El Ejército Nacional adelantó un proceso de disposición final de 100 toneladas de armamento fuera de servicio, mediante su entrega controlada a una empresa siderúrgica del país para su desmilitarización, destrucción definitiva y posterior transformación en acero con fines productivos.
La actividad se realizó bajo parámetros legales y administrativos establecidos para el manejo de material de guerra en desuso.
El armamento entregado fue previamente declarado en baja a través de los actos administrativos correspondientes, conforme a la normatividad vigente.
De acuerdo con la información oficial, esta medida hace parte de los procesos internos de modernización y depuración logística de la Fuerza, y en ningún caso corresponde a una comercialización de armas, ni a la transferencia de material con capacidad operativa.
Traslado bajo custodia y trazabilidad
El material bélico fue transportado desde unidades militares ubicadas en distintas regiones del país, hasta una planta industrial localizada en el municipio de Tuta, en el departamento de Boyacá.
El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, mediante dispositivos logísticos especiales que incluyeron custodia permanente y controles de trazabilidad.
Durante el recorrido, se aplicaron protocolos diseñados para garantizar la integridad del cargamento, así como el seguimiento continuo del material desde su punto de origen hasta su destino final. Estas medidas permitieron verificar que el armamento llegara completo y sin alteraciones.
Proceso técnico de destrucción
Una vez en la planta industrial, el material es sometido a procedimientos técnicos especializados de desintegración, que incluyen la inutilización irreversible, la fragmentación y la fundición.
Cada una de estas etapas se desarrolla bajo protocolos rigurosos de seguridad física, control ambiental y trazabilidad documental, con el fin de impedir cualquier reutilización del armamento.
Durante todas las fases del proceso, personal designado por el Ejército Nacional ejerce supervisión permanente, encargándose de verificar técnicamente la destrucción, custodiar el material y certificar oficialmente su eliminación.
Esa supervisión busca asegurar el cumplimiento estricto de los estándares legales y administrativos que regulan la disposición final del material de guerra.
Del uso militar al uso productivo
Las armas entregadas cumplieron previamente un ciclo operacional en labores de defensa y seguridad, antes de ser retiradas del servicio activo.
Tras su destrucción, el metal resultante es incorporado al aparato productivo nacional, dejando atrás cualquier función de carácter militar.
El acero obtenido será destinado a procesos industriales asociados a infraestructura, desarrollo y crecimiento económico, con la garantía de que no será empleado en la fabricación de nuevas armas ni de elementos similares.
De esta forma, el material adquiere un nuevo uso dentro de actividades productivas autorizadas.
Con esta operación, el Ejército Nacional ejecuta una de las etapas para la gestión del armamento fuera de servicio, asegurando su destrucción controlada y su transformación en insumos industriales, bajo esquemas de seguridad, supervisión y certificación previamente establecidos.