La Corte Suprema de Justicia avanza en el proceso penal contra seis excongresistas señalados de participar presuntamente en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. La audiencia preparatoria de juicio comenzó con el objetivo de definir las pruebas que serán utilizadas durante el juzgamiento.
La diligencia se desarrolla ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal y tiene como protagonistas a Wadith Manzur, Karen Astrid Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, procesados por su presunta participación en un esquema de ofrecimientos a cambio de decisiones políticas.
Uno de los puntos centrales de esta etapa es establecer qué pruebas podrán presentarse durante el juicio, qué testimonios serán escuchados y cuáles son los elementos que respaldan las acusaciones de la Fiscalía.
Un presunto intercambio de votos por contratos
La investigación gira alrededor de un supuesto acuerdo para intercambiar votos favorables a créditos internacionales solicitados por el Gobierno por contratos de obras públicas financiados con recursos de la UNGRD.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los entonces congresistas habrían recibido ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda, durante la gestión de Ricardo Bonilla, a cambio de apoyar empréstitos internacionales por cerca de tres mil quinientos millones de dólares.
A cambio de esos votos, presuntamente se habrían gestionado contratos por más de noventa y dos mil millones de pesos para proyectos en regiones de influencia política de los congresistas.
Entre los municipios mencionados en la investigación están Cotorra, en Córdoba; Saravena, en Arauca, y El Carmen de Bolívar, en Bolívar.
Los hechos bajo investigación incluyen reuniones que, de acuerdo con el expediente, habrían ocurrido entre el cinco y el seis de diciembre de 2023.
La hipótesis de las autoridades es que los recursos públicos destinados a atender emergencias y gestionar riesgos habrían sido utilizados para favorecer intereses políticos. Sin embargo, corresponde al proceso judicial establecer qué ocurrió, cuál fue la participación individual de los acusados y si existe responsabilidad penal.
Las pruebas y los testimonios que marcarán el juicio
Durante la audiencia preparatoria, la magistrada ponente, Paula Ramírez, puso en consideración un auto interlocutorio de 667 páginas que recoge el universo de evidencias presentado por la Fiscalía, las solicitudes probatorias de las defensas y las pruebas decretadas de oficio por el tribunal.
Este documento resulta clave para delimitar el material que será debatido durante el juicio y garantizar que tanto la acusación como las defensas puedan presentar sus argumentos.
Entre los testimonios previstos están los de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, quienes han sido figuras centrales en la revelación del presunto entramado de corrupción.
También está prevista la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, así como la comparecencia de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
La lista incluye además a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso vinculados a otras líneas de investigación relacionadas con el escándalo, y la ampliación del testimonio de José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público.
Estas declaraciones podrían aportar información sobre los ofrecimientos denunciados, las gestiones para tramitar los créditos internacionales y la presunta asignación de contratos en distintas regiones.
Las defensas cuestionaron el proceso
Otro de los asuntos relevantes es que, según la información suministrada, la Corte rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por los abogados defensores.
Con ello, el proceso continúa hacia la definición de las pruebas que serán practicadas y controvertidas durante el juicio. La audiencia preparatoria no equivale todavía al juicio de fondo ni constituye una declaración de culpabilidad.
Dos de los procesados, Wadith Manzur y Karen Manrique, se encuentran detenidos preventivamente, de acuerdo con la información del caso. Los otros cuatro son Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo.
La situación jurídica de cada uno y el alcance de las pruebas deberán evaluarse individualmente, respetando la presunción de inocencia.
El proceso busca esclarecer el destino de los recursos
El caso de la UNGRD ha puesto bajo la lupa la presunta utilización de contratos públicos para conseguir respaldos políticos en decisiones relacionadas con el endeudamiento internacional del país.
Ahora, la etapa preparatoria busca dejar definido el material probatorio con el que las partes sostendrán sus posiciones ante la Corte Suprema de Justicia.
Los testimonios de antiguos funcionarios de la UNGRD, del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia serán relevantes para reconstruir cómo habrían operado los ofrecimientos, quiénes habrían intervenido y si existió una relación entre los votos de los congresistas y la asignación de contratos.
El objetivo del proceso será determinar si las acusaciones tienen sustento y establecer la eventual responsabilidad penal de cada uno de los seis excongresistas.
Por ahora, la Corte avanza en la organización del debate probatorio de uno de los capítulos judiciales más relevantes del escándalo de corrupción de la UNGRD.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Quiénes son los seis excongresistas procesados?
Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo.
¿Cuál es la principal acusación?
Un presunto intercambio de votos favorables a créditos internacionales por contratos de obras públicas financiados con recursos de la UNGRD.
¿Qué testigos están previstos para el juicio?
Olmedo López, Sneyder Pinilla, María Alejandra Benavides, Carlos Ramón González, Iván Name y Andrés Calle, entre otros.
¿Qué se busca con la audiencia preparatoria?
Definir las pruebas y los testimonios que se presentarán durante el juicio, en el que se determinará si existe responsabilidad penal de los acusados.