La Corte Constitucional ya le informó al abogado Carlos Pablo Márquez Escobar que, gracias a un sorteo, la Sala Plena lo escogió como el conjuez que desempatará la votación de la reforma pensional, que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez pide con su ponencia que se caiga por vicios de trámite.
Andrea romero, secretaria general del alto tribunal, le envió a Márquez el documento que oficialmente le notifica, "de manera atenta", que el 24 de noviembre la Corte lo seleccionó "mediante el sorteo reglamentario". Y le envió todo el expediente que Ibáñez encabeza.
"Igualmente, quedo atenta a su respuesta respecto de la mencionada designación a la brevedad posible", concluye la notificación, que añade que "oportunamente" la Corte le indicará al conjuez "la fecha en que se convocará a Sala Plena para decidir" sobre la reforma.
Márquez ahora debe decidir si acepta, o no, la designación. La Corte se estancó con cuatro votos a favor y cuatro en contra de la postura de Ibáñez, presidente de la Corporación, así que designó al conjuez para que incline la balanza hacia algún lado en particular.
La figura del conjuez es propia de los tribunales. Funciona para destrabar discusiones empatadas, como la de la pensional. Paola Meneses, Lina Escobar y Carlos Camargo estuvieron con Jorge Enrique Ibáñez, en contraste con Miguel Polo, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel.
Al ser parte de la Sala Plena, los conjueces tienen las mismas obligaciones que los magistrados titulares. De hecho, para que los magistrados postulen a un conjuez —en medio de un proceso interno, distinto al de los magistrados que el Senado escoge—, deben cumplir los mismos requisitos.
¿Quién es Carlos Márquez y por qué será clave para la reforma pensional?
Carlos Pablo Márquez ocupa la casilla once en la lista de dieciocho conjueces que la Corte nombró en marzo para que estén preparados para ser magistrados titulares en cualquier momento hasta marzo de 2026. El magistrado Miguel Polo Rosero lo postuló.
El mentado jurista es egresado de la Universidad Javeriana. Tiene una maestría en Economía del mismo centro de estudios, donde ha sido docente, y una en Derecho de Harvard, además de un doctorado en Derecho de la Universidad de Oxford.
La Sala dejó sin voz ni voto al magistrado Héctor Carvajal por haber intervenido en tres de los 85 procesos que la pensional encara. El hombre de confianza del presidente Gustavo Petro defendió para Colpensiones y el Ministerio de Trabajo la Ley 2381, así que fue recusado.
"El magistrado recusado emitió, de manera reiterada y previa a su posesión, conceptos jurídicos sobre la constitucionalidad de la misma disposición legal que ahora pretende juzgar", indicó la senadora Paloma Valencia, una de las demandantes, en un oficio para la Corte.
Para Carvajal, Ibáñez creó "un procedimiento no establecido en la ley" y desconoció el principio de buena fe, según una carta que le envió al jefe del alto tribunal mostrando su "enérgica protesta por la forma como se viene tramitando la recusación".
Ibáñez defiende que la Cámara de Representantes falló en el trámite legislativo de la reforma al aprobar exactamente el mismo texto que avaló el Senado sin ahondar en su contenido. El Congreso, por su parte, asegura que no cayó en ninguna irregularidad.