La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció la conformación de un equipo especial para investigar los más de 80 casos relacionados con un presunto manejo “ineficiente y corrupto” de recursos públicos que documentó el grupo elite anticorrupción del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Estas investigaciones serán lideradas por la jefa de la Unidad de Fiscales Delegados Ante la Corte Suprema de Justicia, Zeneida de Jesús López Cuadrado y la directora Especializada de la Fiscalía contra la Corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda con el apoyo de ficales de las distintas seccionales y regionales y agentes de policía judicial del CTI.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió que el país puede estar tranquilo que los más de 80 casos documentados sobre posible corrupción serán examinados con total apego a la ley y sin consideraciones políticas de ninguna naturaleza para proteger el interés público.
“La ciudadanía puede tener la certeza de que cualquier información contenida en este informe y que llegue a nuestro conocimiento será examinada con seriedad, independencia y pleno apego a la ley, sin consideraciones políticas de ninguna naturaleza y con el único propósito de esclarecer la verdad de los hechos”, dijo la fiscal Camargo.
De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía, al gobierno de turno, a quienes conformaron el gobierno saliente, entre otros a colaborar con los organismos de control aportando la información y elementos de prueba para esclarecer estos hechos.
Esta declaración de la fiscal general se produjo durante la entrega del 'Libro Blanco' en la Fiscalía, que según el vicepresidente José Manuel Restrepo son hechos que se constituyen en “la punta del iceberg” del manejo desordenado o indebido de los recursos públicos detectados que ponen en riesgo a la Nación.
Por su parte, Germán Calderón España, director encargado de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, aseguró que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) sólo ejecutó el 4,3 % de su presupuesto en cuatro años. Además, afirmó que se giraron $856.000 millones sin urgencia y se perdió el rastro de $1,38 billones.
El funcionario sostuvo que estos hechos tienen un impacto directo en la actual emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto, al advertir que la entidad encargada de responder ante este tipo de tragedias “no tiene recursos para hacerlo”.
A su turno, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el anterior gobierno utilizó entre enero y agosto el 97 % del endeudamiento anual de la Nación y cuestionó el destino de esos recursos.
“Hoy no tenemos cómo contratar más deudas”, afirmó y advirtió que la falta de recursos limita la capacidad del Estado para atender a los ciudadanos, construir infraestructura, garantizar la seguridad y responder ante emergencias como el terremoto que sacudió al país.
Las claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Quiénes liderarán el equipo especial de la Fiscalía y qué garantías ofreció la Fiscal General?
Las investigaciones serán lideradas por Zeneida de Jesús López Cuadrado, jefa de la Unidad de Fiscales Delegados Ante la Corte Suprema de Justicia y Madeleyne Pérez Ojeda, directora Especializada contra la Corrupción. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, garantizó que los casos se examinarán con total seriedad, independencia y pleno apego a la ley, sin consideraciones políticas de ninguna naturaleza.
¿Qué irregularidades específicas se detectaron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD)?
Se denunció que la entidad sólo ejecutó el 4,3 % de su presupuesto en cuatro años. Además, se giraron $856.000 millones sin urgencia y se perdió el rastro de $1,38 billones.
¿Cómo afectan estos hallazgos a la atención del terremoto del pasado 10 de agosto?
El desvío y la mala administración de los recursos provocaron que la UNGRD, entidad encargada de atender este tipo de tragedias, no tenga fondos disponibles para responder a la emergencia actual provocada por el sismo.
¿Qué cuestionamiento hizo el presidente Abelardo de la Espriella sobre el endeudamiento del país?
El presidente criticó que el gobierno anterior utilizó el 97 % del endeudamiento anual de la Nación en un periodo de solo ocho meses (entre enero y agosto). Esto dejó al Estado actual sin capacidad para contratar más deudas, limitando la inversión en infraestructura, seguridad y atención de emergencias.