Tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la recuperación de las comunidades afectadas sigue enfrentando serias dificultades.
La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta por las barreras que persisten para garantizar los derechos de las familias damnificadas, especialmente en materia de vivienda, salud, educación, atención humanitaria y recuperación económica.
Las cifras dimensionan la magnitud de la emergencia. De acuerdo con el Registro Único de Damnificados, con corte al 3 de noviembre, hay 363.791 familias y 776.119 personas afectadas.
Sumado a ese dato, 104.049 viviendas se encuentran inhabitables, otras 19.149 fueron destruidas y 119.748 presentan daños.
En ese mismo sentido, hay que destacar un balance de 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas, según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 27 de octubre.
La emergencia también dejó afectaciones en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, además de daños en vías, acueductos y puentes.
Las barreras para acceder a las ayudas
Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría está en el Registro Único de Damnificados. La entidad advierte que no existe una ruta general para incorporar nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños que aparecieron después del cierre del proceso de inscripción.
Esto significa que familias que resultaron afectadas pueden quedarse por fuera de las ayudas, teniendo en cuenta que estar inscrito en ese registro es un requisito para acceder a los beneficios.
Según la misma Defensoría, la situación es particularmente preocupante en Risaralda, donde se reportan más de 70.000 inconsistencias en la clasificación de las viviendas. Y en Pereira, con corte al 7 de octubre, 3.098 familias todavía no habían cobrado el beneficio económico.
También el informe destacó que hay dificultades con los subsidios de arrendamiento. El apoyo establecido es de un millón 50 mil pesos mensuales durante tres meses, pero la Defensoría advierte que ese tiempo resulta insuficiente frente a los plazos estimados para reconstruir las viviendas, que pueden extenderse entre 12 y 18 meses.
A esto se suma la escasez de inmuebles disponibles, una situación que ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no reúnen condiciones adecuadas de seguridad.
En materia de alojamientos temporales, el seguimiento identificó 15 espacios activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda, donde permanecían 457 personas. La preocupación es que no existen protocolos claros para cerrar esos albergues ni alternativas habitacionales dignas para quienes deben salir de ellos.
Hospitales y colegios siguen afectados
La alerta también se extiende a los servicios de salud. Aunque las autoridades anunciaron sedes transitorias y planes de reconstrucción hospitalaria, las verificaciones de la Defensoría evidencian una reducción en la capacidad de atención, demoras en consultas especializadas, entrega de medicamentos y autorizaciones.
Uno de los casos señalados es el Hospital La Misericordia de Calarcá, en Quindío, que continuaba funcionando con daños en sus muros y rutas de evacuación, además de una reducción cercana al 50 por ciento en su capacidad de personal e infraestructura.
En Risaralda también se reportaron demoras en citas, autorizaciones y medicamentos. Incluso, el Hospital Universitario San Jorge suspendió servicios a afiliados de Nueva EPS.
En educación, pese a los anuncios del Ministerio de Educación sobre la recuperación del servicio para todos los estudiantes afectados, todavía hay niños y jóvenes que no han podido regresar a clases presenciales o que no cuentan con instalaciones seguras.
En el Valle del Cauca, al 15 de octubre, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales.
Y en Calarcá, la institución educativa San Bernardo tiene a más de 1.000 estudiantes recibiendo clases en 81 carpas, con dificultades de acceso a energía, baños y sistemas adecuados de drenaje.
La Defensoría también encontró problemas en el Programa de Alimentación Escolar, relacionados con alimentos en mal estado, entregas incompletas y retrasos.
Mujeres, niños y comunidades étnicas, entre los más vulnerables
Además de lo ya mencionado, la Defensoría hace un llamado que tiene que ver con la protección de las poblaciones que enfrentan riesgos particulares durante la emergencia.
La entidad advierte dificultades para activar oportunamente las rutas de atención frente a las violencias basadas en género y para garantizar entornos seguros, especialmente después de la salida de las familias de los albergues.
También persisten barreras para que las comunidades étnicas sean reconocidas en los registros y puedan acceder a las ayudas.
En el componente económico, la recuperación tampoco está garantizada. Campesinos, trabajadores informales y pequeños emprendimientos necesitan apoyos para restablecer sus actividades productivas y recuperar sus medios de vida.
La reconstrucción tiene un déficit de 50 billones de pesos
Pero uno de los puntos más preocupantes del informe está en la financiación de la reconstrucción.
La Defensoría advierte que el Plan de Acción Específico tiene un costo estimado de 58,29 billones de pesos. Sin embargo, solamente 8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados. Esto deja una brecha de financiación de 50,08 billones de pesos.
La preocupación es que esos recursos identificados incluyen anuncios de entidades públicas, cooperantes y empresas, pero no existe suficiente claridad sobre cuánto dinero está realmente disponible, cuánto ha sido apropiado presupuestalmente y cuánto se encuentra en ejecución.
De hecho, la entidad señala que la única fuente que cuenta con un monto y un cronograma ciertos es una adición al Presupuesto General de la Nación por 624.656 millones de pesos, provenientes de un crédito contingente con el Banco Mundial.
También advierte dificultades de articulación entre el Fondo Milagro, creado para administrar los recursos de asistencia humanitaria, reconstrucción y reactivación económica, y el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El llamado de la Defensoría
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo pide establecer una ruta extraordinaria para actualizar el registro de damnificados, corregir inconsistencias y garantizar que ninguna familia afectada quede excluida de las ayudas.
En ese mismo sentido, se reclama que los subsidios de arrendamiento sean suficientes frente a los tiempos reales de reconstrucción y que ningún alojamiento temporal sea cerrado sin garantizar previamente una alternativa digna y segura para sus ocupantes.
De acuerdo con la entidad, se insiste en priorizar la recuperación de hospitales y colegios, garantizar la continuidad de los tratamientos médicos y de la educación, y proteger especialmente a mujeres, niños, adultos mayores, comunidades étnicas y personas con discapacidad.
Además, pide asegurar la financiación del Plan de Acción Específico, con recursos disponibles, responsables definidos y cronogramas verificables.
La advertencia de fondo es que la respuesta no puede quedarse en la atención inmediata de la emergencia. Tres meses después del terremoto, el desafío sigue siendo garantizar que las familias puedan recuperar sus viviendas, sus actividades económicas y, sobre todo, sus condiciones de vida.
La Defensoría insiste en que la reconstrucción debe convertirse en un proceso sostenible, con protección de derechos y soluciones reales para las comunidades que todavía esperan recuperar lo que perdieron.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Cuántas personas resultaron afectadas por el terremoto del 10 de agosto?
De acuerdo con el Registro Único de Damnificados, 776.119 personas y 363.791 familias resultaron afectadas, con corte al 3 de noviembre de 2026.
¿Cuántas viviendas quedaron afectadas por el terremoto?
104.049 viviendas quedaron inhabitables, 19.149 fueron destruidas y otras 119.748 presentan daños.
¿Cuánto dinero necesita Colombia para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto?
El Plan de Acción Específico estima un costo de 58,29 billones de pesos. De ese total, hay 8,21 billones identificados y una brecha de financiación de 50,08 billones.
¿Qué problemas enfrentan actualmente las familias damnificadas?
La Defensoría identificó barreras para acceder a subsidios de arrendamiento, inconsistencias en el registro de damnificados, dificultades en la atención hospitalaria, problemas para regresar a clases y falta de alternativas habitacionales y recursos para la recuperación económica.