Daniel Rico, experto en cultivos ilícitos, explicó en La FM que Colombia enfrenta el desafío de reducir la presencia de cultivos de coca en parques naturales, resguardos indígenas y territorios colectivos, donde, según señaló, podría estar ubicada entre la mitad y dos tercios de la coca del país.
El especialista sostuvo que la aspersión aérea no puede ser aplicada actualmente en estas zonas bajo las condiciones normativas existentes y planteó que el problema requiere una estrategia que combine seguridad, control territorial y desarrollo.
Durante una entrevista, Rico señaló que no existe una solución única para enfrentar los cultivos ilícitos, debido a las diferencias entre los territorios donde se concentra esta actividad. Explicó que cada zona tiene dinámicas particulares y cuenta con diferentes condiciones legales y constitucionales que deben ser tenidas en cuenta al momento de definir las acciones.
El experto también se refirió a la falta de información actualizada sobre la cantidad y ubicación de los cultivos. Según explicó, las cifras que se han utilizado corresponden a la medición realizada en diciembre de 2024, por lo que no existe una medición que permita conocer cómo cambió la distribución durante 2025.
“Hoy no tenemos una foto actualizada de cuántas hectáreas y en dónde está distribuida la coca”, afirmó Rico.
De acuerdo con su explicación, entre la mitad y dos tercios de los cultivos podrían encontrarse actualmente en un parque natural, un resguardo indígena o un consejo comunitario. En esos territorios, sostuvo, no sería posible recurrir a la aspersión aérea, por lo que se necesita encontrar otros mecanismos de intervención.
Rico señaló que el problema no comenzó únicamente con la suspensión de la aspersión y sostuvo que los cultivos también aumentaron en determinados territorios durante períodos anteriores. Por eso, consideró que la discusión debe centrarse en establecer qué tipo de intervención puede realizarse en lugares donde existen restricciones para utilizar determinados mecanismos.
¿Cuál debería ser la estrategia para reducir los cultivos de coca?
Para Rico, la política contra los cultivos ilícitos debe recuperar experiencias que ya fueron implementadas en Colombia. El experto señaló que el país cuenta con funcionarios civiles y militares que participaron en programas anteriores y que adquirieron conocimiento sobre la manera de intervenir territorios afectados por la presencia de grupos armados y cultivos ilícitos.
“Colombia tiene una experiencia, tiene una experticia de cómo reducir, de cómo controlar el territorio”, aseguró.
Entre las experiencias que mencionó están los programas de consolidación desarrollados en La Macarena y el Plan Colombia. Según explicó, en esos procesos se logró reducir la presencia de cultivos de coca y afectar las fuentes de financiación de las estructuras armadas que operaban en esas zonas.
Rico consideró que no es necesario comenzar nuevamente desde cero para diseñar una política contra los cultivos ilícitos. En su opinión, se deben revisar las estrategias anteriores, identificar cuáles funcionaron y recuperar parte del conocimiento acumulado.
El experto ubicó alrededor de 2012 un punto de referencia para analizar el cambio que tuvo la política antinarcóticos en Colombia. Desde allí, planteó que se debería revisar el camino recorrido y las medidas que tuvieron resultados.
En ese contexto, explicó que un eventual piloto de aspersión en Nariño y Putumayo puede formar parte de una estrategia, pero no puede representar por sí solo la respuesta al problema.
“Un piloto en Nariño y Putumayo es un componente, pero no es una estrategia”, dijo.
Rico también planteó que el debate debe ir más allá de determinar si se utiliza glifosato o glufosinato. Para el experto, la discusión debe incluir el control territorial, la seguridad, la presencia institucional y las condiciones de desarrollo de las comunidades que viven en las zonas donde se concentran los cultivos.
¿Quién controla los territorios donde se cultiva coca?
Al explicar cómo funciona la cadena de los cultivos ilícitos, Rico sostuvo que actualmente existen diferentes grupos que ejercen control sobre las poblaciones y determinan las condiciones bajo las cuales se desarrolla esta economía.
El experto señaló que existe una percepción equivocada sobre la libertad que tendrían los campesinos para decidir si cultivan o no coca. Según explicó, en diferentes territorios hay estructuras armadas que establecen qué deben sembrar las familias y cuánto reciben por esa producción.
“Esto es un monopolio armado donde hay alguien con un fusil que le dice a unas familias rurales qué es lo que tienen que sembrar y a cómo se lo van a pagar”, afirmó.
Rico también explicó que la cadena del narcotráfico está conformada por diferentes niveles. Por un lado, está la economía de las familias campesinas que cultivan la hoja de coca y la transforman en pasta base. Por otro, están las actividades relacionadas con la transformación de esa pasta, las rutas de salida y la comercialización de la cocaína.
Según el experto, los grupos internacionales de narcotráfico no necesariamente tienen interés en controlar directamente los cultivos o relacionarse con los productores. Explicó que su participación suele ubicarse en otros eslabones de la cadena.
“Ellos están en eslabones mucho más arriba”, sostuvo.
