En medio de un gigantesco operativo, agentes de policía judicial bajo la coordinación de la Fiscalía General embargaron un total de 23 bienes pertenecientes al condenado contratista Emilio José Tapia Aldana y otros de los implicados en el escándalo de corrupción de ‘Centros Poblados’.
Las medidas cautelares fueron impuestas en el marco de un proceso de extinción de dominio que adelanta una fiscalía especializada sobre estos bienes que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal ‘Centros Poblados’, para dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país.
Los bienes afectados dentro de esta investigación están valorados en más de 65.900 millones de pesos.
Según el reporte de los peritos de la Fiscalía entre las propiedades se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, quien recientemente, fue dejado en libertad condicional tras la orden de la juez primera de ejecución de pena de Barranquilla.
Otras de las bienes cobijados con estas medidas cautelares aparecen a nombre del empresario Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares.
La Fiscalía informó que los bienes se encuentran ubicados en inmediaciones de los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
De acuerdo con las investigaciones estas propiedades al parecer fueron adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal ‘Centros Poblados’.
Inmueble de la exministra Karen Abudinen
Así mismo, en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, se aplicó medida cautelar a un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
La Fiscalía dejo en claro que estas medidas impuestas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio son de carácter exclusivamente jurídico, buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
“Se adoptaron con fundamento en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, al establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados. La investigación evidenció que fueron combinados bienes lícitos con recursos de origen ilícito, así como el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ como instrumento para la comisión de las irregularidades”, indicó la Fiscalía.