Juan Francisco 'Kiko' Gómez, un poderoso exgobernador de La Guajira entre 2012 y 2013, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que lo escuche una vez más. Ahora, por la bala que autoridades encontraron en una oficina del edificio de la Procuraduría, en medio de una indagación que terminó, incluso, en un traslado de cárcel.
Para Gómez y su abogado, Juan Felipe Criollo, el condenado exmandatario ha sido víctima de "señalamientos infundados", así que le piden al ente acusador programar, "con la mayor prontitud posible", una declaración bajo juramento. Las acusaciones "se construyeron indebidamente" a partir de una carta y "las inferencias" que provocó.
Un oficio que la defensa le envió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, recalca que Gómez "voluntariamente pide ser oído" y que está "dispuesto" a "responder, sin restricción alguna, todas las preguntas que se le formulen". También solicita "celeridad" en los estudios balísticos "que permitan establecer" qué ocurrió en la Procuraduría.
El exgobernador "rechaza y repudia de manera categórica" los hechos en el Ministerio Público y "manifiesta su respeto por la Corte Suprema de Justicia, por sus magistrados" y por todos los funcionarios "que han intervenido en los procesos que lo han involucrado". También niega, una vez más, haber participado en el disparo.
Los señalamientos contra Gómez han expuesto, dice el exmilitante de Cambio Radical y su representante, a su familia "al escarnio público". Bibiana Bacci, la esposa de Gómez, sus hijas Juana Yolanda y Valeria, y su hijo Fernando Andrés son "personas honestas, ajenas por completo a los hechos investigados".
"Ninguna de ellos (sic) cuenta con esquema de seguridad o medida de protección y, sin embargo, la difusión de ese señalamiento los ha colocado en una posición de riesgo real, dado que quedaron públicamente asociados a un hecho grave, expuestos a represalias, a hostigamientos y a la estigmatización", zanja la misiva.
Piso 26: la inspección de la Dijín y la hipótesis de la bala perdida
El Palacio de Justicia y el edificio de la Procuraduría General de la Nación, ambos en el centro de Bogotá y a unas cuatro cuadras de diferencia, vivieron una semana de alerta. El hallazgo de un cristal roto en la oficina de un procurador volcó los esfuerzos de la rama judicial a esclarecer lo ocurrido, en medio de sospechas por un poderoso exgobernador.
La Procuraduría ha sido hermética. La directriz por los pasillos fue no hablar del tema y dejarlo todo en manos de las autoridades. Una fuente que trabajó en el piso veintiséis del edificio del ente de control le relató a La FM que la advertencia arrancó el 31 de agosto, el lunes, cuando un delegado ante la Corte Suprema llegó a su oficina.
Pedro Luis Bonilla es uno de los encargados de la intervención del Ministerio Público en los procesos penales. En su oficina encontró indicios de dos disparos. Le contó a su círculo de confianza y a los encargados de la protección en la Procuraduría, y el rebato escaló hasta la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía.
Una comisión de la Dijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inspeccionó el piso veintiséis, que permaneció acordonado buena parte de la semana, y constató las grietas en los vidrios y un proyectil en el escritorio del procurador Bonilla. ¿Era un fusil? Corrió la voz, pero los investigadores lo descartaron.
Desde entonces, surgen tres líneas de investigación, dos relacionadas con los expedientes que maneja el procurador Bonilla y una sobre la posibilidad de una bala perdida. No fueron dos disparos, sino uno, con un proyectil de nueve milímetros de calibre. El despacho de Bonilla tiene vista a los cerros, pero el tiro no llegó desde allá.
Por el tipo de arma del que sale una bala de nueve milímetros, la distancia desde la que se apretó el gatillo no fue larga. Debajo de la planta impactada quedan las dependencias del procurador general, Gregorio Eljach, y del viceprocurador, Julián Fernández. Las pruebas balísticas corroborarán si quien disparó lo hizo desde dentro del edificio.
El fallo de la Corte Suprema que reabrió el caso de 'Kiko' Gómez
Esa es una de las hipótesis, que busca nutrirse más con testimonios que con el material probatorio directamente recaudado en el sitio: no hay cámaras de seguridad internas en el ala oriental del vigésimo sexto piso. Otra conjetura apunta a una bala perdida, pues la oficina resultó golpeada un fin de semana, cuando no había nadie por ahí.
La tercera presunción se remonta a una condena que la Corte Suprema de Justicia avaló el 29 de abril. Con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano, la Sala de Casación Penal, por unanimidad, revocó una absolución a favor del exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, mejor conocido como 'Kiko' Gómez.
Profundizar en la tercera línea exige desempolvar el accidentado recorrido judicial del exgobernador, marcado por fallos contradictorios, largas batallas legales y condenas por delitos de alta gravedad que han recorrido los tribunales durante más de una década, desde su captura en 2013 en medio del Festival del Carbón.
El Juzgado Noveno del Circuito Especializado condenó en 2017, a cuarenta años de prisión, a Gómez por concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, por los asesinatos del concejal Luis Gregorio López Peralta, en Barrancas —donde 'Kiko' fue alcalde—, y de Luis Alejandro Rodríguez y Rosa Mercedes Cabrera, en Fonseca.
