La Fiscalía General de la Nación imputó este jueves a Juliana Guerrero, cercana al gobierno de Gustavo Petro y excandidata al Viceministerio de Juventudes, por fraude procesal, al tercer intento de llevarla al banquillo propio de un proceso penal.
Guerrero, quien afirmó que previamente conversó con su abogado —Rafael Martínez Bohórquez—, no aceptó los cargos, pese a que la fiscal Jessica Montealegre insistió en la falsedad de su título de contadora al no cumplir los requisitos académicos.
El ente acusador radicó el 9 de febrero una solicitud para anunciarle a Guerrero, en una audiencia ante un juzgado de garantías, que tenía pruebas suficientes para desencadenar una causa penal por cómo obtuvo sus diplomas universitarios.
“Al obtener los dos diplomas académicos falsos, decidió cargarlos al Sigep II, la plataforma que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se cargan las hojas de vida de los servidores públicos”, narró Montealegre.
Juliana, añadió la fiscal, “sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba” para obtener el cartón, y “buscaba inducir al error a los servidores públicos del Ministerio de la Igualdad y obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra”.
Los juzgados de Paloquemao programaron la imputación para el 27 de febrero, pero Guerrero no se presentó. Luis Carlos Gutiérrez, el exsecretario de la fundación universitaria que también iba a ser imputado, acudió sin un abogado defensor.
Un proceso judicial marcado por ausencias y cambios de estrategia
Así que el principal complejo judicial del país aplazó la audiencia. La togada Mirian Rodríguez, Juez 25 de Control de Garantías de Bogotá, iba a escuchar los alegatos de la Fiscalía el 10 de marzo, pero Guerrero nuevamente pidió un aplazamiento.
Tanto Guerrero como Gutiérrez se desmarcaron de los señalamientos este 26 de marzo. La Fiscalía, que en principio quería una detención domiciliaria como medida de aseguramiento, desistió de esa intención y simplemente les imputó.
El caso es largo. La Fundación Universitaria San José informó el 25 septiembre de 2025 que anulaba el título de Contaduría de Guerrero, y el Ejecutivo luego retiró su hoja de vida del portal de aspirantes de la Presidencia de la República.
La publicación del currículo en la página web de candidaturas es el último paso antes de un nombramiento en altos cargos estatales, como ministerios, viceministerios o agencias gubernamentales. El perfil de Juliana Guerrero rondó allí todo septiembre.
Guerrero se perfilaba como viceministra de Juventudes de la cartera que lideraba Juan Carlos Florián, quien con el aval del presidente Petro se libró de una suspensión provisional que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó.
Su postulación resultaba al menos llamativa desde la primera vez que apareció en la plataforma digital el 14 de agosto, pues no contaba en ese momento con un título profesional. Dos semanas después la Presidencia volvió a cargar su documentación.
Títulos sin requisitos y trayectoria cuestionada
Incluso sin un diploma, y con apenas veintitrés años, Juliana ya había sido secretaria ejecutiva en el Ministerio del Interior y en la Secretaría de Transparencia, y acreditaba una experiencia de seis años en cargos públicos.
Los documentos aparecieron en el Sigep —el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público— “sin el lleno de los requisitos legales”, explicó la fiscal Jaramillo. La investigación “ha acreditado” que no fue a clases ni hizo las pruebas Saber.
A la más protegida de las hermanas Guerrero le apareció un título en Contaduría que a partir de entonces ha sido objeto de pronunciamientos políticos, investigaciones administrativas y una decisión por parte de la universidad que lo otorgó, la San José.
La Fundación investigó internamente y comprobó que Guerrero no cumplió los requisitos legales para egresar. Principalmente, no presentó nunca el examen Saber Pro, y tampoco asistió a clases, y aun así era técnica y profesional en Contaduría.
Además, responsabilizó de las irregularidades Luis Carlos Gutiérrez, su exsecretario general, a quien destituyó en medio de su proceso interno y denunció en la Fiscalía. Gutiérrez aseguró en sus descargos que tenía un acuerdo con Guerrero.
“Consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados”, dijo la fiscal Montealegre en la imputación.
Versiones cruzadas y presunto acuerdo para obtener el título
Según el exdirectivo, su objetivo fue garantizarle a la cesarense "la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral" con el compromiso de que ella "cumpliría" con las pruebas de Estado, como cuenta el acta de una reunión.
El presidente Gustavo Petro Estado ha respaldado a Guerrero —quien ha permanecido en el Ejecutivo de la mano del ministro Armando Benedetti—, describiéndola como una "joven rebelde" a quien no pueden "acusar de haberse robado un peso".
Los reproches a Guerrero nunca se han basado en robos de dinero, aunque sí salió de la cartera del Interior por un escándalo de presuntos usos indebidos de aeronaves de la Policía que usó con su hermana Verónica para viajar de Bogotá a Valledupar.
El Gobierno defiende que sus viajes se enmarcaron en una misión de la política de 'Paz Total' y en la protección que Juliana debía recibir luego de un atentado en su contra. La Procuraduría investiga si en realidad hubo motivos personales de por medio.
En noviembre de 2025, Guerrero tampoco se presentó a otra diligencia judicial: una conciliación en la Corte Suprema de Justicia tras una denuncia de Juliana contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.
Pedraza insinuó que la ausencia de Guerrero podría deberse a "todo lo que la opinión pública conoce" acerca de las irregularidades de su paso por la Fundación San José, e invitó a la integrante del consejo superior de la UPC a hablar ante la justicia.
Los choques con Jennifer Pedraza y las acusaciones de un posible "cartel de diplomas"
"Esto no es un asunto personal", expresó la congresista al salir de la Sala de Instrucción. "Incluso, ella puede ser uno de los eslabones más débiles de esta cadena en la que hemos encontrado prácticas más sistemáticas", agregó junto a su abogado.
La representante instó a Guerrero a que "le diga a la justicia colombiana toda la verdad". "Si este país está viendo un cartel de títulos, un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia colombiana para llegar a las últimas consecuencias", sentenció.
Guerrero denunció a Pedraza por calumnia y delitos informáticos porque la congresista expuso que no cumplía con los requisitos para ser viceministra de Juventud, un cargo en el que el gobierno de Petro la mantuvo como candidata por mes y medio.
Pedraza publicó en redes y medios que Guerrero no había hecho el examen académico estatal, y la cesarense le pidió a la Corte Suprema sancionar a la legisladora. El magistrado Héctor Alarcón abrió una investigación previa y citó a conciliar.
En principio, Guerrero pidió un aplazamiento por “un asunto de fuerza mayor” de su abogado. Alarcón lo desestimó porque en las conciliaciones importan las partes, no sus defensores. Al final, la cesarense reversó su querella, y el caso quedó archivado.
La parlamentaria reveló facturas de la Dian que probarían la venta de los títulos de Guerrero. Juliana habría hecho, después de julio de 2025, tres pagos que sumarían ocho millones de pesos para que la Fundación la graduara.