El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses decidió zanjar sus propias certezas. En medio de un aparente conflicto institucional con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que entregó los restos del cura Camilo Torres, el Instituto llegó a la misma conclusión a partir de una prueba genética.
Fuentes de la entidad le confirmaron a La FM el hallazgo, que se hará oficial públicamente este martes, 24 de febrero, más de una semana después de la entrega digna de los restos al sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien buscaba al padre guerrillero desde 2019. A Medicina Legal le faltaba contrastar el material genético de Torres con el de su madre, Isabel Restrepo Gaviria, sepultada en Cuba.
La Unidad de Búsqueda consideró que no necesitaba ese resultado específico, pues contaba con otro tipo de pruebas que, en conjunto, daban cuenta de la identidad de Torres. Como el tamaño del cura, superior al promedio de la época, los trozos de sus prendas de vestir y la revisión de testimonios de varias fuentes.
Junto a la disputa institucional, la riña por la memoria del cura también se trasladó a los estrados judiciales, sesenta años después de su muerte, a través de un mecanismo legal que ni siquiera existía cuando el Ejército lo abatió en Santander. La Universidad Nacional, donde fue capellán y docente, está en el centro de la riña jurídica.
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá admitió una tutela de Ricardo Ruiz Castro, un excontratista de la Alcaldía de Bogotá, y Diego Garzón Rincón, economista de la Nacional. Los demandantes alegan que la universidad y su rector —que hasta la semana pasada fue Andrés Mora en interinidad— vulneraron sus derechos fundamentales.
Tania Jaime Martínez, la jueza 54, les dio a las partes del proceso dos días para pronunciarse. El amparo fue contra la Universidad Nacional, el Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá y el Ministerio de las Culturas, y la togada vinculó además a la Unidad de Búsqueda, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud capitalina.
La tutela que busca frenar el osario en la Universidad Nacional
Ruiz y Garzón aseguran que la institución, la autoridad del patrimonio en Bogotá y la cartera de las artes quebrantaron sus derechos al debido proceso, la participación ciudadana, el patrimonio cultural y la salubridad pública, por la construcción de un osario en la capilla Cristo Maestro, en el campus bogotano de la Nacional.
El propósito del osario es sepultar los restos del sacerdote Camilo Torres, el primer capellán de la Cristo Maestro. Murió en combate en San Vicente de Chucurí, en Santander, el 15 de febrero de 1966. La Unidad de Búsqueda encontró sus restos tras incluirlo en las más de 135 mil personas desaparecidas en el conflicto armado.
Tres semanas después del anuncio público del avance de los análisis forenses sobre un hallazgo en Bucaramanga que podría corresponder al cura, la directora de la Unidad —la médica Luz Janeth Forero— presidió el domingo 15 de febrero un acto reservado de entrega digna de las piezas al sacerdote jesuita Javier Giraldo.
Giraldo, un teólogo y defensor de derechos humanos de 82 años, pidió en 2019 poner en marcha la búsqueda de Torres, y el domingo participó en una eucaristía en su honor, precisamente, en la capilla Cristo Maestro. No es parte del expediente de la tutela de Ruiz y Garzón, pero es el troncal impulsor de inhumar a Torres en la ermita.
La ceremonia religiosa no se vio interrumpida ni siquiera por el ingreso masivo y desautorizado de más de setecientos manifestantes afro y campesinos a la principal sede de la Nacional. Los protestantes se instalaron en la Concha Acústica, a metros de la capilla. La convulsa universidad sigue siendo sede de trifulcas.
En la noche del 18 de febrero, el mismo miércoles en que protestantes de la Nacional se tomaron la Calle 26 de Bogotá para protestar por el reintegro de Ismael Peña en la rectoría, el sacerdote Giraldo lideró una ceremonia para consolidar el reposo de Torres en el osario. Desde entonces, el cura guerrillero descansa en paz.
Entrega digna, controversia forense y decisiones judiciales
La intención de Ricardo Ruiz y Diego Garzón era frenar la construcción del osario donde yace lo que queda del religioso, como medida provisional y como pretensión de fondo. La jueza Martínez negó la cautela en el auto de cuatro páginas que admitió la tutela: “en el presente asunto no resulta procedente acceder”.
“No se evidencia la posible configuración de un perjuicio irremediable” si la construcción sigue, afirmó la togada, y el fin de la cimentación “debe ser estudiado en el fondo del asunto y decidido en el momento de proferir sentencia”.
El Instituto de Patrimonio, la Unidad de Búsqueda, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional ya respondieron, de acuerdo con un documento de una página que firmó la secretaria Karol Marcela Barbosa Poveda, que La FM conoció en primicia y que le pide a la jueza Martínez emitir un fallo.
Un día antes de la entrega de la Unidad al padre Giraldo, el Instituto de Medicina Legal, que no tenía custodia de los restos pero que colabora activamente con la Unidad en la identificación de cuerpos exhumados, aseguró que no había culminado los cotejos forenses del cura, “por dificultades en el estado de los restos óseos”.
El director del Instituto, Ariel Emilio Cortés, informó sin embargo que “una muestra biológica” parecía ser concluyente. La Unidad, que ya contaba con otros análisis técnicos que confirmaban el hallazgo del religioso Torres, decidió en todo caso concluir los deseos del sacerdote Giraldo y de familiares de Torres.
Semanas atrás, la Unidad de Búsqueda no confirmaba que el material era irrefutablemente del bogotano, pero sí lo presumía. "Los datos recabados con la investigación humanitaria, extrajudicial, neutral e imparcial", describió en su momento, condujeron a "la presunta localización" del cadáver.
La muerte, el ocultamiento y la disputa por el legado del cura guerrillero
Juan Camilo Torres Restrepo murió a los 37 años, en su primer combate como parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más longeva de América, transformada en un cartel narcotraficante. Los militares que le dieron muerte ocultaron su cuerpo, y el ELN lo reclamaba cada vez que iniciaba un proceso de paz.
La investigación sobre sus restos, que la Unidad ha recalcado como neutral e imparcial, llevó a contrastar fuentes, documentos históricos, técnicas geomáticas, antropológicas y forenses, y testimonios, como el del general Álvaro Valencia Tovar, otrora amigo de Torres y luego comandante de la operación que lo mató.
Valencia, coronel en la época de la muerte de Torres, conocía al católico desde la infancia. Luego de enterarse de que su unidad acribilló al padre, ordenó introducir sus restos en un modesto cofre color caoba, y encabezó una ceremonia junto a un capellán para depositar la urna en un nicho alto de un recién nacido panteón militar.
El equipo que dio con el baúl buscó por dos años. Lo que quedó ya está inhumado en la sede principal de la Universidad Nacional, donde Torres, compañero de Gabriel García Márquez, cofundó la facultad de Sociología. Los huesos habían sido untados con formol, lo que progresivamente dañó el material genético.
Torres se convirtió en un ícono para el ELN. Javier Giraldo impidió que el grupo se apropiara de lo tangible de su legado. En Colombia fue pionero de la teología de la liberación, una corriente de pensamiento que difundió la iglesia católica para anclar la religión a la realidad social y la superación de las desigualdades.
Su paradero fue un dilema porque nunca hubo señales claras de sepultura o de entrega a su familia. La guerrilla transformó su imagen en un imaginario que con los años tergiversó para sustentar una interminable lucha armada que le dio paso al narcotráfico, la extorsión, los secuestros y las crisis humanitarias.