Denuncian desplazamiento de decenas de campesinos en El Tarra, Norte de Santander

Las confrontaciones entre disidencias y ELN ponen en riesgo a estas personas. Además, siguen los ataques indiscriminados con drones.
Familias campesinas desplazadas del Catatumbo llegan a Ocaña tras los enfrentamientos entre el ELN y el Ejército en zonas rurales de Tibú y El Tarra. Crédito: La FM

Los más recientes combates entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo han aumentado los niveles de riesgo para las comunidades civiles, que quedan en medio de estas confrontaciones.

Desde el pasado fin de semana, posterior al proceso electoral, la zona norte del municipio de El Tarra ha sido impactada de manera directa por los bombardeos y ataques de los cuales están siendo objeto las comunidades campesinas e indígenas que habitan el territorio. Los cuales han optado por salir desplazados, huyendo de la guerra para no convertirse en una víctima más de este conflicto.

Según información de las comunidades y defensores de derechos humanos, dos personas fueron asesinadas y varias más fueron secuestradas y llevadas con rumbo desconocido por un actor armado que está en disputa en la región. Situación que ha creado un ambiente de temor y zozobra entre sus habitantes.

Alerta de la Defensoría del Pueblo:

La Defensoría del Pueblo confirmó el desplazamiento forzado de por lo menos 293 núcleos familiares, integrados por 784 personas. Estos provenían de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, zonas rurales del municipio de El Tarra, Norte de Santander.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por la agudización de la situación humanitaria en la región del Catatumbo, donde continúan registrándose hechos de violencia que están generando nuevos desplazamientos masivos y aumentando los riesgos para la población civil", manifestó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.

Llamado a garantizar los derechos de los desplazados:

De igual forma, la entidad hace un llamado urgente a los grupos en confrontación, para que dejen por fuera del conflicto a las comunidades campesinas y civiles.

"Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria integral e inmediata a las familias desplazadas, así como para fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio. Además, instamos a que se activen los espacios de articulación y coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de garantizar de manera sostenida e ininterrumpida la atención a las familias desplazadas", puntualizó.

Otras acciones violentas en la región:

La activación de explosivos transportados por drones causó la muerte de un adulto mayor y heridas a varias personas en una zona rural de este municipio del Catatumbo.

Situación que también ha llamado la atención de la Defensoría del Pueblo, que rechazó de manera enfática estos hechos.

Se reportó un nuevo ataque con artefactos explosivos presuntamente lanzados mediante drones en zona rural del municipio de El Tarra, hecho que habría dejado una persona fallecida y otras más heridas. Las dificultades de acceso y comunicación en el territorio aún limitan la verificación completa de la situación humanitaria".

Según oenegés, se han presentado más de 70 ataques contra la comunidad en el Catatumbo, dejando como resultados más de 20 víctimas mortales en este periodo entre población civil e integrantes de la Fuerza Pública.

Preguntas clave del tema

¿Qué llamado urgente hacen los defensores de derechos humanos ante la crisis humanitaria?

Una petición inmediata de cese de hostilidades y respeto estricto al DIH fue formulada por las organizaciones sociales y las administraciones locales hacia todos los actores armados, con el objetivo de frenar el uso de tecnologías de guerra que hoy amenazan directamente la integridad de las comunidades rurales.

¿Qué ataques con drones cargados con explosivos se registran en el Catatumbo?

Los ataques con drones equipados con artefactos explosivos se han incrementado de forma crítica por parte de los grupos armados ilegales, contabilizando más de 70 acciones violentas dirigidas contra la población civil y la fuerza pública que han cobrado la vida de más de 20 personas en zonas rurales como Filogringo y los municipios de El Tarra y Tibú.