El Gobierno Nacional y las autoridades del Cesar acordaron nuevas acciones para reforzar la seguridad en el sur del departamento y enfrentar a las estructuras armadas y las economías ilícitas que están generando violencia en esta región.
Los compromisos fueron definidos durante un Consejo de Seguridad Regional realizado en Aguachica, en el que participaron los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora Rangel, y del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, la cúpula militar y de Policía, la Gobernación del Cesar, alcaldes, Fiscalía y demás autoridades.
Tecnología y lucha contra los drones
Luego que la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, fuera enfática en asegurar que llegó el momento de pasar de los diagnósticos a las acciones, se destacó que de los principales anuncios tiene que ver con el fortalecimiento tecnológico de la seguridad.
De acuerdo con las autoridades locales, se planteó un proyecto estimado en 30.000 millones de pesos, de los cuales el departamento aportaría 6.000 millones, para fortalecer las capacidades de vigilancia y monitoreo.
La iniciativa contempla cámaras de seguridad, un centro de comando y control y herramientas que puedan estar conectadas entre los municipios ubicados sobre los principales corredores estratégicos.
Pero además hay un elemento que preocupa especialmente a las autoridades: el uso de drones.
El Ejército Nacional anunció la llegada de 10 pistolas antidrones al departamento del Cesar, mientras las autoridades pidieron fortalecer la vigilancia avanzada y la protección de instalaciones militares y policiales.
La Gobernación también planteó la necesidad de mejorar la movilidad aérea y crear mecanismos de cooperación entre departamentos, con burbujas interdepartamentales de inteligencia, radios satelitales y capacidades técnicas compartidas.
Refuerzo militar en los corredores
El segundo gran componente será el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública. En ese sentido el ministro de Defensa aseguró que fueron designados dos oficiales para orientar el esfuerzo militar y policial dentro de la campaña rural en el sur del Cesar y el occidente de Norte de Santander.
De acuerdo con el funcionario, la estrategia tendrá como prioridad los corredores que conectan el sur de Bolívar, el sur del Cesar y el Catatumbo, donde las autoridades buscan mejorar los patrullajes y las labores de control.
También se planteó la puesta en marcha del Batallón Móvil de Alta Montaña para Río de Oro, además del acompañamiento a varios proyectos para construir nuevas subestaciones de Policía.
Entre las estaciones priorizadas están las de San Roque, en Curumaní; La Mata, en La Gloria; y El Burro, en Pailitas. También será evaluado el caso de Palenquillo, en Gamarra.
La Gobernación aseguró que ya destinó cerca de 2.000 millones de pesos para apoyar a los municipios en el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad.
Plan de choque contra las economías criminales
La Fiscalía también tendrá un papel central en esta estrategia. El ente investigador y la Fuerza Pública pondrán en marcha un plan de choque para Aguachica y los municipios cercanos, con participación de fiscales especializados.
Sumado a eso, se dispondrá de un fiscal especializado en delitos contra las organizaciones criminales en el Puesto de Mando de la campaña Urano, que funcionará en Valledupar, con el propósito de agilizar las investigaciones y los procesos de judicialización.
Según la misma Fiscalía, otro de los focos estará puesto en el hurto de hidrocarburos, una actividad que, según el Gobierno, sirve para financiar estructuras criminales.
Por eso se reforzarán las capacidades de la Fuerza Pública para proteger el poliducto y controlar el corredor comprendido entre Tamalameque y Ocaña.
En ese sentido, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, destacó los resultados que ya se han obtenido en materia de incautación de combustible y aseguró que la intención es profundizar las acciones contra las organizaciones que utilizan el robo de hidrocarburos para financiar actividades ilícitas.
Más recursos y un estatuto antiterrorista
El Ministerio del Interior anunció además el fortalecimiento de los recursos de Fonsecon, destinados a financiar proyectos prioritarios de seguridad.
El ministro también anticipó que el Gobierno trabajará en un estatuto antiterrorista, como parte de las medidas que se pretenden adoptar frente a las nuevas dinámicas de violencia y criminalidad.
En el caso específico de Aguachica, una de las prioridades será modernizar el sistema de cámaras de seguridad y conectarlo a un centro de comando y control.
El Gobierno insistió en que las nuevas inversiones tecnológicas deberán cumplir criterios técnicos y de interoperabilidad. Es decir, que las cámaras y demás herramientas puedan comunicarse entre sí y realmente sirvan para prevenir delitos, apoyar las investigaciones y facilitar la judicialización de los responsables.
La reunión en Aguachica dejó así una hoja de ruta que combina más tecnología, capacidades antidrones, refuerzo militar y policial, inteligencia y acciones contra las economías ilícitas.
La apuesta de las autoridades es que esta coordinación entre Nación, Gobernación, alcaldías, Fuerza Pública y Fiscalía permita responder de manera regional a unas estructuras criminales que, según las autoridades, no respetan las fronteras entre municipios y departamentos.
Cuatro preguntas para entender la noticia
¿Cuál es la principal inversión anunciada?
Un proyecto tecnológico de 30.000 millones de pesos para cámaras, monitoreo y un centro de comando y control.
¿Qué se hará frente a los drones?
El Ejército anunció la llegada de 10 pistolas antidrones y se pidió fortalecer la vigilancia avanzada.
¿Dónde se concentrará el refuerzo de seguridad?
Principalmente en el sur del Cesar y los corredores que conectan esta región con el sur de Bolívar y el Catatumbo.
¿Cuál será otro objetivo prioritario?
Combatir el hurto de hidrocarburos y proteger el poliducto entre Tamalameque y Ocaña, además de acelerar las investigaciones contra las estructuras criminales.