Ante la escalada terrorista que se vive en Casanare, donde esta semana hubo un atentado terrorista por medio del del cual fueron asesinados dos policías, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana y pide medidas para proteger a la población civil.
La entidad enfatizó en que el departamento requiere, con urgencia, respuestas concretas y articuladas para garantizar la protección de la vida e integridad de las comunidades.
Por ello, la alerta se emitió para los municipios de Salina, Sácama y Támara, así como sectores de Hato Corozal, ante la expansión de la confrontación armada de los grupos criminales. Dicha alerta consta de 28 recomendaciones estratégicas dirigidas a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal.
¿Por qué se emite la alerta temprana de la Defensoría en Casanare?
En la mañana de este domingo 14 de noviembre, la Defensoría del Pueblo hizo referencia a la escalada terrorista que atraviesa el departamento de Casanare e hizo énfasis en el impacto humanitario que puede generar afectaciones para los grupos de especial vulnerabilidad.
La entidad alerta por el riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales, incluso para actividades relacionadas con la confrontación armada.
Además, explica que pone en riesgo al pueblo indígena U'wa, que es víctima de amenazas, estigmatización y desplazamiento.
A este panorama se suman las amenazas contra los firmantes del Acuerdo de Paz y la intimidación constante a lideresas y líderes de juntas de acción comunal y servidores públicos locales.
Los detalles de la alerta temprana para Casanare
En consecuencia, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 027 de 2026 ante el riesgo de intensificación de la confrontación entre el ELN y el Estado Mayor Central de las disidencias en La Salina, Sácama, Támara y sectores de Hato Corozal, incluido el resguardo indígena Chaparral Barro Negro.
La entidad formuló 28 recomendaciones para prevenir el desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y otras vulneraciones de derechos humanos. También pidió medidas urgentes de protección para las comunidades indígenas, líderes sociales y personas firmantes del Acuerdo de Paz.
Para la Defensoría, "la expansión de la confrontación armada desde Arauca hacia el noroccidente del Casanare, pone en alto riesgo los derechos humanos de la población de los dos departamentos. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 027 de 2026, solicitando al Estado proteger a los habitantes de esa zona del país".
La entidad explicó que, "el escenario de riesgo advertido se caracteriza por el posible aumento de la confrontación armada y de las acciones violentas derivadas de la disputa territorial entre el Frente Adonay Ardila Pinilla, adscrito al Frente de Guerra Oriental del ELN, y el Frente 28, del Comando Conjunto de Oriente del Estado Mayor Central de las disidencias".
Otro de los puntos importantes de esta alerta, es que identifica un proceso de retoma y expansión territorial del Frente 28, con apoyo del Frente 10, mediante el traslado de su estructura armada y la instalación de campamentos en zonas de difícil acceso.
También hace referencia a las acciones terroristas del ELN para contener su progresión en el territorio.
"Los municipios alertados se ubican en corredores estratégicos de movilidad del Piedemonte Llanero que conectan al Casanare con Arauca, Boyacá y el centro del país. Esta ubicación es aprovechada por las estructuras armadas ilegales para movilizar a sus integrantes, transportar armas e insumos, instalar campamentos y ejercer mecanismos de control territorial", dijo la Defensoría.
Control social de los grupos armados en Casanare
En esta alerta, la entidad también denuncia presiones y cobro de ‘impuestos’ a comerciantes, contratistas y empresas que están en la región.
"La Defensoría del Pueblo advierte sobre la intensificación de las prácticas de control social y coacción ejercidas por los grupos no estatales sobre la población civil", señaló.
Estas presiones se relacionan con la existencia de ‘manuales de convivencia’, registros casa a casa, requisas de dispositivos móviles, censos y confinamientos.
Adicionalmente, "se tiene conocimiento de la instalación intensiva de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar. La presencia de estos artefactos en caminos veredales, predios agrícolas y proximidades de centros educativos constituye una amenaza constante contra la vida de las y los pobladores, y limita severamente las actividades cotidianas", agregó la entidad.
¿Cuáles son las comunidades que están en riesgo?
La Defensoría explicó que el impacto humanitario puede generar afectaciones diferenciadas en grupos de especial vulnerabilidad.
La entidad alerta sobre las afectaciones y amenazas a la autonomía y al gobierno propio del pueblo indígena U'wa.
