El Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, por medio del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, rechazó las nuevas amenazas y señalamientos de muerte difundidos a través de un panfleto atribuido a las denominadas farc-EP, Estado Mayor Central, que se conocieron este martes 25 de noviembre en el nororiente del Cauca, en el cual se declara objetivo militar y se establece un plazo de 28 horas a varios integrantes de la Guardia Indígena y del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos para que renuncien a sus ejercicios organizativos y salgan del territorio con sus familias.
¿Qué implican las amenazas recientes contra la Guardia Indígena?
Estos hechos ocurren en medio de una arremetida violenta, amenazas, hostigamientos y ataques contra las comunidades, el proceso organizativo y miembros de la guardia indígena, quienes mantienen los ejercicios de cuidado y defensa territorial. “Dichos actos constituyen una agresión directa contra la autonomía de los pueblos y contra los esfuerzos comunitarios que venimos tejiendo para sostener la vida en medio de la guerra”, indica un comunicado dado a conocer por la organización indígena.
“Rechazamos de manera enfática las acusaciones infundadas y falsas con las que se pretende ensuciar, estigmatizar y criminalizar a los integrantes de la guardia indígena, señalándolos como colaboradores del ELN y del Frente 57 en un intento de legitimar futuras agresiones y asesinatos. Tales señalamientos no solo son falsos, son una estrategia perversa que busca fracturar la confianza, dividir a las comunidades y debilitar el control territorial, mingas comunitarias y procesos humanitarios y de construcción de paz que adelantamos en nuestros territorios”, asegura el Cric.
¿Qué le exige el Cric al Estado tras las amenazas?
Agrega el pronunciamiento que “a los grupos armados y la sociedad en general les decimos: No respaldamos a ningún grupo armado. Nuestra lucha es por la vida, la pervivencia de los pueblos y la defensa de los territorios. Quienes amenazan, señalan o asesinan a nuestros comuneros y comuneras no son revolucionarios, son criminales que accionan sus armas contra el pueblo de la misma forma que lo hicieron los paramilitares años atrás. Nuestra respuesta seguirá siendo la misma: la resistencia. No vamos a ningún lado, nadie nos va a sacar de nuestros territorios, ningún guardia va a ser expulsado de su propia tierra”.
De igual manera, desde los territorios se exigió al Estado colombiano, en especial a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al Ministerio del Interior y a las entidades del Sistema Nacional de Derechos Humanos, la activación inmediata de las rutas de protección individual y colectiva para garantizar la vida e integridad de los comuneros amenazados y de sus familias.
También se hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a la CIDH y a las misiones de verificación y acompañamiento humanitario, a mantener vigilancia y seguimiento urgente sobre esta situación, en la que se evidencia un patrón sistemático de persecución y riesgo extremo contra la guardia indígena y equipos de derechos humanos que realizan acciones humanitarias en el departamento del Cauca.