La Defensoría del Pueblo alertó por el incremento de la violación de los derechos humanos en varios departamentos, en los que niños y mujeres son víctimas de abusos sexuales por parte de los grupos ilegales.
“Se evidencia la vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes en Chocó, Arauca, Guainía, Vichada, Amazonas, Cauca, Nariño, Putumayo, en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), así como en la subregión Catatumbo”, reseña el documento.
Para la entidad, es importante que las mujeres y población en general tengan acceso oportuno, seguro y digno a servicios de salud integral.
“Las dinámicas de control ejercidas por los grupos armados ilegales restringen gravemente el acceso a la salud, la autonomía reproductiva y sexual y la integridad física y emocional de mujeres, niñas y adolescentes; enfrentan un riesgo diferenciado y desproporcionado”, asegura la Defensoría.
También causa preocupación las imposiciones sobre la libertad sexual y de género (violencias correctivas) y por “castigo” ejercidas por los actores armados.
En el Catatumbo: “mujeres sobrevivientes del conflicto reportan embarazos como resultado de la violencia sexual perpetrada por integrantes de estructuras armadas ilegales”, prohibición del uso de métodos anticonceptivos y cualquier acompañamiento en planificación familiar, secuelas físicas graves y altos niveles de estrés postraumático.
Según la Defensoría, el 20% de las mujeres consultadas en estas zonas afirmaron tener infecciones de transmisión sexual (ITS) agravadas por la falta de atención médica, y el 80% de las mujeres desplazadas manifestó miedo constante debido a la presencia armada en el territorio.
“La entidad también constató dificultades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ya que las amenazan, las hostigan, e incluso son objeto de represalias letales si llegan a hacerlo. El personal médico y de salud también es blanco de amenazas si brinda servicios u orientación profesional”, cita la entidad.
Igualmente, se destaca la situación en Chocó, en donde se incrementaron los delitos de explotación sexual, trata de mujeres migrantes y niñas de 10 a 12 años. “Parteras y personal médico han sido amenazados cuando intentan brindar atención en salud, y han sido reportados asesinatos de personas tras ser obligadas a someterse a pruebas rápidas de ITS por grupos armados”, asegura la Defensoría.
En Buenaventura, se han perpetrado feminicidios, se registra un aumento de la violencia sexual contra adolescentes y mujeres migrantes, amenazas a personal de salud y dificultades extremas para acceder a medicamentos.
Por otra parte, mientras que en Arauca alertaron sobre asesinatos de mujeres migrantes en contexto de violencia armada, confinamientos que impiden el acceso a servicios básicos y agresiones contra personal sanitario, en Guainía y Vichada han identificado niñas con VIH asociado a explotación sexual, graves barreras para acceder a atención médica y reclutamiento forzado de menores.
“Estas realidades evidencian violencia sexual sistemática, explotación, embarazos forzados, trata de personas, prohibición de métodos anticonceptivos, negación del acceso a servicios de salud”, reseña el informe.
Finalmente, sobre la situación en Amazonas, Cauca, Nariño y Putumayo, se informa que ha habido aumento de mortalidad materna y los confinamientos forzados han impedido el acceso a servicios de salud. Además, las comunidades indígenas denunciaron el aumento de embarazos adolescentes.
Ante el complejo panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno: “Es clave el acceso oportuno, seguro y digno a servicios de salud sexual y reproductiva y atención diferencial en salud mental y salud integral para las mujeres en todas sus diversidades”.