También advierte sobre amenazas, estigmatización y desplazamiento que afectan a personas firmantes del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación y la intimidación constante a lideresas y líderes de juntas de acción comunal y servidores públicos locales.
Recomendaciones estratégicas de la Defensoría en Casanare
Ante esta crítica situación humanitaria, la Defensoría del Pueblo formuló 28 recomendaciones estratégicas dirigidas a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal.
"La entidad hace un llamado al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, fuerza pública, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unidad Nacional de Protección , Unidad para las Víctimas, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Gobernación de Casanare y alcaldías locales", dice el documento.
Para la entidad, estas recomendaciones se estructuran en ocho ejes fundamentales:
- Coordinación de la respuesta rápida a cargo de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas.
- Disuasión del contexto de amenaza.
- Investigación y acceso a la justicia.
- Prevención y protección.
- Fortalecimiento comunitario y organizativo.
- Asistencia y acción humanitaria integral.
- Mitigación de vulnerabilidades sociales.
- Seguimiento del Ministerio Público.
Principales afectaciones diferenciadas por el conflicto en Casanare
Pueblo indígena U'wa:
Comunidades de los resguardos Chaparral Barronegro y Huanua-Rauriwa, y el asentamiento Kera Sikara, afectados por utilización y presencia armada en territorios indígenas, retenes ilegales y riesgo de combates.
Comunidades campesinas:
Habitantes de zonas rurales dispersas expuestos a restricciones a la movilidad, riesgo de confinamiento, extorsión y accidentes con minas antipersonal.
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes:
En riesgo de reclutamiento forzado, uso en labores de inteligencia y logística, desescolarización y accidentes por artefactos explosivos cerca de escuelas.
Lideres sociales y comunales:
Integrantes de juntas de acción comunal, lideresas y líderes de víctimas, defensores de derechos humanos y autoridades tradicionales intimidados y coaccionados.
Personas firmantes del Acuerdo de Paz:
Firmantes en proceso de reincorporación, asociados a iniciativas como Forjando Sueños de Paz. Son perseguidos, amenazados y forzados al desplazamiento.
Autoridades locales y servidores públicos:
Alcaldes, concejales, personeros y contratistas forzados a acudir a campamentos armados e intimidados en el ejercicio de sus funciones.
Mujeres rurales y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas:
Expuestas a violencias basadas en género, estigmatización y control social estricto de vestimenta y comportamiento.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué razón emitió la Defensoría la Alerta Temprana en Casanare?
La Defensoría emitió la alerta debido a la escalada terrorista y al riesgo inminente de intensificación de los combates entre el Frente Adonay Ardila Pinilla (del ELN) y el Frente 28 del Estado Mayor Central (disidencias) en los municipios de La Salina, Sácama, Támara y sectores de Hato Corozal. Esta confrontación responde a una expansión territorial desde Arauca a través de corredores estratégicos del Piedemonte Llanero.
¿Qué poblaciones y grupos comunitarios se encuentran en situación de especial vulnerabilidad?
La alerta destaca afectaciones diferenciadas sobre el pueblo indígena U'wa (amenazas a su autonomía, estigmatización y desplazamiento), niñas, niños y adolescentes (riesgo de reclutamiento forzado y accidentes por explosivos), personas firmantes del Acuerdo de Paz en reincorporación, lideresas y líderes comunales, así como servidores públicos locales e integrantes de la comunidad campesina.
¿Qué prácticas de coacción y control social ejercen los grupos armados en la zona?
Los grupos armados imponen 'manuales de convivencia', registros casa a casa, requisas de dispositivos móviles, censos obligatorios, confinamientos y cobro de extorsiones o 'impuestos' a comerciantes y contratistas. Adicionalmente, han sembrado de forma intensiva minas antipersonal y artefactos explosivos en caminos veredales, predios agrícolas y cercanías de centros educativos.
¿Cuántas recomendaciones formuló la Defensoría del Pueblo y en qué ejes se dividen?
La entidad formuló 28 recomendaciones estratégicas dirigidas a autoridades del orden nacional, departamental y municipal. Estas se estructuran en ocho ejes fundamentales: respuesta rápida, disuasión de la amenaza, investigación y justicia, prevención y protección, fortalecimiento comunitario, asistencia humanitaria integral, mitigación de vulnerabilidades sociales y seguimiento por parte del Ministerio Público.