Un juez de conocimiento de Bogotá ordenó mantener la medida de aseguramiento contra cuatro de los cinco presuntos responsables de los actos de tortura previos al homicidio del joven Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón, en hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga en la localidad de Rafael Uribe en el sur de Bogotá.
Por decisión del juzgado la medida de aseguramiento se mantiene en el caso Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega López, y Juan Sebastián Ávila. En el caso de Solangie Trujillo, seguirá vinculada al proceso, pero podrá enfrentar el juicio en su contra en libertad.
Para el juzgado es claro que sí hay una inferencia razonable de que se trato de un plan criminal orientado a causarle daño y una violencia excesiva que resultó con la muerte del joven Juan Felipe Rincón.
Este proceso se soporta en la investigación de la Fiscalía orientada a que no solamente atentaron contra la vida y la dignidad de Juan Felipe Rincón, sino que lo torturaron y cometieron otras serie de delitos al instrumentalizar a otras menores de edad.
Familia de Juan Felipe Criollo pide llamar a juicio a los implicados
El abogado Juan Felipe Criollo se declaró a la espera de que prontamente la Fiscalía radique el escrito de acusación contra los implicados en estos graves hechos.
Según el jurista la familia recibió con mucho respeto y destaca la decisión, porque se constituye en la confirmación de los expuesto por la representación de víctimas en una denuncia donde se insiste en la necesidad de investigar los hechos previos concomitantes al fallecimiento del hijo del general Rincón.
“Ahora nos queda esperar que la Fiscalía radique el escrito de acusación y posteriormente, ir a una audiencia para enfrentar el juicio en el que la representación de víctimas insistirá que sí existe una clara responsabilidad penal por parte de los involucrados en el expediente”, dijo el abogado Criollo.
El dictamen de Medicina Legal
En su momento, la juez de primera instancia resaltó el informe de Medicina Legal que detectó una docena de golpes con objetos contundentes en el cuerpo del joven previo a haber recibido un impacto con proyectil de arma de fuego en su tórax.
Aunque el caso se venía manejando sólo por el delito de homicidio, desde hace varios meses el nuevo fiscal del proceso abrió una línea de investigación por la supuesta tortura que sufrió el joven antes de su muerte.
Con base en las pruebas se determinó que la muerte del joven fue causada por trauma torácico por arma de fuego, pero también sufrió golpes previos que generaron intenso dolor y sufrimiento. “La agresión fue violenta y desproporcionada, dejando a la víctima en un estado de indefensión”.
Para la judicatura la medida de aseguramiento resulta urgente, necesaria y proporcionada para los cinco presuntos implicados en este caso ya que se constituyen en un peligro para las víctimas y la comunidad.
¡No se trató de una riña callejera!
Según el fiscal delegado los diferentes pruebas permitieron determinar que no se trató de una riña callejera sino de un ataque brutal tras un plan criminal.
“No fue una riña callejera, golpearon a la víctima con objetos con tal violencia que un arma traumática se destruyó por la fuerza con la que lo golpearon. Y en este caso, se indica cómo un objeto diseñado para soportar un uso intensivo fue destrozado a golpes contra un cuerpo humano”, indicó.
Así mismo, sostuvo que “esa duración y ensañamiento, esa golpiza no cesó, ni siquiera cuando el escolta, identificándose como Policía, realizó disparos de advertencia. Los agresores continuaron golpeándolo. Eso revela que no sólo buscaban lesionar, sino aniquilar simbólicamente a la víctima”, manifestó el fiscal delegado.