Denuncian uso de la IA para dirigir drones contra civiles y la fuerza pública en el Catatumbo

El uso de drones para lanzar explosivos contra instalaciones militares y zonas rurales evidencia la evolución de las tácticas de los grupos armados.
Mientras las Fuerzas Militares intentan tecnificarse para hacerle frente a ráfagas de ataques con drones modificados, la Defensoría del Pueblo advierte de varios retos para superar las brechas de derechos humanos en los territorios colombianos. Crédito: AFP

La guerra que se ha intensificado desde hace veinte meses en la región del Catatumbo está entrando en una nueva etapa tecnológica, que la hace más peligrosa para las comunidades civiles y campesinas que habitan esta zona del departamento. Lo que antes dependía de un combatiente que operaba manualmente un dron para lanzar una carga explosiva, ahora plantea nuevos desafíos ante la posibilidad de coordinar varios de estos dispositivos de manera simultánea mediante el uso de la inteligencia artificial.

A medida que el conflicto se intensifica en la zona, por la disputa territorial entre grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC, la transformación de las tácticas de combate avanza de manera desmesurada, sin que haya una respuesta para contrarrestar este tipo de acciones.

Cambian las reglas de fuego en medio de la guerra

La Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos alertó sobre los riesgos que enfrentan tanto la fuerza pública como las comunidades civiles y campesinas por la utilización cada vez más avanzada de estos dispositivos que son acondicionados con explosivos.

Teniendo en cuenta que los actores armados pasaron de utilizar drones echizos que podían cargar una sola granada a equipos de última tecnología que pueden descargar decenas de explosivos en tan solo meses.

Enrique Pertúz, presidente de CORPOREDDEH, denunció que los actores armados que están en territorio están utilizando la inteligencia artificial para acondicionar y dirigir cargas explosivas mediante drones para atacar estaciones de policía, batallones y viviendas de la población civil, lo cual está cambiando las reglas del fuego en el conflicto que se desarrolla en la zona.

"Anteriormente, de tierra, un guerrillero manejaba el dron que dejaba caer una bomba. Hoy ya no es un guerrillero, es la inteligencia artificial que de un solo golpe envía 43 drones, como pasó en el batallón de Convención y en Ocaña. Esta modalidad de inteligencia artificial va a cambiar las reglas de fuego en esa guerra que se está desarrollando en la subregión del Catatumbo y no estamos viendo que haya estrategias para contrarrestar esto", manifestó el líder social.

Sin embargo, lo más alarmante es la poca resistencia que tiene la fuerza pública en la región para hacerle frente a esta estrategia que están empleando los actores armados contra la comunidad y la fuerza pública; al punto que cada vez son más contundentes y efectivos estos ataques, provocando víctimas mortales. en varios puntos del Catatumbo.

Se intensifican los ataques con drones en el Catatumbo

Según un estudio de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, entre el 1 de enero de 2025 y el 8 de septiembre de 2026 se documentaron 124 víctimas por ataques con drones en Norte de Santander. Hechos que han provocado la muerte de 7 civiles y 18 integrantes de la fuerza pública. Sumado a los 44 civiles heridos y 55 lesionados por parte del Ejército y la Policía.

De ese total, 69 víctimas fueron registradas durante 2026, un aumento del 25,45 % frente a las 55 reportadas durante todo el 2025.

Uno de los ataques contra la fuerza pública se registró en las instalaciones militares en Convención y el sector de Ocaña, en los que se habría recurrido a una ofensiva coordinada con 43 drones. Además del ataque contra la base militar La Esmeralda, en Convención, ocurrido el 13 de agosto, que dejó dos militares heridos y daños en la infraestructura tras el lanzamiento de aproximadamente 43 artefactos explosivos desde drones.

Otro episodio se presentó el pasado 5 de septiembre, cuando el batallón Francisco de Paula Santander, en el municipio de Ocaña, fue atacado con múltiples drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil. Durante la acción, estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, ubicada en inmediaciones de la instalación militar, tuvieron que resguardarse debajo de sus pupitres.

La dimensión humanitaria también preocupa a las organizaciones de derechos humanos:

El impacto no se limita solo a los ataques contra la fuerza pública. Los ataques con explosivos han generado daños en viviendas, vehículos, cultivos e infraestructura, además de miedo, confinamientos y desplazamientos forzados.

A la instalación de minas antipersona y los intensos combates entre los actores armados, se suma el potencial riesgo de los drones, que están generando un fuerte impacto emocional y en la vida de los habitantes de estos municipios en el Catatumbo.

La Defensoría del Pueblo advirtió que en la última semana cerca de 200 familias habían sido desplazadas por ataques con drones en veredas de San Calixto, particularmente en el corregimiento de La Cristalina y sectores del norte del municipio. También reportó que una niña resultó herida por esquirlas de un artefacto explosivo lanzado desde uno de estos dispositivos.

Preguntas claves del tema:

¿Qué advierten los liderazgos sociales en el departamento?

CORPOREDDEH denunció que los actores armados que están en territorio están utilizando la inteligencia artificial para acondicionar y dirigir cargas explosivas mediante drones para atacar estaciones de policía, batallones y viviendas de la población civil.

¿Cuántos ataques con drones se han logrado verificar en lo que va corrido del año en el Catatumbo?

Según datos de defensores de derechos humanos, en el Catatumbo, en lo que va corrido del presente año, se han registrado más de 90 ataques con explosivos mediante drones, que han dejado por lo menos 69 víctimas; un aumento del 25,45 % frente a las 55 reportadas durante todo el 2025.

¿Cuál es el mayor desafío de la fuerza pública ante este escenario?

La evolución de esta modalidad de ataque plantea nuevos retos operacionales y humanitarios para una región que continúa padeciendo las consecuencias del conflicto armado. El desafío para las autoridades consiste en fortalecer la detección temprana, los sistemas antidrones y la protección de instalaciones militares y policiales, sin descuidar a las comunidades que habitan en las zonas de confrontación.