Un juez especializado emitió una drástica condena contra cuatro máximos cabecillas de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare por estará implicados en homicidios en serie, casos de desaparición forzada y otra serie de delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
Por estos graves hechos, fueron condenados Héctor Germán y Nelson Orlando Buitrago Parada, conocidos como ‘Martín Llanos’ y ‘Caballo’, respectivamente; Josué Darío Orjuela Martínez, alias Solín; y Héctor Gregorio Hernández León, alias Pocholo, jefes principales de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare quienes aceptaron por línea jerárquica en el grupo armado ilegal estos eventos criminales y se acogieron a sentencia anticipada.
El fallo de condena fue emitido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare) condenó a los hermanos Buitrago Parada y a Orjuela Martínez a 26 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada; y a Hernández León a 17 años y 11 meses de prisión por homicidio agravado.
La investigación fue liderada por parte de un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que recolectó pruebas contundentes que dan cuenta de una directriz impuesta por este grupo de ex jefes paramilitares a las diferentes estructuras armadas a su cargo.
La instrucción criminal impartida a sus hombres armados estuvo encaminada a identificar y actuar violentamente en contra de toda persona que, en su concepto, se opusiera o denunciar a las actividades delictivas que realizaban en la región, por presuntamente colaborar con grupos armados y por control social del territorio.
De acuerdo con la Fiscalía se ordenó ejecutar todo un listado de criminales, como el de 15 personas que fueron asesinadas y dos más desaparecidas, entre ellas una joven de 16 años de quien a la fecha se desconoce su paradero.
Según los expedientes de la Fiscalía estos homicidios se registraron entre los años 2003 y 2004 en Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal (Casanare).
Adicionalmente, la sentencia les impuso a estos ex jefes paramilitares el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a favor de los familiares de cada víctima.