Tras una solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía General de la Nación aplazó la diligencia de indagatoria en su contra por la masacre de El Aro. La indagatoria, prevista inicialmente para el 24 de julio, ahora se desarrollará en tres días de agosto.
En principio, el ente acusador había negado una petición similar del Ministerio Público. Un grupo de 38 juristas reclamó públicamente garantías de defensa. Jaime Granados, abogado del también exsenador, insistió para que la Fiscalía reprogramara el trámite, como finalmente ocurrió.
La Procuraduría le había pedido a la Fiscalía aplazar la indagatoria para que las partes practicaran varias pruebas que el mismo ente investigador decretó, como una declaración jurada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Pero Gloria Marcela Abadía Cubillos, la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, rechazó la petición. Uribe afirmó el 2 de julio, en su cuenta de X, que la negativa era porque “tiene elementos suficientes para inferir que yo puedo ser autor o partícipe de los delitos”.
La investigación avanza mientras Uribe alega falta de garantías
Abadía también ordenó escuchar bajo juramento al exsenador cordobés Miguel de la Espriella, condenado por sus vínculos con los paramilitares, porque Mancuso lo mencionó como un “interlocutor” de Uribe Vélez con las Autodefensas.
Uribe porfía en que el proceso judicial en realidad es político, y protesta aduciendo que no puede defenderse. La Fiscalía, por su parte, sigue adelante con el proceso penal, que tendrá en cuenta a la indagatoria del 18, 19 y 20 de agosto —más de tres semanas después de la fecha inicial— como una de sus pruebas.
La fiscal Abadía, aseguró Uribe el 18 de junio, “no ha recibido una sola declaración mía”. “De una vez me lleva al proceso para condenarme”, señaló, aunque una indagatoria es el paso que concreta la transición de una indagación previa a una investigación formal, sin que signifique una determinación de fondo.
En octubre de 2025, una juez del circuito de Medellín compulsó copias para que la Fiscalía investigue al expresidente Uribe, a su hermano Santiago —condenado en dos instancias por su papel en el grupo paramilitar los Doce Apóstoles— y al general retirado Carlos Alberto Ospina, excomandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
Los testimonios sobre presuntos nexos con el paramilitarismo
Claudia Castro, la jueza, condenó al exsubdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez por haber ordenado en 1999 el secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. La compulsa le pidió al ente acusador establecer si los hermanos Uribe Vélez determinaron los homicidios de los abogados defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña.
La solicitud aterrizó en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que acumuló varias carpetas que por décadas navegaron entre despachos, en parte por el fuero que Uribe adquirió al ser congresista. La decisión que reprocha Uribe es la de abrir una investigación formal el 17 de junio por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambos agravados.
Francisco Enrique Villalba Hernández, un exparamilitar con el alias de 'Cristian Barreto', declaró bajo juramento en 2008 que el entonces gobernador de Antioquia se reunió con comandantes paramilitares e integrantes de la fuerza pública. En el encuentro, dice, se ordenaron los asesinatos de Umaña y Valle.
“Ahí estaban, de las autodefensas, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, 'Mono Leche', Junior y mi persona, con veintidós hombres que yo tenía al mando”, narró Villalba, asesinado tiempo después de su testimonio.
Los crímenes de El Aro, Jesús María Valle y Eduardo Umaña, en el centro del expediente
La reunión habría ocurrido en 1997 en la finca La Marranera, en Yumbo, Valle del Cauca. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, nombrado por el gobierno de Gustavo Petro gestor de paz, confesó lo mismo en una versión libre preso en Estados Unidos en 2009. Álvaro Uribe fue gobernador entre 1995 y 1997.
El expresidente emitió un comunicado de prensa en su momento tachando de “prevaricato” a la compulsa de copias. El exmandatario, que luego de aceptar la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta apoya al aspirante Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, insistió en que durante la reunión de la que hablan los exparamilitares él estaba en la Universidad de Oxford.
Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Dos sicarios le dispararon en su oficina en Medellín cuando investigaba las alianzas entre el Estado y el paramilitarismo en las masacres de El Aro, perpetrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 por unos 150 paramilitares, y La Granja, ejecutada en junio de 1996 contra cinco personas, la mayoría líderes sociales.
“No me mueven odios contra el gobernador Álvaro Uribe Vélez o el comandante de la brigada”, dijo Valle en una entrevista. El 18 de abril de 1998, el abogado Eduardo Umaña Mendoza también fue acribillado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó ambos homicidios como de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier momento.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué se aplazó la indagatoria de Álvaro Uribe por la masacre de El Aro?
La Fiscalía reprogramó la diligencia tras una solicitud de la defensa del expresidente, encabezada por Jaime Granados. La indagatoria, que estaba prevista para el 24 de julio, se realizará los días 18, 19 y 20 de agosto, después de que también se plantearan cuestionamientos sobre las garantías procesales.
¿Qué investiga la Fiscalía en el proceso contra Álvaro Uribe?
La investigación formal busca establecer si el expresidente tuvo alguna responsabilidad en la masacre de El Aro y los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña. El expediente los cataloga crímenes de lesa humanidad e incluye cargos por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
¿Qué pruebas y testimonios sustentan la investigación?
La Fiscalía ha ordenado recaudar declaraciones de exparamilitares como Salvatore Mancuso y del exsenador Miguel de la Espriella, además de valorar testimonios como el del fallecido Francisco Enrique Villalba, quien aseguró que en 1997 hubo una reunión entre mandos paramilitares, miembros de la fuerza pública y el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe.
¿Cuál ha sido la defensa de Álvaro Uribe frente a las acusaciones?
Uribe sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas y que no ha contado con las garantías suficientes para ejercer su defensa. Además, rechaza los señalamientos sobre presuntos vínculos con el paramilitarismo y afirma que, en la época de la reunión descrita por exjefes de las Autodefensas, se encontraba en la Universidad de Oxford.