Tropas del Ejército Nacional desactivaron un artefacto explosivo en zona rural del municipio de Briceño, norte de Antioquia, donde -según las autoridades- guerrilleros pretendían atentar contra la fuerza pública y la misma población civil.
Sobre el artefacto improvisado, se informó que fue ubicado en la vereda El Pescado de esta localidad del norte del departamento. La destrucción de la carga fue gracias a hombres de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
Hasta el momento, se sabe que el frente 36 de las disidencias de las Farc estaría detrás de estas intimidaciones.
"En la vereda El Pescado, municipio de Briceño, Antioquia, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada ubicaron y destruyeron de forma controlada un artefacto explosivo improvisado, presuntamente instalado por el GAO-r 36", señaló el Ejército.
Alias Calarcá, cabecilla de este frente, sería el principal responsable. Recordemos que las autoridades en Antioquia ofrecen hasta 200 millones de pesos por su ubicación y posterior captura.
Antioquia, en alerta
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) entregó un informe en el que alertó sobre el eventual incremento de la violencia armada, especialmente contra líderes sociales durante el período que conducirá a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Los análisis proyectan un escenario de alto riesgo para el mes de diciembre de 2025, cuando los homicidios contra esta población podrían superar las cifras de años anteriores.
La entidad explicó que la base de esta proyección hace parte de un patrón histórico de los contextos electorales y que ha sido utilizado como un mecanismo de control sobre las comunidades.
Indepaz dice tener evidencias sólidas de una posible “instrumentalización de la violencia” contra líderes sociales para poder ejercer un control político y social en medio del contexto electoral.
En cuanto a las regiones que representan un alto riesgo de homicidios contra los defensores de derechos humanos, Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá continuarían siendo las zonas que reflejarían los patrones de violencia territoriales contra esta población.