La Red de Veedurías de Colombia puso nuevamente bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia el proceso penal contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio, al cuestionar que, más de siete años después de la acusación presentada por la Fiscalía, todavía no se conozca públicamente el avance del expediente por presuntos delitos relacionados con contratación y manejo de recursos públicos.
Ese organismo radicó el pasado 17 de septiembre un derecho de petición ante la Corte Suprema, para conocer el estado actual del proceso y establecer qué actuaciones se han desarrollado desde que la Fiscalía presentó el escrito de acusación en 2019.
La solicitud también plantea interrogantes sobre la próxima audiencia y una eventual prescripción de los delitos contra la exfuncionaria.
La denuncia tomó fuerza después de que Hurtado fuera absuelta en agosto de este año en otro proceso judicial. Para la Red de Veedurías, esa decisión habría generado confusión frente a la situación jurídica de la exmandataria.
Absolución por otro caso
El 5 de agosto de 2026, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema absolvió a Sandra Paola Hurtado y a la también exgobernadora Gloria Inés Gutiérrez Botero del delito de prevaricato por acción.
Ese proceso estaba relacionado con cuatro ordenanzas y un decreto expedidos en 2015 sobre recursos destinados a primera infancia y saneamiento básico.
Sin embargo, ese fallo no corresponde al expediente por los contratos de obra que originó la acusación de la Fiscalía contra Hurtado. La absolución quedó en firme el 14 de agosto, luego de que la Sala aceptara el retiro de la apelación presentada por la Fiscalía.
La Red de Veedurías sostiene que la exgobernadora estaría presentando públicamente esa absolución como si significara el cierre de otros procesos en su contra. En su pronunciamiento, ese organismo pidió a la Corte aclarar cuál es el alcance real de su situación jurídica.
“Queremos saber qué ha pasado con ese proceso, cuál es su estado, si en realidad todavía existe esa acción penal y en últimas dar cuenta a la ciudadanía de cuál es el alcance de la situación jurídica”, afirmó Pablo Bustos, presidente de la organización.
¿Qué pasó con el proceso acusado desde 2019?
La Fiscalía General de la Nación presentó el 30 de julio de 2019 un escrito de acusación contra Hurtado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El expediente está relacionado con cuatro contratos suscritos durante su administración, en 2015, cuyo valor conjunto supera los $20.774 millones.
Los contratos por los que es investigada Sandra Paola Hurtado, estaban destinados a obras de acueducto y saneamiento, recuperación de vías terciarias y construcción de dos centros de desarrollo infantil en Quimbaya y Calarcá.
Según la información publicada sobre el expediente, la acusación fue formalizada ante la Sala Especial de Primera Instancia apenas en junio de 2022, pese a que el escrito fiscal había sido presentado tres años antes.
Con la solicitud la Red de Veedurías busca que la Corte precise en qué etapa se encuentra el proceso, qué actuaciones se han realizado, cuándo se desarrollará la próxima audiencia y si existe algún riesgo de prescripción. Hurtado no ha sido condenada por estos hechos.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué se radicó una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia en el caso contra la exgobernadora del Quindío?
El organismo radicó un derecho de petición para exigir claridad sobre el estado actual y el avance del proceso penal contra la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, iniciado por la Fiscalía desde 2019 por presuntas irregularidades en contratación pública.
¿Qué decisión judicial reciente generó confusión sobre la situación jurídica de la exfuncinaria?
El 5 de agosto de 2026, la Sala Especial de Primera Instancia absolvió a Hurtado del delito de prevaricato por acción relacionado con ordenanzas de 2015, fallo que la Veeduría señala que ha sido presentado públicamente como si cerrara todos sus expedientes pendientes.
¿De qué se le acusa a Sandra Paola Hurtado?
La Fiscalía la acusó de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en cuatro convenios de 2015, por un valor superior a $20.774 millones, destinados a vías terciarias, acueducto y centros de desarrollo infantil.
¿Cuáles son los principales interrogantes sobre el trámite de ese expediente penal?
La Red de Veedurías solicita conocer la fecha de la próxima audiencia, las actuaciones realizadas desde la acusación formalizada en 2022 y si existe riesgo de prescripción de la acción penal en este proceso.