusión a una falta de entrega de elementos por parte de la Fiscalía, indicando que la señora fiscal no había entregado dentro de su descubrimiento probatorio las actas de audiencia que se habían adelantado ante jueces de control de garantías”, indicó el abogado Mattar.
El jurista añadió que “frente a esto es necesario hacer una primera claridad y es que ya la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto indicando que las actas de estas audiencias no hacen parte del descubrimiento probatorio”.
La 'mensajera' de los sobornos
La vinculación de Sandra Ortiz en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se debe a una serie de pruebas que demuestran su implicación en un esquema de sobornos.
Según la Fiscalía, en octubre de 2023, Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, y luego dicha suma fue transportada y entregada a Iván Leonidas Name Vásquez, entonces presidente del Congreso de la República como parte de un pago de coimas.
Para la Fiscalía, Ortiz habría incurrido en un concurso de conductas delictivas, lo que podría derivar en una condena por lavado de activos, el delito con la pena más alta de los que enfrenta.
Este cargo incluye una posible extensión de la sanción debido a otras conductas ilícitas atribuidas, las cuales serán definidas por el juez de conocimiento en la audiencia de lectura de sentencia.
La exfuncionaria se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá y con base en la acusación de la Fiscalía se podría exponer de ser hallada culpable a una pena de hasta diez años de prisión.