La investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, vuelve a tener un retraso en su etapa judicial.
La Corte Suprema de Justicia aplazó por segunda ocasión la audiencia preparatoria del juicio contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el entramado de corrupción que afectó a esa entidad durante el gobierno de Gustavo Petro.
La diligencia, que estaba programada para las ocho y quince de la mañana de este miércoles, terminó suspendida después de que las defensas de los dos exfuncionarios plantearan nuevos reparos sobre las pruebas que ha presentado la Fiscalía General de la Nación.
Las defensas cuestionan las pruebas de la Fiscalía
El primero en plantear sus inconformidades fue el abogado de Luis Fernando Velasco, quien aseguró que el ente acusador no ha garantizado un descubrimiento probatorio completo. En otras palabras, sostiene que la Fiscalía no ha permitido que la defensa conozca y examine la totalidad de los elementos que pretende utilizar en el proceso.
El propio Velasco se sumó a ese reclamo y cuestionó que la Fiscalía llegue con documentos y evidencias que, según él, no han podido ser conocidos por quienes deben ejercer su defensa.
De acuerdo con el exministro, queda el interrogante sobre “¿Cómo es posible que en un sistema de partes, llega quien acusa con una serie de documentos que no conoce?”.
En relación a este tema, hay que recordar que en septiembre pasado, durante una audiencia anterior, las defensas ya habían advertido dificultades para acceder a diferentes archivos digitales, documentos protegidos con contraseñas y elementos que no podían abrirse o visualizarse correctamente.
Ricardo Bonilla también expresó reparos
Cuando llegó el turno del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también manifestó inconformidades frente a la manera como la Fiscalía ha presentado el material probatorio.
En una audiencia anterior, Bonilla había cuestionado la cantidad de información entregada por el ente investigador y aseguró que esa situación podía terminar afectando la capacidad de respuesta de su defensa.
El abogado Alejandro Carranza, representante de Bonilla, también había advertido problemas con algunos archivos digitales: mencionó carpetas vacías, documentos cifrados que no podían abrirse y archivos que, según explicó, debían ser revisados nuevamente.
Para la defensa, el hecho de que la Fiscalía entregue una copia de los archivos no significa necesariamente que haya entregado toda la evidencia en condiciones que permitan examinarla.
La Fiscalía rechaza que esté ocultando pruebas
Frente a estos señalamientos, la Fiscalía ha sostenido una posición diferente.
En la audiencia de septiembre, la fiscal del caso calificó como equivocada la interpretación de las defensas y negó que se hubieran ocultado, sustraído o reservado deliberadamente elementos de la investigación.
Explicó que los archivos digitales que tenían mecanismos de seguridad también fueron incluidos en el descubrimiento probatorio y que las dificultades estaban relacionadas con contraseñas y restricciones técnicas que impedían abrir algunos documentos.
Es decir, mientras los abogados de los exministros consideran que no han recibido las pruebas de manera completa y accesible, la Fiscalía sostiene que no ha ocultado información y que el problema está en las dificultades para consultar determinados archivos.
Un proceso que vuelve a quedar en pausa
Hay que recordar que en septiembre la Corte Suprema ya había intervenido en esta controversia. En esa oportunidad, el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, de la Sala Especial de Primera Instancia, les dio tres semanas a la Fiscalía y a las defensas para revisar conjuntamente el material probatorio y resolver las dificultades de acceso.
Sin embargo, este miércoles la discusión volvió a aparecer y terminó provocando un segundo aplazamiento de la audiencia preparatoria.
El proceso busca establecer la eventual responsabilidad de los dos exministros en el escándalo de corrupción de la UNGRD, relacionado con el direccionamiento de contratos y el presunto pago de sobornos a congresistas a cambio de respaldos políticos.
Por ahora, la controversia sobre las pruebas sigue marcando el desarrollo del juicio. La audiencia quedó programada para el mes de febrero del 2027.
Lo cierto es que el proceso contra dos antiguos integrantes del gabinete de Gustavo Petro vuelve a quedar en pausa, mientras la Corte debe garantizar que tanto la Fiscalía como las defensas cuenten con las condiciones necesarias para avanzar en el juicio.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué aplazó la Corte Suprema la audiencia?
Por las diferencias entre las defensas de los exministros y la Fiscalía sobre la entrega y el acceso a las pruebas del expediente.
¿Qué cuestionó Luis Fernando Velasco?
Que la Fiscalía no habría garantizado el descubrimiento completo de las pruebas y que los acusados no pueden conocer documentos que se presentan en su contra.
¿Qué respondió la Fiscalía?
En la audiencia anterior negó haber ocultado pruebas y explicó que algunos archivos tenían contraseñas o restricciones técnicas que impedían abrirlos.
¿Cuántas veces se ha aplazado la audiencia preparatoria?
Dos veces. En septiembre la Corte ya había suspendido la diligencia y dado tres semanas para resolver los problemas de acceso a las pruebas. Este 4 de noviembre volvió a aplazarla.