Defensoría emite alerta urgente para Atrato (Chocó) por combates y presencia de grupos armados ilegales

El escenario de riesgo, según la Defensoría del Pueblo, se divide en tres dinámicas violentas: ELN, Clan del Golfo y las bandas criminales.
Municipio de Atrato, en el departamento del Chocó. Crédito: Cortesía Facebook alcaldía de Atrato (Chocó).

La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana para advertir frente a las amenazas del conflicto armado y la criminalidad que pesan sobre habitantes del municipio de Atrato, en el departamento del Chocó.

La entidad advierte que el riesgo es preocupante para Yuto, su cabecera municipal y los corregimientos Doña Josefa, Samurindó, Arenal, La Molana, San José de Purré, Real de Tanandó, Motoldo, San Martín de Purré, Puente de Paimadó y Puente de Tanandó.

Presencia y control del ELN, Clan del Golfo, Los Zetas y Los Mexicanos

El escenario de riesgo, según la Defensoría del Pueblo, se divide en tres dinámicas principales. La primera es el control territorial de la guerrilla del ELN en las zonas rurales dispersas.

La segunda es la expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), desde la zona urbana hacia el área rural, con el propósito de controlar las rentas ilícitas.

Y la tercera corresponde a la incursión de los grupos de crimen organizado Los Mexicanos y Los Zetas, que llegan desde el municipio de Quibdó y realizan alianzas con el ELN para cometer delitos.

Entre 2024 y 2025 ocurrieron secuestros y toma de rehenes contra personas servidoras públicas; también se ha reportado una tendencia al aumento de homicidios y extorsiones a comerciantes, mujeres y hombres que viven del servicio de transporte.

Sobre este último tema, se pasó de tres denuncias en 2024 a 14 casos en 2025, además de que existe un alto subregistro de situaciones por el temor de la comunidad a denunciar, según la Defensoría.

Grupos ilegales restringen a comunidades afrocolombianas

La Defensoría del Pueblo también advirtió que los grupos armados ilegales ejercen una fuerte amenaza armada para restringir la autonomía de las comunidades afrocolombianas.

Entre sus acciones se encuentran la imposición de paros armados, van seis registrados entre 2024 y lo corrido de 2026 por el ELN, restricciones de horarios, marcación de viviendas con grafitis del autodenominado EGC e instalación de bafles con explosivos y banderas alusivas a los grupos en zonas civiles.

“Estas acciones buscan ejercer control sobre las comunidades e incidir en las decisiones de los consejos comunitarios. Además, la Defensoría ha documentado graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), como amenazas a la misión médica para priorizar atenciones a combatientes y la utilización de lugares de culto y centros educativos para instalar propaganda armada”, explicaron en un comunicado.

Daños a medio ambiente y peligros para menores de edad

El accionar bélico y extractivo también genera daños irreparables al río Atrato debido al uso de mercurio en la minería ilegal y la deforestación controlada por los actores armados no estatales.

Según la Defensoría del Pureblo, el riesgo es crítico para la niñez y la adolescencia, pues son víctimas de reclutamiento, uso y utilización ilícitos.

Advierte también que el ELN les vincula para operaciones militares mientras que el autodenominado EGC les utiliza como "campaneros" e induce al consumo de sustancias psicoactivas para que posteriormente las comercialicen.

Además, que las mujeres y la población con orientación sexual e identidad de género no hegemónica enfrentan riesgos de violencias basadas en género ante el repliegue de grupos criminales desde Quibdó.

Ante este panorama de riesgo, la Defensoría del Pueblo formuló en su AT 011-26 un total de 32 recomendaciones a los ministerios del Interior, Defensa, Salud y Educación, la Gobernación del Chocó, a la Fiscalía General de la Nación, entre otras entidades.

El organismo busca que haya una respuesta rápida para la disuasión de la violencia, salvaguarda de los derechos a la vida, integridad y seguridad, protección de liderazgos sociales, así como investigación judicial efectiva para desmantelar las estructuras criminales que delinquen en el municipio.

Claves del tema, en cuatro preguntas:

¿Qué detalla la Alerta Temprana de la Defensoría para Atrato (Chocó)?

La Alerta Temprana en Atrato (Chocó) emitida por la Defensoría del Pueblo advierte sobre el riesgo crítico que enfrentan Yuto y diez corregimientos, ante el conflicto armado. El documento señala que la población civil está bajo la presión de tres dinámicas delictivas: el control rural del ELN, la expansión territorial del Clan del Golfo y la incursión de bandas criminales como Los Mexicanos y Los Zetas, quienes ejecutan alianzas estratégicas para dominar las rentas ilícitas.

¿Cómo delinquen los grupos armados ilegales en el Chocó?

Los grupos armados ilegales ejercen un control social asfixiante en el Chocó mediante la imposición de paros armados, restricciones de horarios y la marcación de viviendas con grafitis. La Defensoría reporta graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que incluyen la instrumentalización de centros educativos y lugares de culto para propaganda, así como amenazas directas a la misión médica para obligar la atención prioritaria de combatientes heridos en la zona.

¿Cuál es el impacto del conflicto armado en la niñez y el medio ambiente de Atrato?

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, el conflicto armado y el medio ambiente en el municipio de Atrato sufren consecuencias devastadoras por la minería ilegal con mercurio y la deforestación controlada por estructuras criminales. Paralelamente, la niñez enfrenta un riesgo crítico de reclutamiento forzado, debido a que el ELN vincula a menores para operaciones militares y el Clan del Golfo los utiliza como informantes o los induce al consumo y comercialización de sustancias psicoactivas.

¿Qué delitos han aumentado en Atrato, según cifras de la Defensoría del Pueblo?

Los homicidios y las extorsiones en Atrato muestran una tendencia al alza sumamente preocupante, destacando que las denuncias por extorsión pasaron de 3 casos en 2024 a 14 reportes en 2025. A esta situación se suman secuestros de servidores públicos y una creciente violencia de género contra mujeres y población con orientación sexual diversa, delitos que presentan un alto subregistro debido al temor generalizado de la comunidad para denunciar ante las autoridades.