Gloria Elena Arizabaleta Corral ya no es congresista. No alcanzó a terminar su periodo porque la Procuraduría General de la Nación, en medio de una investigación disciplinaria, la suspendió. El Ministerio Público la procesa por un posible prevaricato.
La Corte Suprema de Justicia hace lo propio. En el despacho del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala Especial de Instrucción, arrancó un expediente por el mismo delito. Arizabaleta, sostienen por ahora las autoridades, se extralimitó.
Rodríguez ordenó inspeccionar la oficina de Arizabaleta, que sigue en el Edificio Nuevo del Congreso aunque la vallecaucana no ejerza. La primera diligencia fue el 11 de junio, un día después de un auto en el que Arizabaleta ordenó suspender al presidente Gustavo Petro.
El mismo jueves, el abogado Alejandro Carranza, defensor del mandatario en todo tipo de causas, denunció a la representante porque, según el propio jefe de Estado aseguró, les había pedido puestos a varios integrantes del gabinete ministerial.
“Yo sé que hay evidencias, pero estará en manos de los ministros y de otros funcionarios revelar esas evidencias, para que sea la Corte la que determine si son o no pruebas”, expresó el jurista, quien habló de “un patrón de comportamiento” de la congresista.
La tesis de Petro y Carranza es que, como el Gobierno no cedió a supuestas presiones y aparentes “mensajes velados” de la representante, ella decretó una medida provisional que apartaba del cargo al mandatario hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Las inspecciones que la Corte Suprema ordenó contra Gloria Arizabaleta
Al final, la cautela nunca ocurrió. Después del revuelo que desató a once días de la contienda entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, Gloria Arizabaleta recordó que toda suspensión debía enviarse a la Comisión de Acusación en grado de consulta.
El magistrado Misael Rodríguez ordenó una segunda inspección. Este martes, 23 de junio, funcionarios comisionados por la Sala de Instrucción volvieron a la oficina de la congresista del Pacto Histórico, para seguir recaudando pruebas en el expediente penal.
“A mí se me pidió varias veces servir como una especie de vehículo, frente a lo cual me rehusé”, manifestó Carranza el 11 de junio durante la primera diligencia. “Varias veces hablamos de que las cosas se deben hacer en estricto derecho”, añadió.
La Procuraduría, por su parte, suspendió a Arizabaleta, exesposa de Roy Barreras y cofundadora de la Fuerza de la Paz, el partido del que pidió la escisión. La entonces representante instructora tenía facultades para suspender a Gustavo Petro como aforado constitucional, porque la Comisión de Acusación es el único órgano competente en cualquier asunto contra el presidente de la República.
Pero, como en el derecho disciplinario cotidiano, el que adelanta el Ministerio Público, la medida debe ser aprobada por la sala instructora, que en ese caso es la Comisión de Acusación en pleno, en la que durante las sesiones ordinarias del Congreso fue imposible alcanzar un quórum para sesionar o votar.
El fallido intento de suspender a Gustavo Petro
La representante tuvo que modificar su auto, precisamente para incluir el trámite automático de consulta que la Comisión debía agendar, aunque no lo hizo a tiempo: las sesiones ordinarias terminaron el 20 de junio, y un mes después se posesiona el nuevo Legislativo.
Gloria Arizabaleta permanece suspendida todo ese tiempo. Sin la presidenta y sin quórum suficiente, la petición de suspender al presidente Gustavo Petro por sus trinos y discursos a favor del candidato oficialista, Iván Cepeda, no produjo ningún efecto jurídico.
Lo que queda es una andanada de denuncias e investigaciones por supuesto prevaricato. Antes de la suspensión de la Procuraduría, la Sala de Instrucción le asignó por reparto a Misael Rodríguez una denuncia contra Arizabaleta por ese delito.
Para la Procuraduría, la representante pudo haber incurrido en prevaricato al ordenar una medida cautelar “sin acreditar el análisis de los requisitos para la procedencia” ni enviar el auto al grado de consulta.
El Ministerio Público empezó a colectar varias pruebas para solidificar el expediente, y Arizabaleta desde entonces no puede devengar su salario. El procurador general, Gregorio Eljach, tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión, pues la Sala Disciplinarias de Instrucción le envió la decisión, también en grado de consulta.
Los casos de presunto prevaricato en la Corte Suprema y en la Procuraduría
La Comisión de Acusación debe entregar información sobre el expediente 7525, que inició de oficio y que derivó en la controversial orden de suspensión.
El procurador Eljach pidió el 25 de mayo un informe sobre cómo avanzaban los procesos contra el jefe de Estado por indebida participación en política, pero la respuesta de la célula legislativa fue incompleta y, de hecho, no incluyó ese caso.
Además, la corporación explicará cómo opera por dentro, cómo se asignan representantes investigadores, cómo es el procedimiento interno para cada decisión, etcétera. Eljach ha calificado en el pasado el funcionamiento de la Comisión como un “desgreño” sin radicaciones ni consolidados claros.
La actuación de Arizabaleta puso en riesgo los principios de dignidad humana, legalidad de la actuación disciplinaria y debido proceso, “que prevalecen frente a la limitación en el ejercicio del cargo” del presidente Gustavo Petro, de acuerdo con el auto de catorce páginas que abre la investigación en contra de la representante.
“Emerge la necesidad de preservar el debido proceso en la actuación disciplinaria que se surte en contra del primer mandatario, así como asegurar el acatamiento a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación”, añadió el ente de control.
Gloria Arizabaleta había organizado una rueda de prensa en Bogotá para responderle al presidente Petro, quien la acusó de supuesta extorsión. Tras la suspensión provisional de parte del Ministerio Público, canceló el evento.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Corte Suprema investiga a Gloria Arizabaleta?
La Sala de Instrucción abrió un expediente por presunto prevaricato tras la decisión de la entonces representante de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. La justicia busca establecer si actuó por fuera de sus competencias o si desconoció los procedimientos exigidos para adoptar una medida de ese alcance.
¿Qué busca la Corte con las inspecciones a la oficina de Arizabaleta?
El magistrado Misael Rodríguez ordenó dos diligencias para recaudar documentos, comunicaciones y otros elementos de prueba relacionados con el expediente que dio origen al intento de suspensión del mandatario. La información será incorporada a la investigación penal que avanza en la Corte Suprema.
¿Por qué la Procuraduría suspendió a Gloria Arizabaleta?
El Ministerio Público considera que la excongresista pudo haber incurrido en prevaricato al decretar una medida cautelar sin sustentar adecuadamente los requisitos legales y sin surtir oportunamente el trámite de consulta ante la Comisión de Acusación. Por esa razón fue apartada provisionalmente del cargo mientras avanza la investigación disciplinaria.
¿La orden de suspender a Gustavo Petro tuvo efectos jurídicos?
No. Aunque Arizabaleta expidió el auto, la decisión nunca entró en vigor porque requería ser revisada por la Comisión de Acusación en grado de consulta. La falta de quórum y el cierre de las sesiones ordinarias del Congreso impidieron que ese trámite se completara, por lo que la medida no produjo consecuencias sobre el ejercicio del cargo presidencial.