El escándalo de corrupción que rodea a Víctor Alfonso Gamboa, el alcalde de Villa de Leyva que las autoridades capturaron en mayo cuando llegaba a su despacho, sigue creciendo. La Fiscalía, que le imputó a Gamboa concusión y prevaricato, ahora señala a un contratista que se habría beneficiado por la intervención irregular del mandatario.
Se trata de Juan Camilo Sánchez Torres, una pieza del alcalde que recibió más de 48 millones de pesos entre junio de 2025 y abril de 2026 en San Jacinto de Nelvic, una sociedad propiedad de María Victoria Solarte. El mandatario está preso porque le habría pedido una coima a Solarte a cambio de torcer una licencia de construcción.
En junio de 2025, Gamboa le pidió a Solarte vincular a Sánchez para que la asesorara en la modificación de la licencia. El contratista es publicista, no ingeniero ni abogado. Tampoco tiene experiencia en permisos ambientales. Aun así, terminó contratado por prestación de servicios y con honorarios de tres salarios mínimos, unos 4,27 millones de pesos.
La verdadera razón por la que Sánchez estaba en la firma era, según la Fiscalía, servir como enlace para que Gamboa se enterara de todos los detalles del trámite de la ampliación de la licencia para que San Jacinto construyera una mansión en Sabana, una vereda a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Villa de Leyva.
La imputación contra Juan Camilo Sánchez y el presunto esquema de corrupción
San Jacinto de Nelvic “no tenía ninguna necesidad técnica o jurídica para contratar” a Juan Camilo Sánchez, explicó la Fiscalía durante la imputación, en la que aseguró que el alcalde Gamboa estuvo “abusando de su cargo” al pedirle a la empresa fichar al publicista. “La prestación del servicio sería nula o sin efectividad”, añadió.
El pago de los millonarios honorarios materializó “una utilidad indebida en favor de terceros, es decir, en favor suyo, derivada del abuso del cargo público del señor alcalde”, sostuvo el ente acusador, refiriéndose a Sánchez. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó al contratista el delito de concusión.
Mientras tanto, Víctor Gamboa sigue detenido. Una juez de garantías lo envió a prisión el 20 de mayo, dos semanas después de que agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo capturaran. La Fiscalía lo llevará a juicio por haberle pedido una coima a la empresaria Solarte para autorizarle una licencia de construcción.
Gamboa, presuntamente, intentó negociar pagos ilícitos para evadir normativas ambientales y territoriales en el proyecto de lujo que lidera la compañía de María Victoria Solarte. Ante la negativa de la heredera de una prestigiosa familia constructora, la Policía municipal sancionó a Inversiones San Jacinto.
La licencia de construcción que dio origen al escándalo
Una resolución de abril de 2026, un mes después de la última llamada del alcalde con Solarte, ordenó demoler los 5.200 metros cuadrados de la mansión en la vereda Sabana, pagar una multa de 232 millones de pesos y restablecer el daño ambiental. Gamboa, aparentemente, quería evitar los desaires a cambio de sobornos.
Todo se remonta a 2022. La firma de la familia Solarte obtuvo una licencia ambiental que tramitaba desde 2021 para construir una vivienda de un piso en 551 metros cuadrados. En 2023, la Alcaldía comprobó que la construcción sobrepasaba los límites de la impetra, hasta el punto en que el predio desvió el cauce de la quebrada El Roble.
La sociedad, lejos de edificar un inmueble unifamiliar como lo prometió para obtener el permiso, construyó varios módulos, una capilla y pesebreras en más de cinco mil metros cuadrados. La Secretaría de Planeación adujo que afectaba la preservación del paisaje y violaba el plan de ordenamiento territorial.
En abril de 2026, María Victoria Solarte denunció al alcalde ante la Fiscalía General de la Nación, que lo capturó el 7 de mayo y que desde entonces sostiene que el mandatario solicitó a través de llamadas, chats de WhatsApp y reuniones presenciales los sobornos, la contratación de Juan Camilo Sánchez y el aumento de su sueldo.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Fiscalía imputó a Juan Camilo Sánchez Torres?
La Fiscalía sostiene que el contratista recibió un contrato de prestación de servicios por intervención indebida del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa. Según el ente acusador, Sánchez fue vinculado a una empresa privada sin necesidad técnica o jurídica, con el propósito de servir como enlace entre el mandatario y el trámite de una licencia de construcción.
¿Qué relación tendría el contratista con el alcalde Víctor Gamboa?
De acuerdo con la investigación, Gamboa le pidió a la empresaria María Victoria Solarte contratar a Sánchez, un publicista sin experiencia en licencias ambientales, para mantener control sobre el proceso de modificación de una licencia urbanística. La Fiscalía considera que esa contratación hacía parte del presunto esquema de corrupción que investiga.
¿Cuál es el origen del caso de corrupción en Villa de Leyva?
El proceso comenzó tras la denuncia de la empresaria María Victoria Solarte, quien aseguró que el alcalde le exigió sobornos para facilitar la modificación de una licencia de construcción y evitar sanciones contra un proyecto inmobiliario. La Fiscalía afirma que las exigencias quedaron registradas en llamadas, mensajes de WhatsApp y reuniones presenciales.
¿En qué va el proceso judicial contra el alcalde de Villa de Leyva?
Víctor Alfonso Gamboa permanece privado de la libertad desde mayo de 2026, y enfrentará un juicio por los delitos de concusión y prevaricato. Con la imputación contra Juan Camilo Sánchez, la Fiscalía amplía el caso y busca establecer la responsabilidad de quienes, presuntamente, se beneficiaron del esquema de corrupción investigado.