Siete años después, el Tribunal Superior de Bogotá declaró la prescripción de la acción penal de los asesinatos de Rodríguez y Cabrera, revocó el primer fallo y absolvió al exgobernador del homicidio de Luis Gregorio López, aunque confirmó la condena por concierto para delinquir. Todas las partes del proceso interpusieron una casación.
En mayo, la Corte Suprema de Justicia acogió la ponencia de Urbano, aseguró que el Tribunal de Bogotá no valoró varias pruebas y que "restó alcance" a la intimidación que podría provocar Gómez. Incluso, reprochó que la segunda instancia hubiese mantenido "inactivo" el proceso por casi una década, lo que propició la prescripción.
Alerta en las altas cortes, traslado de cárcel y la constancia final de la defensa
'Kiko' Gómez cumple dos condenas. La primera, de 55 años de prisión por haber ordenado tres homicidios, y la segunda, la que resolvió la Corte Suprema. Ha pasado por varias cárceles, incluyendo La Picota, en Bogotá; El Bosque, en Barranquilla, y la de La Dorada, en Caldas, desde donde resultó trasladado hasta La Picaleña, en Tolima.
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó movilizarlo luego de reunirse con la Corte Suprema. El Inpec irrumpió en su celda mientras estaba en una llamada. El magistrado José Joaquín Urbano firmó una carta —a la que se refieren Gómez y su defensa en su pedido a la Fiscalía— retratando el sobresalto ante las posibles represalias que, insinuaba, Gómez podría tomar por su condena.
Gloria Guzmán Duque, una de las procuradoras que demandó la casación contra la absolución de 'Kiko' Gómez, fue a la oficina del togado Urbano el 26 de agosto para compartirle su "profunda preocupación" por su seguridad personal "y por la de los funcionarios judiciales que intervenimos" en el proceso contra el guajiro.
Pedro Luis Bonilla fue el procurador que sustentó la postura del Ministerio Público en la casación ante la Corte. Su oficina fue la golpeada, aunque el relato de Urbano —que llegó al presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano, y al presidente de toda la Suprema, Iván Lenis— habla de "una bala disparada" y de "dos disparos de fusil".
"Considero que existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar", dice la carta que firmó el ponente de la sentencia, que describió como "necesario y urgente" que la Policía "incremente las medidas de protección necesarias".
La solicitud de 'Kiko' Gómez y Juan Felipe Criollo a la fiscal Camargo, de seis páginas, sirvió para dejar "constancia expresa" de que Bibiana Bacci, sus hijas y su hijo "permanecerán en Colombia, continuarán con su vida personal, académica y laboral, y están desde ya a entera disposición de las autoridades".
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué ‘Kiko’ Gómez pidió a la Fiscalía que lo escuche por la bala hallada en la Procuraduría?
El exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez solicitó a la Fiscalía rendir una declaración bajo juramento para responder a los señalamientos que lo relacionan con el disparo hallado en una oficina de la Procuraduría. Su defensa sostiene que las acusaciones son infundadas y pide celeridad en los estudios balísticos que permitan establecer qué ocurrió y desde dónde fue disparado el proyectil.
¿Qué encontraron las autoridades en la Procuraduría y qué investigan sobre el disparo?
Una comisión de la Dijín y el CTI inspeccionó el piso 26 del edificio de la Procuraduría después de que se encontraran daños en los vidrios de la oficina del procurador delegado Pedro Luis Bonilla y un proyectil en su escritorio. Los investigadores establecieron que se trató de una bala de nueve milímetros y analizan tres hipótesis: que el disparo estuviera relacionado con los procesos que maneja el funcionario, que hubiera sido una bala perdida o que el proyectil hubiera sido disparado desde el mismo edificio.
¿Qué relación tiene ‘Kiko’ Gómez con la alerta de seguridad en la Procuraduría y la Corte Suprema?
La principal línea que relaciona el caso con el exgobernador surgió después de que la Corte Suprema revocara una absolución y mantuviera una condena contra Gómez por delitos relacionados con homicidios y concierto para delinquir. El magistrado José Joaquín Urbano, ponente de la decisión, manifestó su preocupación por posibles represalias y pidió reforzar la seguridad de los magistrados y funcionarios vinculados al proceso, lo que también derivó en el traslado de cárcel de Gómez.
¿Por qué ‘Kiko’ Gómez fue condenado y por qué su caso volvió a la Corte Suprema?
Gómez cumple dos condenas y ha enfrentado durante más de una década procesos por homicidios y concierto para delinquir, por sus vínculos con el narcotraficante 'Marquitos' Figueroa y el paramilitarismo. La Corte Suprema revocó una absolución del Tribunal de Bogotá, al considerar que la segunda instancia no valoró adecuadamente varias pruebas y mantuvo inactivo el proceso durante años. Ahora, su defensa insiste en que Gómez no participó en el disparo de la Procuraduría y pide que la Fiscalía lo escuche.