La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 020 de 2026 por los riesgos para las comunidades de la cabecera municipal de El Bagre, Bajo Cauca de Antioquia, y de los corregimientos Puerto López y Puerto Claver, producto de la intensificación de la disputa entre grupos armados ilegales en la zona.
La Defensoría explicó que la emisión de la alerta obedece a la intensificación de la disputa territorial, poblacional y financiera entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo, autodenominado EGC y el Frente 4.º del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc. El conflicto, para la entidad, se centra en el control de zonas estratégicas para la captación de rentas ilícitas derivadas de la explotación aurífera en la serranía de San Lucas y sectores como Guamocó y Mina Nueva.
La Defensoría también advierte sobre la intensificación del uso de vehículos aéreos no tripulados conocidos como drones, modificados con artefactos explosivos. Desde junio pasado, estos ataques han sido más frecuentes, lo cual ha generado efectos indiscriminados y sembrado el temor en la población civil.
Disputa armada genera crisis humanitaria
Advirtieron que esta dinámica ha provocado una grave crisis humanitaria. Solo en un evento ocurrido en junio de este año, donde fueron lanzados 12 explosivos desde drones, 61 familias tuvieron que desplazarse. Igualmente, cientos de familias permanecen restringidas en sus territorios debido a las hostilidades y la presencia de municiones sin explotar en sus cultivos.
Adicional a ello, ha habido asesinatos selectivos y violencia contra personas socialmente marginadas, a quienes se les acusa de colaborar con el bando contrario. La Defensoría reveló también que los grupos armados ilegales han impuesto una férrea gobernanza armada, prohibiendo el tránsito de personas después de las 6:00 p. m. en vías rurales y exigiendo el pago de "vacunas" equivalentes al 10 % de la producción de oro.
“La población civil, incluyendo a mototaxistas y arrieros, es frecuentemente instrumentalizada para el transporte de insumos o el retiro de cuerpos de combatientes. Riesgo crítico para comunidades étnicas y menores de edad. El riesgo es especialmente crítico para los pueblos indígenas Zenú (resguardos Los Almendros y Brojolá) y comunidades afrocolombianas, cuyos territorios colectivos y autonomía están amenazados”, indicaron en un comunicado.
Asimismo, la Defensoría alertó sobre el impacto en niñas, niños y adolescentes (NNA), pues enfrentan riesgos de reclutamiento ilícito, accidentes con minas antipersonal y graves afectaciones a su salud mental.
Defensoría formula 14 recomendaciones
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI 020 de 2026 un total de 14 recomendaciones dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, entre otros entes del orden nacional, departamental y local.
Todas tienen como finalidad implementar acciones de disuasión e investigación de los factores de amenaza, mitigación de las vulnerabilidades detectadas, prevención de violaciones a los derechos humanos y al DIH, protección diferencial de las poblaciones en riesgo y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales existentes. Es por ello que las entidades deben adoptar estas recomendaciones bajo un enfoque de seguridad humana.
La Defensoría del Pueblo advirtió que les hará seguimiento a estas recomendaciones bajo un enfoque de seguridad humana, instando al Estado a proteger efectivamente la vida y el tejido social en El Bagre.
Preguntas y respuestas
¿Por qué la Defensoría del Pueblo emitió una alerta para El Bagre?
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 020 de 2026 debido a los riesgos que enfrentan las comunidades de la cabecera municipal de El Bagre y de los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver. Según la entidad, estos riesgos están relacionados con la intensificación de la disputa territorial, poblacional y financiera entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo, autodenominado EGC, y el Frente 4.º del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc. La confrontación estaría relacionada con el control de zonas estratégicas para la captación de rentas ilícitas derivadas de la explotación aurífera.
¿Qué papel tienen los drones en la situación de seguridad de El Bagre?
La Defensoría alertó sobre un incremento en el uso de vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, que habrían sido modificados para transportar y lanzar artefactos explosivos. Según la entidad, estos ataques se han vuelto más frecuentes desde junio y han generado efectos indiscriminados y temor entre la población civil. En uno de los hechos registrados en junio, fueron lanzados 12 explosivos desde drones y 61 familias tuvieron que desplazarse de sus territorios.
¿Qué afectaciones está generando la confrontación armada en las comunidades?
La disputa entre los grupos armados ha generado, según la Defensoría, una grave crisis humanitaria. Además del desplazamiento de familias, cientos de personas permanecen restringidas en sus territorios debido a las hostilidades y a la presencia de municiones sin explotar en zonas de cultivo. También se han registrado asesinatos selectivos y violencia contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario, mientras los grupos armados habrían impuesto restricciones al tránsito por vías rurales después de las 6:00 p. m. y exigido pagos equivalentes al 10 % de la producción de oro.
¿Qué comunidades se encuentran entre las más afectadas?
La Defensoría señaló que existe un riesgo especialmente crítico para los pueblos indígenas Zenú, particularmente los resguardos Los Almendros y Brojolá, así como para comunidades afrocolombianas. La entidad advierte que sus territorios colectivos y su autonomía están amenazados por la dinámica de confrontación y control armado. También llamó la atención sobre la situación de niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan riesgos de reclutamiento ilícito, accidentes con minas antipersonal y graves afectaciones a su salud mental.