El Gobierno nacional expidió los decretos de nombramiento para la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Inpec, y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la Uspec. La ratificación del coronel Daniel Gutiérrez y la llegada de la arquitecta Isadora Fernández ocurren en un ambiente marcado por la crisis de seguridad penitenciaria y el desmonte de la política de 'Paz Total'.
Las fichas clave que estarán al frente de la administración, vigilancia e infraestructura del sistema penitenciario quedaron oficializadas mediante los decretos 1264 y 1270 del 20 de agosto de 2026, que, además del presidente Abelardo de la Espriella, suscribió el ministro de Justicia, Iván Cancino. El Ejecutivo le da continuidad al coronel Gutiérrez, a quien el expresidente Gustavo Petro designó en septiembre de 2022.
Gutiérrez seguirá con la ofensiva de alto nivel que el Gobierno le asignó al Instituto: el traslado masivo de centenares de peligrosos capos del narcotráfico y el paramilitarismo. El 8 de agosto, un día después de la posesión de De la Espriella como mandatario, el Inpec arrancó con la movilización forzosa de 117 cabecillas, principalmente desde la cárcel La Paz, de Itagüí, en Antioquia.
Quien estará al frente de la Uspec, para suceder la interinidad de Fidel Ignacio Espitia, es la arquitecta Isadora Fernández, hija de Juan Fernández Carrasquilla, abogado de Carlos Alonso Lucio, esposo de la actual ministra de Educación, Viviane Morales, cuando la funcionaria era fiscal general y enfrentaba denuncias porque su pareja fue asesor de los paramilitares que se desmovilizaron.
A la par de responder por la infraestructura balística y la protección física de la guardia —como los contratos de camionetas blindadas y elementos balísticos licitados tras la emergencia carcelaria—, la nueva dirección de la Uspec deberá acelerar el fortalecimiento tecnológico en los establecimientos de reclusión. Y todo prepara el camino para la construcción de diez megacárceles que el jefe de Estado prometió en campaña.
En noviembre de 2024, el ahora expresidente Gustavo Petro nombró a dieciocho exjefes paramilitares como gestores de paz. Era la décima mesa de la ambiciosa y posteriormente fracasada política de Paz Total, con la que la administración de izquierda intentó negociar indiscriminadamente con grupos armados.
Además, era el primer diálogo con un grupo inexistente: las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyos miembros entregaron masivamente las armas bajo el gobierno de Álvaro Uribe y luego se repartieron entre cárceles, extradiciones a Estados Unidos y reintegro a la violencia a través de estructuras residuales o bandas criminales.
Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, fue uno de los gestores de paz designados. El expara regresó a Colombia en 2019 tras cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos, y desde entonces permanece preso. En 2023, con la benevolencia del entonces canciller Álvaro Leyva, pidió perdón a sus víctimas.
La tesis del exmandatario Petro es que el proceso de paz de Uribe con las AUC “no ha terminado”, según aseguró en sus redes sociales en julio de 2023, un mes antes de la designación de Mancuso. El Gobierno, en la resolución sobre el cordobés, habló de “una serie de reuniones” para conformar “mesas técnicas” con los exparamilitares.
El Gobierno ratifica a Gutiérrez y pone a Fernández al frente de la Uspec
Todo hizo parte de la narrativa de la Paz Total, que dejó menos resultados para las víctimas que mesas instaladas. Ahora, con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, la política pública se enfrenta a un desmonte al menos progresivo. El recién posesionado jefe de Estado ordenó trasladar a cientos de reclusos.
Uno de los trasladados es ‘Macaco’. Otro, Hernán Giraldo, cuya nominación fue criticada por la exprocuradora general Margarita Cabello. “De depredador sexual a gestor de paz, esta designación revictimiza, ofende y no contribuye en forma alguna a la consecución de una paz real y duradera”, afirmó la exjefa del Ministerio Público.
Giraldo, un temido criminal en la Sierra Nevada de Santa Marta —a quien en 2023 un tribunal expulsó de Justicia y Paz por actos de violencia sexual posteriores a su desmovilización—, estaba preso en la cárcel La Paz, de Itagüí, en Antioquia, pero el Instituto Penitenciario y Carcelario lo trasladó aquel fin de semana, justo antes del terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto.
José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, estaba en el mismo penal. Cabecilla de la Terraza y la Oficina de Envigado, es uno de los señalados por su participación en una parranda clandestina en la cárcel antioqueña en abril. El Gobierno conversaba con él en el marco de la Paz Urbana, una filial de la Paz Total.
