Niñez wayúu en La Guajira: Corte Constitucional ordena resultados concretos en agua y salud, ante persistencia de la crisis

El alto tribunal exige al Congreso incluir los derechos de la niñez wayúu en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
Niños indígenas wayuu aparecen en una imagen cerca de Manaure, en el departamento de La Guajira. Crédito: AFP

La Corte Constitucional le hizo un nuevo llamado al Estado para acelerar las soluciones a la crisis que afecta a las niñas y los niños del pueblo wayúu, en La Guajira.

La alta corte exhortó al Congreso de la República a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 las obligaciones derivadas de la sentencia que declaró la vulneración masiva de los derechos fundamentales de esta población infantil.

La decisión quedó consignada en el Auto 1541 de 2026, adoptado por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos de la niñez wayuu.

De acuerdo con la Corte, se advierte que la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo representa una oportunidad para organizar, financiar y articular las medidas que permitan superar esta situación.

Y pone sobre la mesa una exigencia: los compromisos no pueden quedarse en documentos, anuncios o contratos; deben traducirse en resultados concretos para las comunidades.

Cuatro bloqueos que impiden superar la crisis

En su revisión, la Sala encargada identificó por lo menos cuatro obstáculos que siguen frenando el cumplimiento de la sentencia.

El primero de ellos, es que todavía no existe un Plan Estructural de Acción definitivo, concertado con las comunidades, financiado y con metas que puedan medirse.

El segundo es la falta de una línea base de información que permita integrar los datos de las distintas entidades y conocer con claridad la situación de la población wayuu.

El tercer problema destacado por la Corte, tiene que ver con la infraestructura hídrica. La Corte encontró una brecha entre los recursos invertidos en obras para el abastecimiento de agua y la disponibilidad real de ese servicio para las comunidades.

Es decir, no basta con construir o rehabilitar infraestructura si las obras no funcionan y el agua no llega a la población.

Por último, en curto lugar, lo relacionado con el bloqueo y las dificultades de representatividad para garantizar un diálogo genuino con el pueblo wayuu.

El Plan Nacional de Desarrollo debe incorporar las obligaciones

Frente a este panorama, la Corte exhortó al Congreso a tener en cuenta las obligaciones derivadas de la Sentencia T-302 de 2017 durante el debate y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

La Sala recordó que uno de los objetivos constitucionales establecidos en esa sentencia exige que las intervenciones del Estado sean sostenibles, que tengan metas realistas y que sean compatibles con el Marco de Gasto de Mediano Plazo.

Sumado a lo dicho, la misma Corte también ordenó al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda evaluar las medidas necesarias para cumplir la sentencia y, cuando tengan sustento técnico y viabilidad financiera, proponer su incorporación al proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Plurianual de Inversiones.

De la misma forma, la Corte también puso una fecha sobre la mesa, esta sería en mayo de 2027. Ese mes se cumplirán diez años de la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional.

Por eso, la Consejería Presidencial para las Regiones, que coordina el mecanismo de seguimiento del Gobierno, deberá presentar una ruta crítica con responsables, actividades y la fecha en la que se adoptará definitivamente el Plan Estructural de Acción. Si esa fecha supera mayo de 2027, tendrá que explicar las razones.

Agua, contratos y participación de las comunidades

Las órdenes de la Corte también apuntan a resolver problemas concretos en los territorios. En materia de agua, las entidades deberán elaborar un inventario de todas las obras de abastecimiento construidas o rehabilitadas desde 2017.

Ese diagnóstico deberá establecer cuáles funcionan, cuáles están fuera de servicio y por qué no están operando. Además, tendrán que presentar un plan escalonado para recuperar las obras que no prestan servicio.

En cuanto a la inversión pública, la Corte pidió mejorar la identificación de los contratos destinados a cumplir la sentencia en el sistema SECOP y consolidar una matriz que permita hacer seguimiento a contratos, convenios y proyectos.

En ese mismo sentido, se ordenó establecer una metodología pública y transparente para definir cuáles comunidades reciben las intervenciones. Un punto importante es que no podrán excluirse comunidades simplemente porque no tengan un vocero formalmente reconocido.

Sobre la información, las entidades deberán establecer un protocolo para que sus bases de datos puedan comunicarse entre sí y culminar la caracterización del 'Registro Multidimensional Wayúu'.

Y en materia de representatividad, el Ministerio del Interior deberá presentar un cronograma para cumplir las obligaciones pendientes sobre el reconocimiento y registro de autoridades tradicionales y la designación de los delegados del pueblo Wayuu.

Las medidas urgentes no pueden esperar

En relación a las medidas consideradas como urgentes, la Corte hizo una precisión fundamental, para que estas nuevas órdenes se suman a las que ya estaban vigentes, pero no las reemplazan ni las suspenden.

Esto significa que las obligaciones de atención inmediata en agua, salud y alimentación siguen siendo exigibles desde ahora. Las comunidades no tienen que esperar a que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo ni a que esté listo el Plan Estructural de Acción para recibir esa atención.

Además, la Sala advirtió que los informes de las entidades deben demostrar resultados concretos en la vida de las niñas y los niños, y no limitarse a presentar actividades realizadas, contratos firmados o trámites adelantados.

Finalmente, el Ministerio del Interior deberá divulgar una síntesis de esta decisión en wayuunaiki, tanto de manera oral como escrita, en los cuatro municipios.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis.

Una vez más y ahora a casi diez años de la sentencia que declaró la vulneración masiva de los derechos de la niñez wayuu, la Corte vuelve a exigir que las instituciones pasen de los compromisos a las soluciones, que haya agua disponible, atención en salud, alimentación, recursos garantizados y resultados verificables para las comunidades.

Claves del tema, en cuatro preguntas:

¿Qué le pidió la Corte Constitucional al Congreso sobre la niñez wayúu?

Lo exhortó a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 las obligaciones derivadas de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos de la niñez wayuu.

¿Cuáles son los cuatro obstáculos identificados por la Corte sobre los niños indígenas en La Guajira?

La falta de un plan de acción definitivo y financiado, la ausencia de información integrada, las fallas en la infraestructura de abastecimiento de agua y las dificultades de representatividad de las comunidades wayuu.

¿Qué ordenó la Corte Constitucional sobre las obras de agua en La Guajira?

Elaborar un inventario de las obras construidas o rehabilitadas desde 2017, identificar cuáles no funcionan y establecer un plan escalonado para recuperarlas.

¿Las comunidades wayúu en La Guajira deben esperar al nuevo Plan de Desarrollo para recibir atención?

No. La Corte aclaró que las órdenes de atención inmediata en agua, salud y alimentación siguen vigentes y deben cumplirse sin esperar la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo ni la adopción del plan de acción.