La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra un total de 30 militares, entre ellos tres generales retirados, por su responsabilidad en un total de 275 asesinatos, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos en inmediaciones del departamento del Meta entre 2002 y 2007.
Por estos hechos, fueron imputados el brigadier general (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán y brigadier general (r) Francisco José Ardila Uribe, así como otros 20 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR) y a siete exmiembros del Gaula Rural Meta.
Los magistrados investigadores lograron documentar un total de 209 homicidios que fueron presentados como bajas en combate, 65 casos de desaparición forzada y una tentativa de homicidio, cuya declaración también fue determinante en el marco de este proceso.
Según el magistrado Óscar Parra las diferentes pruebas técnicas, informes judiciales, la confesión de varios de los militares implicados y de victimas y sus familias, permitió establecer que se implementó una estrategia de guerra y una práctica criminal sistemática que priorizó las muertes sobre cualquier otro resultado operacional.
“La evidencia recogida por la Jurisdicción Especial para la Paz en todos estos territorios demuestra que los asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate fueron una práctica sistemática, ejecutada por unidades militares en distintas regiones del país y no hechos aislados o desconectados entre sí”, dijo el magistrado Parra.
Así mismo, sostuvo: “Poco a poco iremos avanzando entonces en las responsabilidades de la fase nacional. Pero es fundamental resaltar una vez más que no se trató de manzanas podridas, esta fue una práctica sistemática por todo el país”.
De igual forma, señaló que se evidenció que los informes operacionales eran falseados y como las tropas fueron presionadas e incentivadas, tanto de manera positiva como negativa, para presentar bajas en combate.
Engañaron a la Fuerza Aérea
Agregó que se tiene un registro de al menos siete operaciones en la que también participaron a miembros de la Fuerzas Aérea, pero que se estableció no fue intencional ni dolosa, sino que fueron engañados por parte de los demás militares que sí se demostró su autoría como máximos responsables de estos casos de falsos positivos.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, explicó que en torno a estos hechos rindieron declaraciones al menos doce miembros de la Fuerza Aérea y ello fue clave para determinar que no hubo una responsabilidad dolosa de su parte en estos graves hechos.
Además, se estableció que los miembros de la Fuerza Aérea fueron llevados de 'gancho ciego' para llevar insumos y otros elementos para facilitar la comisión de estos homicidios e incluso bajo engaños terminaron, en muchos casos, transportando cuerpos de victimas de falsos positivos.
El testimonio de alias Otoniel
En desarrollo de este proceso, la JEP indicó que también fue fundamental el testimonio del extraditado exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien declaró sobre la connivencia entre grupos paramilitares como el Bloque Centauros y los miembros de los batallones en esta región del país.
Alias Otoniel hizo referencia en su versión ante la JEP sobre estos nexos criminales y en el apoyo en combates contra estructuras de la guerrilla y otros frentes de autodefensas. Además, declaró sobre estos vínculos ilegales que les facilitaron a los militares la comisión de crimines enmarcdos en los denominados 'falsos positivos'.