La mesa de Paz Urbana terminó suspendida por la fiesta ilegal, que contó con el cantante vallenato Nelson Velásquez y por la que la Procuraduría investiga al menos a trece funcionarios del Inpec. A finales de mayo, el diálogo arrancó de nuevo, porque los jefes criminales que dialogaban pidieron excusas.
No es una cárcel tranquila. Alejandro de Bedout, el presidente del Concejo de Medellín, a menos de media hora por carretera de Itagüí, denunció un supuesto plan de fuga masiva luego de una llamada telefónica en su despacho. La presunta idea estaba prevista para ejecutarse antes del 7 de agosto, el viernes de la posesión de De la Espriella.
“Ya tienen los hombres, tienen la plata para poder coordinar las motos de alto cilindraje, conductores y parrilleros armados para sacar a todos estos bandidos de allá. Todo está coordinado para sacar a los capos más peligrosos del Valle de Aburrá”, aseguró el concejal, que en todo caso no reveló ninguna prueba de su denuncia.
El cabildante solicitó medidas urgentes para verificar la alerta y reforzar la seguridad. El ministro de Justicia ahora posesionado, Iván Cancino, secundó el llamado, con una carta a la Fiscalía General de la Nación pidiendo que “se adopten con la prontitud y diligencia que el caso amerita las medidas de cuidado, prevención y revisión”.
La exministra encargada, Cielo Rusinque —quien llevaba aproximadamente una semana en el cargo tras la renuncia que Gustavo Petro le pidió a Jorge Iván Cuervo—, respondió. Le pidió al Instituto Penitenciario “la verificación inmediata de la información”, y la entidad dispuso varias medidas.
La ofensiva carcelaria de De la Espriella comienza con el traslado de los cabecillas
El coronel Daniel Gutiérrez, ratificado director del Inpec, ordenó entonces que los grupos especiales (Grope) reforzaran los puestos de seguridad en el penal. La dirección regional Noroeste del Instituto dialoga con la Policía, para fortalecer la defensa perimetral del establecimiento, y con el Ejército, para establecer un anillo adicional de seguridad.
De acuerdo con un comunicado del Inpec, se mantendrá el “control permanente”, con 36 cámaras de monitoreo y vigilancia. La Paz solo tiene un sistema de videovigilancia remodelado desde el 30 de abril, tres semanas después de la fiesta vallenata que organizaron varios cabecillas que dialogaban con el Gobierno nacional.
El Inpec le pidió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en 2023 cambiar las cámaras. La Uspec adquirió compromisos contractuales que implicaban que solo al final de abril de 2026 quedarían instaladas. “Si no hubiera pasado lo de la fiesta, nadie se hubiera preocupado”, expresó el exministro Cuervo entonces.
“Coincide esa fecha con el cronograma de contratación, pero no tiene ninguna relación”, zanjó. Lo poco que se sabe de la parranda ha sido expuesto por una cámara callejera de la Alcaldía de Itagüí y por videos de teléfonos. Las investigaciones, entonces, dependen de reportes de dragoneantes procesados por sus omisiones.
No había cámaras que desmintieran o corroboraran lo que los guardias y directivos del penal narren a las autoridades. Tampoco, videos claros que sirvan como material probatorio sobre la planificación del agasajo furtivo, los controles prescindidos al ingreso, la distribución del alcohol o del material técnico para el concierto. Nada.
El Inpec no quiso repetir las falencias con el supuesto plan de fuga. Guillermo Andrés González, el director regional noroeste de la entidad, viajó a la cárcel junto al coronel Gutiérrez “con el fin de supervisar y verificar los servicios y controles de seguridad”, anunció el Instituto, aunque no precisó la fecha de la visita.
Los uniformados del Grope ejecutaron, entre el 7 y el 8 de agosto, un cinematográfico operativo para trasladar a 117 reclusos en total. Además de ‘Douglas’, los guardias, con escoltas de la Policía, también movieron a Freyner Alonso Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’, otro integrante del “diálogo sociojurídico” con el Ejecutivo.
El gobierno de De la Espriella calificó a los trasladados como “de alto perfil”, y explicó que su envío a prisiones en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne responde a la necesidad de “fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad” y “contener” a los grupos criminales.
“Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, prometió el presidente, de acuerdo con un comunicado de su oficina de prensa. Entre tanto, en el Consejo de Estado avanzan sendos procesos contra las nominaciones de los gestores de paz.
