Una mujer fue enviada a la cárcel y dos adolescentes de 16 años deberán permanecer en internamiento preventivo en Soacha por extorsión, informó la Fiscalía General de la Nación. Los tres son investigados por su presunta participación en amenazas y exigencias económicas contra 20 conductores de transporte público en Soacha, Cundinamarca.
Se trata de Yisseth Daniela De Diego Zárate y dos menores de edad. Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de este año en el paradero de una ruta que cubre del barrio Rincón del Lago a Sierra Morena.
Así operaban
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, las víctimas eran abordadas en el paradero para obtener los números telefónicos de otros conductores que hacían el mismo recorrido.
Después, los conductores recibían llamadas de supuestos integrantes de un grupo delincuencial, que les imponían pagos de entre 22.000 y 50.000 pesos por vehículo.
“Para respaldar dicha exigencia manifestaron pertenecer a una organización criminal y le facilitaron un teléfono celular mediante el cual se comunicó con un hombre que se identificó como el jefe de la organización”, relató el fiscal del caso en la audiencia de imputación.
Amenazas para dejarlos trabajar
Según la Fiscalía, a los conductores les advertían que, si no pagaban, no podrían seguir trabajando en la zona.
“El interlocutor le manifestó que de no cancelar dicha cuota, los conductores no recibirían la supuesta protección ofrecida y, por el contrario, no se les permitiría continuar trabajando. Los conductores reunieron la cifra exigida y la entregaron”, señaló el fiscal del caso.
Capturados en flagrancia
La Policía Nacional capturó a la mujer y aprehendió a los dos menores justo cuando recibían 300.000 pesos, informó la Fiscalía. Según la entidad, uno de los adolescentes sería el encargado de vigilar a los transportadores y controlar la entrega del dinero.
Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de extorsión agravada. Los procesados no aceptaron los cargos.
Preguntas clave:
¿Qué es el internamiento preventivo?
Es la medida que un juez de control de garantías puede imponer a un adolescente mientras avanza el proceso penal. Se aplica cuando hay riesgo de que evada el proceso, obstaculice las pruebas o ponga en peligro a la víctima o a la comunidad. Lo establece el artículo 181 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006).
¿Cuánto puede durar?
Hasta cuatro meses, prorrogables por uno más. Si en ese tiempo no hay sentencia, el juez debe levantar la medida y cambiarla por otra, como la asignación a una familia o el traslado a un hogar o institución educativa, según el ICBF.
¿Por qué no se conocen los nombres de los adolescentes?
El Código de la Infancia y la Adolescencia prohíbe revelar la identidad o la imagen de los menores de edad procesados (artículo 153). También obliga a los medios a abstenerse de dar su nombre o cualquier dato que permita identificarlos.
¿Cómo denunciar una extorsión?
La Policía Nacional tiene la línea 165 del Gaula para denunciar cualquier hecho de extorsión.