Gremios económicos en el Catatumbo advierten que están al borde del colapso por aumento de extorsiones

Tres días se cumplen de la suspensión de operaciones de estaciones de combustible por amenazas de grupos armados.
Región del Catatumbo. Crédito: Gobernación del Norte de Santander

La presión que están ejerciendo las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc al comercio en el municipio de Tibú (Norte de Santander), está ocasionando una grave crisis económica, advirtieron los empresarios de esa región del país.

Sectores de la agroindustria, la industria petrolera y la construcción, son los más perjudicados, debido a las constantes amenazas y presiones extorsivas por parte de estos actores armados, que siguen en confrontación en el Catatumbo.

Esto se suma a la suspensión de las operaciones de distribución de combustibles como gasolina y diésel, debido a las extorsiones que recientemente fueron denunciadas por los propietarios de estos negocios.

Afectaciones a la economía local

Las intimidaciones obligaron a suspender las operaciones de por lo menos diez estaciones de servicio, limitando la distribución de combustibles como gasolina y diésel en la región.

Los representantes de las estaciones de combustible en el Catatumbo le confirmaron a la FM que a través de mensajes de texto, la guerrilla del ELN les exigió el pago de aproximadamente $7 millones cada tres meses, a cada una de las estaciones de servicio en la zona.

Esa situación podría desencadenar una crisis económica y un impacto fuerte en la empleabilidad de la región, que pone en riesgo también la competitividad de los sectores económicos en el Catatumbo.

Otros sectores económicos afectados

A través de un comunicado, los gremios y empresarios indicaron que la delicada situación que se está presentando en la zona de Tibú, afecta notablemente a los transportadores de carga, que han sido víctimas de cobros ilegales por parte del ELN.

El sector advirtió que esos hechos vulneran el derecho al trabajo, ya que se están exigiendo sumas de dinero para permitir el ingreso a la zona y el transporte de productos básicos como carbón, aceite de palma, petróleo y maquinaria.

"Están exigiendo cobros entre los $300.000 y $400.000 mensuales por cada uno de los vehículos. Adicionalmente, se están exigiendo hasta 10 meses de retroactividad, lo cual resulta completamente desproporcionado, injustificado y caprichoso porque existen vehículos que no han ido a la zona con anterioridad", manifestaron desde el gremio transportador.

Debido a estas condiciones, muchos propietarios de vehículos han tomado la decisión de no ingresar a la zona, afectando gravemente la economía, el abastecimiento y la estabilidad laboral de cientos de familias.

El gremio hizo un llamado urgente a las autoridades como el Ejército y la Policía Nacional, a la Gobernación y la Alcaldía, para que actúen frente a esas intimidaciones.

Por otra parte, la ANDI Seccional Norte de Santander, expresó su preocupación frente al deterioro de las condiciones de seguridad en el departamento, especialmente en la región del Catatumbo, y su impacto directo sobre la operación empresarial, el abastecimiento y la estabilidad económica regional.

"En los últimos meses se ha venido consolidando un entorno cada vez más adverso para el desarrollo de actividades productivas, particularmente en el sector minero energético y en las cadenas asociadas", señaló el gremio.

La ANDI agregó que "entre los hechos más relevantes se destacan la suspensión de operaciones de Ecopetrol en el Catatumbo debido a la situación de orden público, las afectaciones al bloque Carbonera de gas en el municipio de Sardinata, derivadas de bloqueos, restricciones a la movilidad y riesgos para el personal operativo, y la interrupción del suministro de gas domiciliario en el municipio de Tibú, producto de amenazas de grupos armados".

De igual forma, otras de las dificultades que se registran en la zona están relacionadas con la distribución de GLP en municipios del oriente del departamento, afectando el abastecimiento de hogares y comercios.

También hay pérdidas sostenidas en el sistema eléctrico, derivadas de conexiones ilegales y afectaciones a la infraestructura que impactan la operación.

"Estos eventos no son aislados, configuran un entorno sistemático de presión sobre la actividad empresarial, que está llevando a la reducción, suspensión o cierre de operaciones. Esto pone en riesgo no solo a las empresas directamente afectadas, sino a toda su cadena de valor, incluyendo proveedores, transportadores, comercios y miles de empleos formales", puntualizó el gremio.

Claves del tema: cuatro preguntas

¿Qué afectaciones a la economía se pueden presentar en la zona?

El desabastecimiento de combustible por la suspensión de la operación de diez estaciones de servicio, por las amenazas de los actores armados que hacen presencia en la zona.

¿Qué exigen las autoridades y las comunidades?

Una respuesta oportuna y contundente de las autoridades a nivel local, regional y nacional para contrarrestar este complejo panorama.