La Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro funcionarios activos de la Policía Nacional, dos agentes del CTI y tres exfuncionarios de la Sijin y del Inpec que hacían parte de una red de corrupción judicial que exigía entre 400 y mil millones de pesos para direccionar procesos de extinción de dominio y de lavado de activos.
Los capturados por estos graves hechos son los integrantes de la Dijin de la Policía Nacional, capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo.
También fueron detenidos los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.
La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, reportó que los operativos de captura fueron realizados en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta).
Estas personas presuntamente aprovecharon los cargos que desempeñaron e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos a Juan Carlos Ramírez Taborda alias Manicomio o El piloto, quien cumplió una condena en Estados Unidos y a sus familiares para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra.
La fiscal Deicy Jaramillo señaló que se ha documentado hasta el momento eventos criminales ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025.
En los casos detectados algunos de los funcionarios implicados al parecer se reunieron con los afectados en Bogotá y Villavicencio (Meta) y exhibieron información reservada sobre procedimientos que se realizarían para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos.
Se estableció que los capturados, que desarrollaban funciones de policía judicial, alcanzaron a eliminar elementos de prueba y evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones, y constriñeron testigos para que entregaran datos falsos sobre los familiares de Juan Carlos Ramírez Taborda, en retaliación porque no pagaban las millonarias extorsiones.
También se les señala a estos funcionarios judiciales de intimidar a uno de los investigadores líderes para que les permitiera acceder a detalles de los procesos de su interés.
Ante los hechos investigados, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputarán a los capturados delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.