En un escenario cargado de tensión y una búsqueda de justicia que ya suma casi dos décadas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo la primera de dos audiencias en el corazón del Urabá antioqueño. El objetivo: escuchar la versión de 10 comparecientes de la Brigada 17 del Ejército Nacional sobre la masacre de Mulatos Medios y La Resbalosa, un crimen que en 2005 le arrebató la vida a ocho personas.
Sin embargo, para los familiares de las víctimas, la jornada dejó un sabor amargo. A pesar de los acercamientos previos, el sentimiento general es que los uniformados se quedaron cortos. No se trata solo de admitir que estuvieron allí; las familias exigen los detalles más íntimos y dolorosos de lo que ocurrió en esos últimos instantes de vida de sus seres queridos.
"Queremos la verdad, no pedazos de ella"
Nélida Guerra, hermana de Luis Eduardo Guerra una de las víctimas fatales, se convirtió en la voz del descontento. Para ella, el reconocimiento de responsabilidad de los militares parece ser administrativo y no humano.
"Realmente nosotros queríamos escuchar de sus propias palabras cuál era el objetivo que tenían, cuáles habían sido sus últimas palabras de dolor y de angustia", relató Nélida con una firmeza que conmovió a los asistentes.
Según su testimonio, los militares aceptaron su participación en la operación o "redada", pero negaron haber ejecutado a las víctimas con sus propias manos. "Para nosotros como víctimas nos queda la incógnita ahí, porque queremos la verdad plena", sentenció.
Un perdón entre el silencio y la omisión
Pese al reclamo de Nélida, hubo un momento de quiebre durante la audiencia cuando el compareciente Orlando Espinoza Beltrán tomó la palabra. A diferencia de otros testimonios más técnicos, Espinoza se enfocó en el impacto humano de sus acciones y, sobre todo, de su silencio.
"Perdón por lo que pasó, perdón por cada vida que fue arrebatada de manera tan injusta, por causar daño a las familias y a los niños. Perdón por el silencio y las omisiones de estos hechos que ocurrieron", manifestó el exintegrante del Ejército, reconociendo que callar durante tantos años fue otra forma de victimización.
¿Qué sigue para los comparecientes?
La JEP tiene ahora la responsabilidad de pasar estos testimonios por un filtro riguroso. No basta con pedir perdón; el tribunal de paz deberá valorar si las versiones de estos 10 hombres realmente aportan datos nuevos, ayudan a la reparación integral y, lo más importante, si el reconocimiento de responsabilidad es total o parcial.
El futuro judicial de estos militares depende de si la justicia considera que sus palabras son suficientes para sanar una región que, como el Urabá, sigue esperando que los responsables dejen de lado los eufemismos y miren de frente a la verdad.