El sábado 14 de octubre, la Fiscalía General de la Nación informó conjuntamente con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) sobre la ocupación de propiedades empleadas para el almacenamiento y la comercialización de productos de contrabando.
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En respuesta a estos eventos, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tomó medidas cautelares, incluyendo la suspensión del poder de disposición, el embargo y el secuestro de 9 inmuebles urbanos y 2 establecimientos comerciales.
Según las autoridades, estos activos se sitúan en el centro de Bogotá y su valor se estima en más de 25.600 millones de pesos.
Las investigaciones revelan que entre 2018 y 2022, estas propiedades habrían servido para el almacenamiento y la distribución de artículos introducidos de manera ilegal en el país.
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Además, carecían de la documentación necesaria que demostrara el pago de los impuestos requeridos por ley y su ingreso legal al territorio aduanero nacional.
La Fiscalía declaró que sigue trabajando en estas investigaciones con el objetivo de debilitar a las organizaciones criminales, combatir la delincuencia y enfrentar a los grupos narcotraficantes.