Corte Suprema ordena que caso de niño arhuaco mutilado siga en la justicia ordinaria

La Corte Suprema mantuvo la competencia penal ordinaria por lesiones a un niño arhuaco y ordenó destrabar, con consulta previa, su adopción.
Comunidad Arhuaca Crédito: Colprensa

Una decisión de la Corte Suprema de Justicia vuelve a poner sobre la mesa la protección de los derechos de los niños indígenas y los límites de la jurisdicción especial indígena cuando están comprometidos los derechos fundamentales de un menor de edad.

El alto tribunal determinó que el proceso penal por las graves lesiones que sufrió un niño indígena arhuaco, cuya mutilación de sus genitales habría sido ocasionada presuntamente por su tío, debe continuar en la justicia penal ordinaria.

La decisión se conoce después de que las autoridades tradicionales arhuacas hubieran absuelto al señalado agresor, al considerar que las lesiones que sufrió el menor se habían producido de manera accidental.

Sin embargo, el caso llegó nuevamente a la Corte Suprema mediante una acción de tutela presentada por autoridades indígenas y por el propio hombre que estaba siendo procesado en la justicia ordinaria.

La justicia ordinaria mantiene el caso

La pretensión de los accionantes era dejar sin efectos la decisión que había determinado que el proceso debía ser conocido por la jurisdicción penal ordinaria y conseguir que el expediente regresara a la justicia indígena, donde el señalado agresor ya había sido absuelto.

No obstante, la Sala resolvió negar las pretensiones de la tutela. Es decir, se mantiene la competencia de la justicia penal ordinaria para continuar con el proceso por los hechos que afectaron al niño.

Pero la Corte fue más allá de resolver la controversia sobre cuál jurisdicción debía conocer el expediente.

Al revisar integralmente el caso, los magistrados encontraron que existía una situación que requería una intervención adicional: la protección de los derechos fundamentales del menor, teniendo en cuenta su condición de niño indígena y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.

Hay que destacar que fue precisamente esa revisión la que llevó al alto tribunal a impartir nuevas órdenes relacionadas con su futuro.

Un proceso de adopción paralizado durante más de un año

La Corte encontró que el menor ya había ingresado al sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y que había sido declarado en situación de adoptabilidad.

Sin embargo, el procedimiento para avanzar en su adopción llevaba poco más de un año detenido.

El obstáculo estaba relacionado con el trámite de consulta previa con las autoridades indígenas, un procedimiento que debía adelantarse para continuar con las actuaciones correspondientes.

Por esa razón, la Sala ordenó al Ministerio del Interior agilizar esa consulta con las autoridades arhuacas, para evitar que el proceso de protección del niño continúe estancado.

Pero la orden no se dirigió exclusivamente al Gobierno nacional.

Sumado a eso, la Corte también les pidió a las autoridades indígenas que colaboren y faciliten el desarrollo de ese trámite de consulta interna, con el propósito de que pueda avanzar el procedimiento de adoptabilidad.

De esta manera, el alto tribunal busca que las diferencias entre las jurisdicciones y los trámites administrativos no terminen convirtiéndose en una barrera para garantizar los derechos del menor.

La protección del niño, por encima de una discusión procesal

Para adoptar estas determinaciones, la Corte Suprema acudió al artículo 44 de la Constitución Política, que establece la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás.

También tuvo en cuenta las disposiciones del Código de Infancia y Adolescencia y las Reglas de Brasilia, que establecen garantías especiales para las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y necesitan acceder efectivamente a la administración de justicia.

La Sala explicó que su intervención no podía limitarse a estudiar las pretensiones concretas de quienes presentaron la tutela.

Por eso acudió a sus facultades extra y ultra petita en materia de familia, que le permiten adoptar medidas adicionales cuando son necesarias para garantizar una protección integral de los derechos comprometidos.

En este caso, eso significó no solamente mantener el proceso penal en la justicia ordinaria, sino también intervenir frente a la demora que enfrenta el procedimiento de adopción del niño.

La decisión deja dos instrucciones centrales, por un lado, que la investigación y el proceso penal continúen en la jurisdicción ordinaria, y por otro, que el Ministerio del Interior y las autoridades arhuacas destraben los trámites necesarios para avanzar en la adopción del menor.

El objetivo es que el niño no siga esperando mientras se resuelven las diferencias institucionales y los procedimientos entre las autoridades.