Las alertas sobre La Paz exponen las fallas de seguridad penitenciaria que la nueva cúpula del sistema debe resolver
La Sección Primera suspendió la Resolución Ejecutiva 244 de 2023, que firmó el expresidente Petro subrayando el “compromiso” de Salvatore Mancuso —quien, a diferencia de otros exjefes paramilitares, está libre— con “contribuir a la agenda de paz total”, porque fue un acto administrativo abstracto.
Germán Osorio Cifuentes es el magistrado ponente. Emitió un auto de quince páginas que frenó la norma y remarcó sus irregularidades. “La designación de un gestor de paz (...) debe precisar los límites temporal, geográfico y funcional de la designación, para no lesionar los derechos de las víctimas”, se lee en el documento.
El propósito del Ejecutivo era que Mancuso contribuyera “con su conocimiento y experiencia” a “procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales". La justificación fue “general e insuficiente”, advirtió el Consejo. En 2025, con la Resolución 327, Petro convocó a dieciséis exparas gestores para una “Mesa Técnica de Diálogo Social”.
Mancuso contaba con la compañía de Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, preso por delinquir después de su desvinculación de las AUC, condenado en 2025 tras aceptar su participación en 141 crímenes de las Autodefensas, trasladado tras la posesión de Abelardo de la Espriella. Y de Rodrigo Tovar, ‘Jorge 40’, expulsado de Justicia y Paz.
La defensora Marín demandó la Resolución 327, porque, así como la 244 de 2023, es ambigua: no explica “la necesidad” o “idoneidad” de crear un mecanismo que evalúe a Justicia y Paz “por fuera de las instancias judiciales y de los órganos competentes”.
El desarme masivo de las Autodefensas dejó un saldo de 35.317 firmantes, aunque posteriormente varios resultaron extraditados o volvieron al conflicto con bandas criminales o disidencias. Unos, 4,58 mil fueron postulados a Justicia y Paz.
No todas las estructuras paramilitares participaron en las negociaciones de entonces. Por ejemplo, las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) tenían disputas internas con las AUC, así que no se acogieron a Ralito.
Aun así, el expresidente nombró a Héctor Buitrago Rodríguez, alias ‘El Viejo’, y Héctor Buitrago, alias 'Martín Llanos', de las ACC, lo que crea más confusión frente a las labores que deberían desempeñar para calificar un proceso del que no fueron parte.
Marín reparó “la exclusión total de las víctimas” en el diseño de la resolución. “Constituye por sí sola una violación que torna altamente probable la declaratoria de nulidad”, remarca la demanda, que pide suspender el acto administrativo mientras el Consejo de Estado llega a una decisión de fondo.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Quiénes quedaron al frente del Inpec y la Uspec durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella?
El Gobierno nacional ratificó al coronel Daniel Gutiérrez como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y designó a la arquitecta Isadora Fernández como nueva directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Los nombramientos quedaron oficializados mediante los decretos 1264 y 1270 del 20 de agosto de 2026, firmados por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino.
¿Cuál es la principal tarea que tendrá el Inpec con Daniel Gutiérrez al frente?
Gutiérrez continuará con la ofensiva penitenciaria ordenada por el nuevo Gobierno, que comenzó con el traslado de 117 reclusos considerados de alto perfil, entre ellos cabecillas de estructuras criminales que permanecían en la cárcel La Paz, de Itagüí. El Ejecutivo busca evitar que los centros penitenciarios sean utilizados como centros de operaciones criminales y reforzar los controles de seguridad dentro y alrededor de las cárceles.
¿Qué retos tendrá Isadora Fernández al frente de la Uspec?
La nueva directora de la Uspec deberá responder por proyectos relacionados con la infraestructura y la seguridad física de las cárceles, incluidos contratos para vehículos blindados y elementos de protección para los guardianes. También tendrá que acelerar el fortalecimiento tecnológico de los establecimientos penitenciarios y avanzar en los proyectos para construir diez megacárceles, una de las promesas de campaña del presidente Abelardo de la Espriella.
¿Cómo se relacionan estos cambios con el desmonte de la política de Paz Total?
La nueva dirección del sistema penitenciario llega en medio del progresivo desmonte de la política de Paz Total del expresidente Gustavo Petro, que incluyó la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz y diálogos con estructuras criminales. El traslado de cabecillas como 'Macaco', 'Hernán Giraldo' y 'Douglas' marca un cambio de enfoque frente a esa estrategia, mientras el Consejo de Estado estudia demandas contra algunas de las resoluciones que permitieron esas designaciones.