Sobre la presencia de organizaciones mexicanas, Rico explicó que hubo lugares y períodos específicos en los que participaron en la compra de base de coca. Sin embargo, señaló que esta situación no representa toda la estructura del negocio.
Para el experto, actualmente existen muchos actores y divisiones dentro de la cadena de los cultivos ilícitos, pero hay un elemento que se mantiene: el control territorial ejercido por estructuras criminales.
¿Por qué las transferencias de dinero no serían suficientes para sustituir la coca?
Rico también se refirió a los programas mediante los cuales el Estado entrega recursos a campesinos para sustituir los cultivos de coca por productos legales. Frente a la posibilidad de retomar estos pagos, sostuvo que la experiencia de más de tres décadas muestra que las transferencias directas no son suficientes para transformar una economía rural.
“La transformación de una economía es un proceso complejo y de largo plazo, y no se resuelve con transferencias económicas directas”, afirmó.
Según explicó, algunos programas enfrentaron problemas relacionados con el retraso en los pagos, la verificación y el uso de los recursos. También señaló que en determinados casos las personas podían recibir dinero para sustituir los cultivos y, al mismo tiempo, mantener la producción de coca en otros lugares.
Rico mencionó además un efecto que, según su investigación, pudo presentarse cuando se ofrecieron subsidios por hectárea. Explicó que algunas personas que no cultivaban coca pudieron considerar rentable comenzar a sembrarla para acceder posteriormente a los recursos destinados a la sustitución.
Por eso, sostuvo que la sustitución debe estar acompañada de seguridad y desarrollo territorial. En su opinión, no se trata únicamente de entregar dinero para retirar una planta y sembrar otra.
El experto aseguró que existen experiencias en las que la integración entre seguridad y desarrollo permitió obtener resultados y señaló que estas pueden ser revisadas para diseñar nuevos programas.
También hizo referencia a una investigación que realizó con información hasta 2015. Según indicó, el 95 % de las inversiones en desarrollo alternativo para sustituir la coca se realizaron en veredas donde no había cultivos de coca.
“Estaban, la coca estaba por un lado y los programas de desarrollo por otro”, explicó.
Para Rico, uno de los problemas de estos programas fue que los recursos no siempre llegaron a los territorios donde se necesitaban. Mencionó necesidades como carreteras, electrificación y títulos de propiedad para las fincas.
El experto también cuestionó el manejo de recursos de algunos programas y señaló casos de corrupción y clientelismo. En particular, hizo referencia a programas en los que participaron organismos de Naciones Unidas y sostuvo que hubo problemas en la administración de esos recursos.
¿Colombia puede reducir nuevamente los cultivos de coca?
Rico rechazó la idea de que Colombia se encuentre ante una situación sin posibilidad de solución. Según explicó, el país ya ha enfrentado períodos en los que las condiciones de seguridad y control territorial eran diferentes y logró reducir la presencia de cultivos.
“En Plan Colombia estábamos mucho más difícil y salimos adelante”, aseguró.
El experto consideró que actualmente el desafío es diferente porque las estructuras y las condiciones territoriales cambiaron. Por eso, señaló que no se puede trasladar de manera directa una estrategia anterior al escenario actual.
Rico sostuvo que tampoco sería realista plantear la eliminación inmediata de cientos de miles de hectáreas de coca. Según explicó, existen restricciones legales, falta de recursos y limitaciones operativas que impedirían una intervención de esa magnitud.
“Aquí toca ir paso a paso, ir levantando obstáculos”, manifestó.
En ese proceso, consideró necesario fortalecer la coordinación entre las entidades y aprovechar la experiencia de funcionarios que participaron en programas antinarcóticos durante diferentes gobiernos.
El experto también planteó que el Gobierno debería abrir espacios de diálogo con personas que trabajaron en estas políticas durante las administraciones de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, independientemente de las diferencias políticas entre esos gobiernos.
Para Rico, el conocimiento sobre los territorios es necesario para construir una estrategia que responda a las condiciones actuales. Por ello, insistió en que el país debe evitar la improvisación y establecer objetivos que puedan desarrollarse de manera progresiva.
“No hay resultados mágicos, no hay atajos y esto toma mucho tiempo y mucha consistencia y coordinación entre las entidades”, concluyó.
¿Dónde está concentrada parte de la coca del país?
Según Daniel Rico, entre la mitad y dos tercios de los cultivos de coca podrían estar ubicados en parques naturales, resguardos indígenas y consejos comunitarios. En estos territorios existen restricciones para aplicar aspersión aérea, por lo que se requieren otras alternativas de intervención.
¿Qué propone para enfrentar los cultivos ilícitos?
El experto plantea recuperar experiencias de programas anteriores y combinar seguridad, control territorial y desarrollo. También considera necesario mejorar la coordinación entre las entidades y utilizar el conocimiento acumulado por funcionarios que han trabajado en estas políticas.
¿Por qué cuestiona los pagos directos a los campesinos?
Rico sostiene que las transferencias económicas no son suficientes para transformar una economía rural. Según explicó, estos mecanismos pueden presentar problemas de verificación y, en determinados casos, generar incentivos para mantener o incluso iniciar cultivos de coca.