El operativo del Ejército, la Policía y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que desmanteló un depósito de explosivos del ELN en Bogotá expuso la tensión latente sobre las elecciones legislativas del 8 de marzo. Las autoridades encontraron material suficiente para fabricar unas setenta bombas.
La maniobra de la fuerza pública ocurrió en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. “Estos artefactos podrían llegar a ser destinados a acciones terroristas durante la jornada electoral”, afirmó el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. Los grupos armados ilegales rodean la capital del país.
Tres días atrás, la Defensoría del Pueblo presentó un informe de seguimiento a la Alerta Temprana 013 de 2025, que describe las amenazas en todo el país de cara a los comicios. El balance dicta que todas las estructuras ilícitas inciden en las votaciones, y 670 municipios están en riesgo en tres niveles.
El mecanismo de clasificación de riesgos se aplicó en Bogotá. El informe, de 182 páginas, le dedica un aparte a la ciudad, pues entre octubre del año pasado —cuando salió la Alerta 013— y enero de este, más allá de problemas logísticos en la consulta del Pacto Histórico, varios hechos con incidencia electoral tuvieron impacto.
La capital reportó un caso de desaparición forzada de un firmante de paz y cuatro amenazas para la misma población, y veintidós agresiones a periodistas. La localidad de Los Mártires requiere “acción urgente”, de acuerdo con la Defensoría; diez localidades necesitan “acción prioritaria”, y nueve, “observación permanente”.
Usme, donde los uniformados hallaron el depósito el 25 de febrero, necesita observación permanente. El Ejército comunicó haber encontrado “municiones de diferentes calibres, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores, pólvora y componentes para artefactos explosivos improvisados”.
El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, aseguró que las tropas frustraron una “amenaza directa contra la población civil”. El análisis de la Defensoría, en todo caso, no nombra al ELN como una de las facciones que ejerce presión en la macrorregión Centroandina, que incluye a 215 municipios y a Bogotá.
La zona comprende el accionar de disidencias de las Farc, organizaciones sucesoras del paramilitarismo, grupos de crimen organizado y “un grupo de criminalidad transnacional”. “Se observan diversos contextos de riesgo”, como la consolidación, la expansión, la disputa, la coexistencia o los “dominios fragmentados” de los ilegales.
El informe de seguimiento detalla que “en varias localidades de Bogotá” personas armadas han amenazado a las organizaciones que impulsan campañas del Pacto Histórico, al tiempo que han aparecido fachadas marcadas con las siglas EGC, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, el Clan del Golfo.
Disputas criminales, ataques y aumento del riesgo
Cristian Cabrera Mayorga, director de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz), denunció amenazas el 7 de enero, cuando personas armadas lo abordaron mientras andaba en su vehículo en Bogotá. La Defensoría apuntó que el año pasado “fueron reiteradas las amenazas y los hostigamientos”.
“De este tipo de acciones se derivan la autocensura, la reducción de la presencia territorial de las campañas y un ambiente generalizado de temor, lo cual interfiere (...) en el libre desarrollo de los procesos electorales”, narra el Ministerio Público. El EGC y el Tren de Aragua se disputan el control de las localidades de Los Mártires y Santa Fe.
El 22 de enero dos hombres lanzaron una granada en el barrio Santa Fe, de los Mártires. Una persona murió y trece resultaron heridas. En 2025, tres activaciones de explosivos causaron seis muertes y tres decenas de heridos. “Estas disputas por el control del territorio se ven atravesadas por los pactos” entre estructuras criminales.
Cuando la Defensoría recopiló denuncias que impactarían en el proceso electoral en todo el país y publicó la Alerta Temprana 013, en octubre de 2025, 62 municipios requerían “acción inmediata”, la mayor cota en la escala del peligro. El informe de seguimiento del 23 de febrero muestra una cifra más alta, de 69 municipios.
Otros 162 municipios estaban en el nivel de “llamado a la acción urgente”, y ante la falta de respuesta institucional el dato subió a 168. Frente al “llamado a la acción prioritario”, que agrupaba a 425 municipios, el número llegó a 433.
La medición del riesgo se refiere, principalmente, a la atención que debe prestar el Estado para contrarrestar la hegemonía, consolidación o disputa territorial de las estructuras armadas. Los indicadores no muestran mejorías.
Puede que las elecciones sin duda vayan a llevarse a cabo, sobre todo en Bogotá. El problema es la coacción. “El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal, en algunas regiones, que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, dijo la defensora del pueblo, Iris Marín, durante la presentación del informe.
La falla troncal en el Estado es la articulación interinstitucional. La Defensoría lanzó once recomendaciones en cinco ejes temáticos. El de menor cumplimiento es la articulación, con 29%, y el de mayor, las acciones de la fuerza pública, con 65%.
El Ministerio Público le exigió al del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, asumir “un liderazgo efectivo” en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), donde ejerce la secretaría técnica.
Coacción electoral, líderes asesinados y advertencias en regiones críticas
Más allá de la presentación de este lunes, el informe de seguimiento desglosa en 182 páginas todo lo que ha padecido la población “en especial condición de riesgo”, como los candidatos, los firmantes de paz y los defensores de derechos humanos.
La Defensoría documentó 457 casos de amenazas de muerte contra liderazgos sociales y servidores públicos entre el primero de octubre y el 31 de diciembre del año pasado, la mayoría en Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
Además, 46 líderes y lideresas sociales fueron asesinadas entre octubre de 2025 y enero de 2026. El periodismo regional en el mismo periodo enfrentó dieciocho amenazas de muerte, además de estigmatizaciones que fomentaron censura.
Los grupos armados niegan participar activamente en política o impulsar ciertas candidaturas. Pero su mera presencia impacta en las elecciones. La Defensoría encontró zonas prohibidas para opositores de la administración de Gustavo Petro.
“Hemos visto vallas en algunos territorios del país (...) donde está la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de candidatos de derecha o de oposición al gobierno actual, en la que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio”, narró la defensora Marín.
Y en los municipios con Circunscripciones Especiales de Paz (Citrep), que asignan dieciséis curules para las víctimas y las comunidades rurales, hubo inscripciones de cédulas “inusualmente altas” por cuenta de la intimidación de los armados.
“Hay evidencias de coerción electoral asociadas a grupos armados ilegales”, apuntó el ente humanitario, que citó a la Misión de Observación Electoral (MOE) para destacar que el 27,4% de las inscripciones irregulares se registraron en municipios Citrep.
La Defensoría le pidió a la Fiscalía impedir la impunidad de todos los crímenes electorales. La Unidad Especial de Investigación del ente acusador reportó cuatro homicidios de firmantes de paz entre octubre y diciembre de 2025.
El Catatumbo sigue siendo una región especialmente crítica. Si en la región el ELN mantiene su disputa territorial, la Defensoría advierte de “un proceso electoral con participación limitada, baja legitimidad y riesgo para actores civiles”.