La FM conoció que la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, le por escrito al presidente Gustavo Petro que revoqué la calidad de miembro representante del Estado Mayor de las Disidencias de las Farc a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá y solicite la reactivación inmediata de las órdenes de captura en su contra, porque hay pruebas contundentes de ataques sistemáticos contra la población, la fuerza pública en departamentos como Guaviare, Meta y Antioquia.
Esta petición fue realizada a través de dos duras cartas, de ocho y once páginas, dirigidas directamente al presidente Gustavo Petro, en la que le solicita en igual sentido la reactivación inmediata de las órdenes de captura contra Carlos Eduardo García Tellez, alias Andrey Avendaño;Jonathan Jair Narváez Quintero; Faby Édison Parra Parra, alias Richard y Javier Alonso Velosa García, alias John Mechas.
Para sustentar estas cartas la fiscal, incluso señala que tanto la defensora del Pueblo como el Comisionado de Paz consideran que no está en cabeza de la Fiscaía revocar y reactivar esas órdenes de captura y la Oficina de Otty Patiño sostiene que esa potestad recae sobre el presidente Petro.
‘Calarcá’ siguió delinquiendo y la Fiscalía tiene prueba de ello
La Fiscalía recolectó toda una serie de pruebas técnicas y testimoniales que permitieron documentar una serie de crímenes, atentados contra la fuerza pública, masacres y otros delitos graves que en su rol de máximo cabecilla “ha continuado impartiendo directrices claras para la ejecución sistemática de conductas punibles después de la suspensión de sus órdenes de captura".
Homicidio de la lideresa Nasa, Carmelina Yule, cometido el 16 de marzo de 2024 en Toribío (Cauca), con el cual se desvirtuó de plano una voluntad genuina de alias Calarcá de no cometer nuevos delitos, ya que fue ejecutado a tan sólo dos meses de recibir el beneficio.
Masacre de 26 personas en Miravalle, Guaviare, ejecutada los pasados 18 y 19 de enero, donde resultaron víctimas siete menores de edad y se verificó no correspondió a un enfrentamiento armado.
Mantiene una campaña de terrorismo en el Meta. La Fiscalía estableció que alias Calarcá estuvo de atentados sistemáticos entre 2024 y 2025 contra los comerciantes de los municipios de Granada, Acacias, Villavicencio, Mesetas y Guamal.
Ataque a un convoy militar tras la instalación de minas antipersonal. Este atentado le causó la muerte a seis soldados en la vereda Coposa, municipio de Valdivia, Antioquia, el 4 de julio de 2024.
El CTI de la Fiscalía concluyó que alias "Calarcá Córdoba" articula las comisiones armadas para consolidar su hegemonía territorial en Meta, Caquetá y Guaviare, donde ordenó la comisión de extorsiones, desplazamientos forzados, graves delitos ambientales (deforestación) y ataques militares premeditados.
¡Se esfumó la voluntad de paz de jefes de disidencias!
En el caso de os cabecillas de las disidencias del frente 33 de las Farc Carlos Eduardo García Tellez, alias Andrey Avendaño; Jonathan Jair Narváez Quintero; Faby Édison Parra Parra, alias Richard y Javier Alonso Velosa García, alias John Mechas, la fiscalía aseguró que tiene evidencias de que la supuesta voluntad de paz que sustentaba la suspensión de las órdenes de captura se ha esfumado.
Los fiscales concluyeron que no se refleja una actitud una genuina actitud de convivencia pacífica y tampoco la situación de los habitantes de la zona del Catatumbo ha mejorado y en cambio se ha deteriorado a niveles de crisis humanitaria.
“Lejos de un desescalamiento de la actividad militar y confrontacional, la región se ha transformado en un escenario de guerra abierta, en la que el Frente 33 busca consolidar un área de control militar”, dijo la fiscal.
Los investigadores documentaron que esta violencia sistemática ha dejado entre el 16 de diciembre de 2025 y el 19 de enero de 2026 más de 180 víctimas de homicidio, entre los cuales se encuentran 135 civiles, 5 menores de edad, 7 firmantes de paz, 16 líderes sociales, 17 integrantes de la Fuerza Pública y 47 tentativas de homicidio.
También se tiene un registro de de 51 menores víctimas de reclutamiento ilícito y el homicidio de niños en medio de las hostilidades. Además, del confinamiento de or lo menos 800 personas en el corregimiento Filogringo, del municipio El Tarra, a partir de la contienda desatada desde el 24 de diciembre pasado.